POSADAS. En una fugaz visita a la comisión de Presupuesto de la Legislatura provincial, el fiscal de Estado misionero, Fidel Duarte, explicó en qué se utilizarán los $14.980.000 pedidos para el funcionamiento de la Fiscalía en 2013.Pero ante la consulta del diputado Claudio Wipplinger (partido Trabajo y Progreso) sobre el estado judicial de la causa promovida por la Provincia hace más de una década contra el Gobierno nacional al haber sido excluida del régimen de Promoción Industrial de la Nación, escasas fueron las palabras y mucho el nerviosismo del funcionario. La falta de precisiones llevaron al legislador a presentar un pedido de informes por la magnitud del caso y la escasez de información El tema fue revelado en exclusiva por PRIMERA EDICIÓN el pasado 10 de junio, cuando se publicaron discrepancias sobre el seguimiento de la medida entre el mencionado Fiscal y el “todopoderoso” jefe de Asesores de Maurice Closs, el abogado alemseño Enrique “Kike” Gross. Misiones no fue la única provincia que fue a la Corte Suprema de Justicia por el mismo tema. El entonces gobernador misionero Carlos Rovira se sumó al reclamo de sus pares de Mendoza y La Pampa. El máximo Tribunal judicial argentino aún no resolvió la cuestión de fondo.Breve diálogoEl fiscal Duarte comenzó explicando que su área piensa destinar un 72,88% de los fondos pedidos para el pago de personal y que en total, el monto destinado a la Fiscalía representa un 19,93% de aumento de fondos respecto del presupuesto que se ejecuta por 2012. “Este presupuesto en líneas generales es parecido al de este año. Únicamente el incremento mayor es en la partida de personal con un 72,88%. Así como el que se está ejecutando es normal y permite el desenvolvimiento de la Fiscalía en forma natural. Con ese porcentaje de incremento creo que no habrá ningún problema”, dijo para lanzar la invitación: “Quedo a su disposición para lo que quieran preguntar”.Seguidamente, como ya es costumbre en cada reunión, los legisladores pueden preguntar dudas o temas puntuales. Fue cuando Wiplinger primero agradeció la predisposición del Fiscal y preguntó: “¿Cuál es el estado judicial de la demanda contra la Nación que inició el ex gobernador Rovira ante la exclusión del régimen de promoción y sobre esa misma pregunta saber el monto de la demanda y en qué estado se encuentra?”.Duarte, apenas dijo: “Es un proceso judicial y el monto… no hay un monto real… y en cuanto al estado, está en trámite. Eso es lo único que puedo precisar. Si tiene alguna otra pregunta no hay inconveniente en responder…”. Wipplinger repreguntó: “Más allá de la discusión legal, ¿cuál es el monto inicial?”. Y Duarte, más nervioso y entrecortado, respondió de inmediato: “No, no tiene monto histórico, es sujeto a una pericia contable. Antes de cerrar las preguntas, el diputado de Trabajo y Progreso volvió a insistir: “Entonces, ¿el juicio sigue adelante, sigue vigente?”. Y otra vez breve, el fiscal provincial fue terminante “Es un juicio. Está vigente”. Diversos medios de prensa presentes intentaron luego que Fidel Duarte ampliara la información, pero el funcionario se retiró del anexo legislativo sin hacer declaraciones.Incluso luego la titular de la Comisión de Presupuesto, la diputada clossista María Eugenia Safrán, recriminó a Wipplinger por las preguntas que nada gustaron al Fiscal, por lo “sensible del tema” para el funcionario. Se escuchó reprocharle que “las preguntas a los funcionarios deben ser sobre el presupuesto”. Extraño que una contadora, presidente de una comisión estratégica, no sepa que un juicio millonario (ganado, perdido o acordado) significan ganancias o pérdidas para el Estado y sus finanzas y debería figurar en el presupuesto de cada año cualquier resultado o modificación si se produjera.Tras el hecho, Safrán se retiró dejando en manos de Morales Lezica la comisión. Y volvió para escuchar una parte de la exposición posterior del ministro Soria Vieta.Un juicio, un problemaNingún funcionario provincial explicó aún con certeza las definiciones políticas que el Ejecutivo de Misiones dio (si es que se la dio la Fiscalía de Estado no lo sabe porque afirmó que la demanda sigue y no hubo un acuerdo extra judicial), a la demanda ante la Corte contra el decreto nacional que ratificó el Régimen de Promoción Industrial desde Carlos Menem a Cristina Fernández sin incluir a nuestra provincia. No es sencillo. Lo inició uno de los socios de la renovación (cuando todavía estaba en el PJ) y ahora está en manos ganarlo o perderlo del otro socio renovador, más aliado al esquema kirchnerista nacional, por lo cual parece tener una doble presión: la local y la presidencial.No es poco dinero. Son decenas de millones que otras provincias supieron negociar con la Nación y obtener a cambio mega obras que bien valieron la firmeza jurisdiccional. Pero Misiones no lo hizo, o al menos el Ejecutivo no lo “blanquea” al Legislativo que debió intervenir para convalidar por ley cualquier resultado. “Interés misionero en juego”Ayer ingresó en la Cámara de Representantes un pedido de informes del diputado Claudio Wipplinger. El mismo pide en su texto: “Que el Poder Ejecutivo y/o la Fiscalía de Estado de la provincia, según lo establecido en el artículo 95 de la Constitución Provincial (…), informe en el plazo máximo de quince días: Primero: Estado judicial de la demanda contra la Nación iniciada por el ex gobernador Carlos Rovira ante la exclusión de la provincia del Régimen de Promoción Industrial; Segundo: Monto de la demanda del juicio (inicial y actualizada con intereses a la fecha de respuesta del presente proyecto)”.Profundizando la hipótesis de un acuerdo, preguntó: “Si el Gobierno provincial ha recibido o realizado propuesta judicial o extrajudicial alguna a fin de percibir el monto de la demanda y si la misma se ha aceptado por las partes. En caso de resultar afirmativo adjuntar copia del acuerdo firmado. Cuarto: Si se ha informado debidamente a esta Cámara de Representantes respecto de los acuerdos y/o avances de la causa judicial”.Para Wipplinger no quedan dudas: “Si existiera un acuerdo extrajudicial, la Cámara debió ser informada del resultado para convalidar o no la decisión política adoptada por el Ejecutivo provincial”.Sin embargo, apeló a recientes hechos nacionales para reflexionar: “Si la Presidencia de la Nación intervino em
presas privadas por decreto y tomó decisiones propias de la Justicia, también podríamos preguntarnos por qué razón no pudo haber convocado al gobernador Maurice Closs (que es quien representa a la provincia) y firmado o acordado el fin de un juicio millonario como el que estamos mencionando?”.Finalmente aseguró que “en todo litigio judicial de la provincia se ponen en juego los intereses de todos los misioneros. Por eso nos interesa saber si la renovación mantuvo el interés de defender a Misiones de una medida excluyente y discriminativa”.
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