POSADAS. La Justicia está tras los pasos de una banda dedicada a truchar documentaciones y falsificar firmas de altos funcionarios para vender propiedades de otros, por lo general en estado de baldío, sin escrituración o en trámite.PRIMERA EDICIÓN publicó un informe en diciembre del año pasado en el que reveló el accionar de esta organización. Desde entonces, poco o nada cambió respecto del accionar de estos inescrupulosos. Es más, se agudizó con el devenir del tiempo.Para los investigadores se trata de una organización, quizás una asociación ilícita, con ramificaciones en el Registro de la Propiedad Inmueble que se dedica a escriturar propiedades sobre el soporte de un “poder especial” trucho.A partir de este, se construye pacientemente un andamiaje de documentaciones legales que termina en el título de propiedad, en la usurpación y en la edificación.Todo sobre la base de una mentira.Lo novedoso es, justamente, que la Justicia tiene sus ojos puestos en parte del personal que se desempeña en el Registro.La sospecha es que los datos respecto de la situación de los inmuebles parten, precisamente, desde adentro de ese organismo.Y que ese personal infiel forma parte de la banda. Es decir, no se trata de información clasificada otorgada en forma aislada o azarosa, sino de manera sistemática.En el medio, aparecerían también los servicios de ciertos “escribanos” dispuestos a hacer la vista gorda o no poner reparos en la elaboración de “poderes especiales” a favor de terceros que son los que, en definitiva, terminan vendiendo el inmueble.Lejos de desistir en su accionar, los inescrupulosos han redoblado la apuesta. Ahora llegan incluso a falsificar las firmas de jueces y secretarios de los juzgados civiles.“Hay casos detectados”, indicó una fuente que pidió reserva de identidad. Como lo publicara este diario, ya el año pasado, se detectaron “poderes especiales” otorgados por personas fallecidas con anterioridad.“En muchas ocasiones se trata de documentos confeccionados fuera de Misiones, en provincias como Corrientes, Buenos Aires, Rosario o Córdoba”, consignó la misma especie.Hace un par de meses allanaron una Escribanía en el centro de Posadas. “Todos saben quiénes son los que andan en esto, pero nadie hace nada. La hipocresía puede más”, concluyó el contacto. Treinta denuncias en un solo Juzgado En enero pasado, Primera Edición publicó un informe y detalló en el mismo que, en el lapso de cuatro meses -mayo, julio, septiembre y noviembre de 2011-, el Juzgado de Instrucción 6 de Posadas recepcionó treinta denuncias por usurpación.La capital provincial cuenta en la actualidad con cinco juzgados penales, para tener una idea aproximada de la cantidad de expedientes que la Justicia tiene a su cargo.El delito de usurpación se encuentra tipificado en el artículo 181 del Código Penal Argentino, que establece que “será reprimido con prisión de un mes a tres años: 1º) el que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes.2º) El que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterarse los términos o límites del mismo.3º) El que, con violencias o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble”.Es este artículo en que se basa el Código Procesal Penal de la provincia de Misiones para facultar a los jueces de instrucción en el desalojo de los intrusos. La reunión“La situación es grave y preocupante. Creemos que detrás de este tipo de maniobras hay una banda con ramificaciones en el Registro de la Propiedad Inmueble que se dedica a rastrear terrenos baldíos o propiedades sin o en trámite de escrituración”, consignó una fuente consultada por PRIMERA EDICIÓN al describir el cuadro de esta problemática que afecta a cientos de personas en Posadas.El contexto es de tal preocupación que el mismísimo juez de Instrucción 2 de Posadas, César Yaya, mantuvo una reunión con la titular del Registro, María Laura Rodríguez, para interiorizarse de la manera en que se trabaja en ese organismo.Este diario elaboró un informe en diciembre de 2011 en el que destapó el accionar de esta organización, con supuestos vínculos con “ciertos” escribanos y ramificaciones en el Registro de la Propiedad Inmueble.En ese entonces, como ahora, el ardid comienza con la confección de “un poder especial trucho”, por lo general librado por una persona ya fallecida en favor de un tercero, que comienza la operación que culmina con la venta del inmueble.
Discussion about this post