PUERTO IGUAZÚ. Los concejales trataban anoche la derogación de la ordenanza 42/11 a través de la cual el municipio donaba 42 hectáreas al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha).Sucede que el ente provincial, mediante resolución 1.565/12, firmada por el directorio del Iprodha, decidió no aceptar las tierras donadas por el municipio mediante ordenanza 42/11. Cansados de la falta de política local para prevenir las ocupaciones ilegales en tierras fiscales del municipio, el Iprodha se sacó el problema de encima y devolvió el predio en cuestión. Trascendió además el enojo del titular del Instituto, Santiago Ros, con el jefe comunal.De esta manera, la turística localidad se habría quedado sin unas 500 viviendas que pretendía construir el ente provincial y también aumentó el número de ocupantes ilegales en ese predio a partir de la información de la donación.Fueron el secretario de Gobierno del municipio, Juan José Raynoldi, y el intendente municipal, Marcelo Sánchez, quienes firmaron el proyecto de ordenanza para dejar sin efecto la donación.Hay que recordar que a fines del año pasado, luego de una reunión entre el Iprodha y los concejales, se había acordado la entrega de unas 42 hectáreas en las que tenían previsto relocalizar a las familias instaladas a la vera del arroyo Tacuara, para comenzar con el saneamiento del mismo. Además de construir viviendas sociales, ya que existe una alta demanda en esta localidad.Esto había sido sancionado en las ordenanzas 42/11 y 43/11. Para la ocupación de esas tierras el instituto provincial tenía un plazo de alrededor de seis meses para ejecutar la obra y casi al límite de la fecha decidieron cercar unas 28 hectáreas en la zona rural de las 2.000 Hectáreas, lo que provocó al reacción de los ocupantes.Luego se produjeron más intrusiones, lo que había sido confirmado por el secretario de Obras y Servicios Públicos del municipio, Telmo Albrecht, quien había adelantado que ese lugar había sido vuelto a intrusar por unas cien familias aproximadamente.Incluso ese problema también retrasó el saneamiento del arroyo Tacuara, para el cual ya están los fondos económicos, pero la falta de tierras para relocalizaciones y otros que se niegan a ser trasladados es un inconveniente.Al momento de la donación ya existían intrusos en la zona denominada como pre chacras dentro de las 2.000 Hectáreas, sin embargo, el Iprodha se había comprometido a responsabilizarse por ellos y ubicarlos a todos, teniendo en cuenta que esa gente ocupaba tres hectáreas cada uno. La situación empeoró después, cuando al enterarse de esa donación y de que serían construidas viviendas, las ocupaciones ilegales comenzaron a multiplicarse sin ningún tipo de control de la Municipalidad ni la Policía provincial, quienes son los únicos con facultad de impedir la intrusión.
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