POSADAS. La Cámara de Representantes de la Provincia decidió ayer aprobar por unanimidad un proyecto de comunicación de los diputados Claudio Wipplinger y Víctor Kreimer (partido Trabajo y Progreso), por el cual se solicitan al Ejecutivo provincial informes respecto del estado del juicio que en 2001, varios gobernadores decidieron presentar ante la Corte Suprema contra la Nación al quedar sus jurisdicciones excluidas del régimen de Promoción Industrial.En otro orden, los diputados decidieron donar un inmueble a la Municipalidad de Puerto Esperanza, que será cedido en comodato a la Colectividad Alemana de esa localidad para la construcción de su sede. El proyecto, fue presentado por el diputado Gilberto Gruber, ausente por razones de la salud en la sesión de ayer. Entre los proyectos, se aprobó un pedido al Ejecutivo provincial del diputado Luis Pastori, para que “se establezca un régimen de conversión progresiva en “remunerativas” de las sumas de dinero otorgadas con carácter “no remunerativo” y “no bonificable”, incorporados en las escalas salariales de los agentes activos del Estado provincial, organismos de la Constitución y de los organismos descentralizados”. El mismo, había sido planteado como ley, pero el oficialismo admitió acompañar la iniciativa si se transformaba en comunicación. El promotor del mismo, no dejó pasar la presencia del vicegobernador Hugo Passalacqua en la sesión y le sugirió “tomar nota” del reclamo de los diputados.En el acompañamiento al blanqueo progresivo de los haberes estatales, se pronunció Wipplinger al recordar que lo ha venido haciendo desde su bancada al igual que “por jubilaciones dignas”. En ese sentido recordó que existe “un antecedente cercano aprobado por esta Cámara como fue la reingeniería financiera en beneficio de los trabajadores del Poder Judicial. Ahora nos queda por hacerlo con los otros poderes del Estado” para lo cual instó a comenzar la discusión de los mismos en el seno de la Cámara y exigió “al Ejecutivo que haga los esfuerzos necesarios en ese sentido”.Al final del tratamiento de los casi cincuenta expedientes, se aprobó una moción de la bancada del oficialismo para volver a sesionar en veinte días (el 20 de septiembre próximo), por la realización del Parlamento Estudiantil 2.0.Un juicio millonario,un destino inciertoEl primer tema tratado ayer en el plan de labor, fue el pedido de informes a Closs y a la Fiscalía de Estado sobre el reclamo judicial presentado hace más de diez años por el entonces gobernador Carlos Rovira contra el Estado nacional (era presidente Fernando De la Rúa).El impulsor del proyecto aprobado por todas las bancadas, Claudio Wipplinger argumentó el mismo al asegurar que “este proyecto aborda en forma indirecta un viejo anhelo que tenemos como dirigentes políticos como es llegar a acordar un régimen de coparticipación más justo y beneficioso para Misiones, en defensa de la autonomía de la provincia para que podamos decidir las políticas de fondo sin depender mayormente de los recursos nacionales pero trabajando en forma conjunta con el Gobierno nacional para engrandecer este país”.Agregó que “queremos saber el estado judicial de la demanda contra la Nación, por la exclusión de la provincia del Régimen de Promoción Industrial, dejando a Misiones como a otras provincias en situación de discriminación. Ya pasaron varios años y surgieron hace poco informaciones periodísticas que no fueron ni contestadas ni confirmadas por el oficialismo. Estamos hablando de una suma de recursos muy importante, ya sea por una solución judicial o extra judicial a la que se llegue. Es por ello que pedimos el informe y que nos remitan elementos de un acuerdo si es que lo hubo para que esta Cámara lo trate y lo debata como corresponde. Insistimos con la necesidad de que Misiones siga bregando por la máxima autonomía de la provincia para fijar nuestros rumbos y destinos junto con el Estado nacional”.Al momento de expresar su apoyo, el legislador Pastori aseguró que si bien la exclusión fue en la gestión De la Rúa, “se fue profundizando la afectación de las partidas para las provincias con los gobiernos siguientes” afirmando que “hubo gobiernos de todos los colores que siguieron en el mismo camino hasta el presente”. Y también hizo referencia al tema de la coparticipación desigual entre provincias, pero asegurando que “las provincias pasaron a percibir el 40% de los recursos de la coparticipación, cuando antes se repartían el 56%. Y hoy las provincias perciben apenas un 25%”, al afirmar que se afecta “una cuestión de federalismo”.El texto sancionado, reclama: “Que el Poder Ejecutivo provincial, a través de Fiscalía de Estado, informe: a) El estado actual de la demanda iniciada contra la Nación por el ex gobernador Carlos Eduardo Rovira ante la exclusión de la Provincia del Régimen de Promoción Industrial; b) el monto de la demanda del juicio, inicial y actualizada, a la fecha; c) si el Gobierno provincial ha recibido o realizado alguna propuesta a fin de percibir el monto de la demanda y si la misma ha sido aceptada por las partes; en caso afirmativo, se adjunte copia del acuerdo firmado”. Cabe recordar que días pasados, el fiscal de Estado Fidel Duarte, en una breve intervención en la comisión de presupuesto aseguró que “el juicio esta vigente” al ser consultado por el propio Wipplinger al respecto, pero no dio detalles del monto actualizado, estado judicial de la causa y si -como se duda-, existió propuesta extrajudicial alguna.
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