PUERTO IGUAZÚ. La Justicia Federal allanó la delegación de la Policía Federal en esta ciudad en el marco de una causa que investiga el supuesto delito de “instigación al delito” en un procedimiento de dudosa legitimidad que habría ocurrido en febrero.En realidad, se habría tratado de un operativo montado que desembocó en la detención de un ciudadano de nacionalidad paraguaya, entre las localidades de Puerto Rico y Montecarlo.Los detectives están sospechados de instigar a este hombre a pasar marihuana desde Paraguay para luego detenerlo en Argentina, haciendo creer que se trató de un procedimiento lícito.Detrás de este caso -y presumiblemente otros- se escondería la enorme presión y necesidad de engrosar las estadísticas de procedimientos antidrogas para justificar el presupuesto anual para sostener la lucha contra el narcotráfico en esta zona de frontera.La Justicia Federal de Eldorado allanó el martes, en horas del mediodía, la delegación de Puerto Iguazú y secuestró importante documentación de los hombres que intervinieron en aquel operativo, realizado durante el mes de febrero. El caso es gravísimo. No sólo porque involucra a personal de una fuerza de seguridad nacional, sino porque se habrían violado las normas más elementales que hacen a las garantías procesales. No se trata de un informante o datero de la fuerza de seguridad, que alerta del paso de un importante cargamento de droga, sino de una persona a la que contactaron en Paraguay para que se ganara unos pesos pasando ladrillos de marihuana a Argentina.Cuando lo hizo, fue chupado por los agentes de la Policía Federal.La maniobra quedó al descubierto cuando el mismo ciudadano extranjero declaró en sede judicial y contó detalles de todo lo que le había ocurrido.PRIMERA EDICIÓN no pudo contactarse con el juez de la causa o algún colaborador para ahondar en los detalles de la declaración del detenido. La punta del ovilloLa legitimidad de la redada antidrogas se desplomó cuando trascendió que el mismo hombre que contactó a la “mula” en Paraguay (término que describe a la persona que recibe unos pocos pesos para transportar droga) fue quien la detuvo ni bien puso un pie en Argentina.A partir de ese momento, allá por el mes de febrero, comenzó la investigación de la causa que recayó en manos del juez José Luis Casals, a cargo por subrogación legal del Juzgado Federal de Eldorado.Durante la jornada del miércoles e incluso ayer, fue imposible contactar al magistrado en un contexto de absoluto hermetismo por la delicadeza del problema, que amenaza con desatar un escándalo nacional. Podrían declarar la nulidad de toda la causaPRIMERA EDICIÓN consultó con destacados penalistas del fuero Federal y todos coincidieron en que, de demostrarse que los policías federales instigaron al sospechoso para que delinquiera, la Justicia debería declarar la nulidad de toda la causa.En ese contexto, no habría motivo para mantener detenido al único sospechoso que sumó el operativo realizado en el mes de febrero pasado.Al parecer, después de aquella redada, se habría realizado un minucioso trabajo de entrecruzamiento de llamadas entre los investigadores y el hombre detenido.En el mismo se habría comprobado el complot de los investigadores para “tender la cama” al paraguayo.Por eso, el ciudadano extranjero habría dicho que la misma persona que le pidió que cruzara la droga fue quien lo arrestó en territorio argentino.El caso amenaza con desatar un escándalo de ribetes nacionales, sobre todo si trasciende a medios de la capital nacional. Un testigo de identidad reservada fue la clave El artículo 29 ter de la Ley 23.737, referente a estupefacientes, establece que todo imputado en alguno de los delitos tipificados en la misma puede acceder a una reducción de la pena si contribuyere a esclarecer o desbaratar megacausas ligadas al mundo del narcotráfico.Si bien no hubo confirmación oficial, no es descabellado pensar que este beneficio pudiera alcanzar al ciudadano paraguayo detenido en febrero pasado con cerca de treinta kilos de marihuana.Es que habría sido una pieza clave para desenmascarar este tipo de procedimientos.La norma no sólo establece la reserva de identidad, sino también el posible cambio de la misma y hasta un nuevo domicilio en el exterior.También la protección del testigo y de toda su familia, al mejor estilo de un filme hollywoodense.Habrá que ver si la defensa del detenido pedirá este beneficio. La instigación no es un “delito excarcelable”POSADAS. La causa que tiene bajo la lupa a seis efectivos de la Policía Federal de Puerto Iguazú se instruye en el Juzgado Federal de Eldorado, que la maneja con absoluto hermetismo.No obstante, este diario pudo averiguar que la calificación de “instigación al delito” no es excarcelable.Considerado en forma aislada pareciera un dato más. Sin embargo, en caso de que la Justicia considere que posee elementos suficientes para procesarlos, ninguno podrá acogerse al beneficio de la excarcelación.En este contexto, asoma como muy posible que los seis policías terminen tras las rejas.Un minucioso trabajo de entrecruzamiento de llamadas pareció complicar la situación de los uniformados sospechados.Entre los federales que aparecen en el ojo de la tormenta hay oficiales y suboficiales. Incluso, un subcomisario.No fue posible acceder a los cargos de cada uno, pero en un principio serían integrantes de la Brigada de Investigaciones de la Federal de Iguazú. LímitesLa causa, sin dudas, podría terminar en un escándalo de ribetes nacionales. No sólo porque se trata de policías federales, sino por la violación de las garantías de proceso.Al parecer, el presupuesto asignado a la fuerza de seguridad en la lucha contra el narcotráfico mete presión para sumar procedimientos que justifiquen esa partida presupuestaria.Una de las teorías en torno a este caso es que ese habría sido el motivo de semejante accionar. Habrá que esperar el fallo judicial. Un testigo imputadoEl hombre de nacionalidad paraguaya, detenido en febrero pasado por los mismos investigadores que ahora podrían terminar procesados por el delito de “instigación al delito”, seguiría imputado en esta causa.Al menos por el momento. Pero su situación procesal podría modificarse si los uniformados terminan siendo procesados por la Justicia Federal de Eldorado.Un relevamiento efectuado por PRIMERA EDICIÓN por distintos penalistas del fuero estableció que la Justicia podría declarar la nulidad de todo lo actuado, haciendo caer el proceso iniciado con
tra el ciudadano extranjero. De producirse esta situación, no quedará otra alternativa que dejarlo en libertad.Pero ahí podría registrarse otra situación: si el hombre es considerado clave para la investigación, debería ser incluido en el programa de testigo de identidad reservada.Esto implicaría protección para él y para su familia y el posible cambio de identidad como de domicilio.Por añadidura y lógica, también sería factible su traslado al exterior.Así de grave es la situación que se vive en el norte de la provincia de Misiones.
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