Llamado de atención

La reaparición, el pasado jueves,  de los “cacerolazos” en Plaza de Mayo y en numerosas ciudades del interior -entre ellas Posadas, donde se marchó desde la Plaza San Martín hasta la Gobernación-  parece haber puesto los cimientos para un renovado clima político en el país, interpelando al gobierno kirchnerista, y especialmente a las decisiones de la presidenta, Cristina Kirchner; pero también a un atomizado y heterogéneo arco político opositor.A primera vista, los manifestantes que desempolvaron las cacerolas, que mantenían inactivas desde el resonante triunfo electoral de Cristina, en octubre pasado, expresaron una sensación de hartazgo que respondió, fundamentalmente, a tres estímulos, las restricciones en la compra de dólares, las declaraciones de funcionarios K sobre una eventual reforma constitucional destinada a habilitar un tercer mandato de la presidenta, y la inseguridad. Unos días antes de que se produzcan las protestas, que respondieron a una convocatoria por medio las redes sociales, la cúpula de la UCR y el titular de la CGT de Azopardo, Hugo Moyano, acordaron salir a la palestra contra la “re-re”, una bandera constitucionalista y democrática que -a priori- recoge una interesante adhesión de la ciudadanía, haciendo la salvedad de que la principal interesada -y hacia quien se dirigieron la mayoría de los cuestionamientos-, la presidenta, no se ha expresado aún sobre el tema.Sería prematuro definir las consecuencias concretas que tendrán las marchas, y si estas se convertirán en una presencia habitual en el escenario político, pero en lo inmediato su efecto en el escenario político fue contundente, obligando a políticos de todos los sectores a expresarse sobre el tema.En el Gobierno, la tónica dominante fue la descalificación de las marchas, considerándolas una expresión minoritaria, y hasta ridiculizándolas, como fue el caso del jefe del Gabinete nacional, Juan Manuel Abal Medina, que entendió que las preocupaciones de los caceroleros estaban puestas “en Miami y no en San Juan”.  Referentes del kirchnerismo, como el senador Aníbal Fernández,  fueron más cautos y admitieron que el Gobierno debe prestar la debida atención a estos reclamos, como a cualquiera que se efectúe en democracia. En clave electoralLa polémica sobre la cantidad de personas que se congregaron el jueves, y las descalificación por el origen social de las mismas, desvían el eje de la interpretación correcta de los hechos, que involucran a vastos sectores de las capas medias y medias altas del país. Las señales que dio el Gobierno  sugieren, que se subestima o no se está viendo en toda su dimensión la pérdida de valor adquisitivo en  los ingresos de una franja de clase media  que no es cliente fija de las opciones  de la derecha, pero puede ser seducida por los planteos de un Moyano, por ejemplo, protestando por el congelamiento del piso del Impuesto a las Ganancias y  por las asignaciones familiares. Las restricciones a la compra de dólares para viajes, por si acaso, no es una medida que afecte directamente a la mayoría de la gente, pero simbólicamente evoca un exceso de intervencionismo estatal que, junto a otras muestras de intolerancia del gobierno, incide en el humor social. En la oposición, en tanto, hubo quienes trataron de sacar partido del retorno de las cacerolas invocándose a sí mismos como referentes de los manifestantes, y quienes entendieron, como el radical Ricardo Alfonsín y el líder del PAF, Hermes Binner, que la oposición también tiene que poner las barbas en remojo y tratar de interpretar correctamente el reclamo.  Algunos analistas, apresurando las conclusiones, hablaron de la conformación de tres polos de oposición: uno de centro izquierda integrado por el FAP, la UCR y la CC; y otro de centro derecha uniendo al peronismo disidente, el PRO y a De Narváez. Este esquema replicaría  el que se formó en  las elecciones de 2009, en las que la oposición le arrebató la mayoría legislativa al kirchnerismo, pero luego cayó en las generales, víctima de sus propias desavenencias internas, imposibles de conciliar bajo el genérico paraguas “anti K”.Closs va y viene En este marco, llamó la atención que cuando gobernadores como Scioli, Pérez, Alperovich y Gioja, alineados con el gobierno, coincidieron en que se debe considerar con respeto a los reclamos y “hacer un  análisis profundo”, Closs dio la nota divergente al opinar que los cacerolazos “no son representativos”. En medios políticos locales se dijo que el gobernador “quiso mostrarse más papista que el Papa”, para remontar la desconfianza que  le muestran algunos encumbrados funcionarios nacionales por su procedencia radical, pero también por sus contradictorias actitudes. Ayer, Closs salió a decir que al Estado le corresponde equilibrar  “las tensiones entre ecología y economía” y a responder a las críticas por la construcción de Garabí: “Toda obra afecta el medio ambiente. Pero hay que tomar decisiones en algún momento, porque también hay quienes dicen que necesitamos energía para seguir creciendo”. La postura a favor de Garabí es otro gesto de Closs hacia la Nación, que presiona por la realización de la obra acordada con Brasil, aunque la mayoría de los misioneros se opondría – se estima-  si se llegara a la instancia plebiscitaria. El diputado provincial Claudio Wipplinger es una de las voces que se alzan contra Garabí por el impacto ambiental negativo, que propone mitigar con fuentes alternativas que bajen el ya alto nivel de presión sobre el ambiente de la región. A mediados de semana Wipplinger y  su par Víctor Kreimer, ambos del bloque de Trabajo y Progreso, se reunieron con el gobernador Scioli en Buenos Aires, con quienes acordaron “una colaboración estratégica a largo plazo”, se comentó. El encuentro Wipplinger-Scioli fue uno de los tres hechos más interesantes de los últimos días. Otro, lamentablemente, tuvo vinculación con la escasa productividad que se registra en los concejos deliberantes. El de Iguazú pica en punta (otra vez no hubo sesión, sin que se explicara con argumentos sólidos por qué) y le sigue de cerca el de Posadas, donde se debate, pero temas que muchas veces no reflejan las necesidades e inquietudes de los vecinos capitalinos.Y el restante, que generó en principio optimismo, porque por primera vez en muchos años el Inym logró aprobar el precio para la materia prima sin acudir a un arbitraje de la Nación. Pero luego se supo, po
r críticas de los delegados de la Federación Agraria Argentina, que el precio acordado no habría conformado a una parte importante de los productores, y la unanimidad en la aprobación no habría sido tal, con lo que es probable que vuelvan las protestas yerbateras. El descontento yerbatero es un botón de muestra de una preocupación por la estabilidad de los ingresos, que tienden a ser volatilizados a causa de la inflación, a la que el Gobierno no presta la atención debida.