BUENOS AIRES (DyN). El radicalismo reaccionó con un pedido al juez federal Ariel Lijo para que asegure la documentación y demás elementos probatorios existentes en la investigación de la imprenta ex Ciccone Calcográfica, luego de la expropiación que efectivizará el Poder Ejecutivo.Tras la aprobación en el Congreso de la iniciativa oficial para expropiar la compañía, los diputados Juan Pedro Tunessi y Hugo Maldonado fueron a Tribunales para aportar al magistrado los pedidos de informe y otros antecedentes parlamentarios vinculados a la causa.Por su parte, el fiscal federal Jorge Di Lello también le requirió al juez Lijo que solicite a la Casa de Moneda el supuesto contrato que mantenía con la Compañía de Valores Sudamericana (CVS).La solicitud del funcionario del Ministerio Público es una medida preliminar, en el marco de la denuncia sobre supuestas irregularidades en las prestaciones que la ex Ciccone daba a la Casa de Moneda, más la presunta participación del vicepresidente Amado Boudou.El presunto contrato de la Casa de Moneda y la ex Ciccone para la impresión de billetes de 100 pesos, por un valor de 160 millones de pesos, ha sido negado por el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, durante una interpelación parlamentaria.La Cámara de Diputados dio sanción definitiva por amplia mayoría a la ley que declara de “utilidad pública y sujeta a expropiación” a la CVS SA, con el voto del oficialismo, sus aliados y parte de la oposición parlamentaria. En ese contexto, el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández criticó duramente la aprobación, al sostener que esta decisión “va a avergonzar a Argentina durante años” y opinó que “fue la solución de tapar el entuerto” en el que el vicepresidente Boudou “metió al Gobierno”.Luego, opinó que Boudou “tiene una condena social enorme” y aseveró que “uno de los errores” de Fernández de Kirchner fue elegirlo a él como vicepresidente.Desde el radicalismo, en tanto, los diputados Tunessi y Maldonado le pidieron al juez Lijo que asegure las pruebas del caso que investiga a la compañía. Además, aportaron al magistrado los pedidos de informe y otros antecedentes parlamentarios vinculados a la causa.Tunessi comentó que fue recibido por el juez y el magistrado les informó “amablemente” del estado de la causa y las medidas probatorias que dispuso en consecuencia. Estatización y heridos variosNada es gratis en política. Y eso lo aprendió a fuerza de golpes el vicepresidente Amado Boudou, sin dudas el más perjudicado en el escándalo de la ex Ciccone Calcográfica, ahora en manos del Estado luego de que el Congreso aprobara su expropiación. Pero al vice se le suman los senadores y diputados K que debieron defender un proyecto plagado de sospechas por posible corrupción en manos de Boudou. Mancha imborrable: la carrera política de Boudou iba en ascenso. Sobre todo luego de que Cristina lo eligiera como su vice para su nuevo mandato. Pero éste escándalo le provocó la desconfianza de todo el arco kirchnerista, que ya veía con malos ojos la intromisión de un ex UceDé. Si bien respira por el rápido trámite en el Congreso, las causas judiciales siguen en pie y el “Boudou 2015” que en un principio veía como posible, está cada vez más lejano.Exposición: tanto los senadores como los diputados K sabían lo que tenían que aprobar, y lo más rápido posible, la expropiación de la empresa encargada de producir billetes. En ambas cámaras se sabía que al momento del debate deberían soportar las críticas. En ese sentido, los jefes de bloque, Miguel Ángel Pichetto (Senado) y Agustín Rossi (Diputados) fueron los que más se expusieron. “Estas denuncias de corrupción que se hacen al voleo, sin sustento y sin fundamentación, han estado siempre presentes en la historia argentina y previo a la interrupción de los procesos constitucionales”, dijo Rossi y salió en defensa de Boudou: “El vicepresidente ni siquiera fue llamado a declaratoria, no está procesado ni imputado”. Críticos pero a favor: otros de los que quedaron haciendo un delicado equilibrio fueron los legisladores opositores que acompañaron el proyecto.Proyecto Sur, de Fernando “Pino” Solanas; Unión Peronista, de Felipe Solá, y el Frente Cívico de Córdoba, del senador Luis Juez, dieron un discurso denunciando la corrupción y los desmanejos, pero a la hora de votar lo hicieron a favor de la expropiación.
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