PUERTO IGUAZÚ. La creación de la Unidad Ejecutora de Obras y Servicios Públicos será tratada nuevamente en la próxima sesión ordinaria luego de haber realizado varias modificaciones al proyecto original. Según trascendió, el pedido del Ejecutivo municipal para reglamentar los consorcios dentro de la administración pública podría ser aprobado el jueves por el deliberativo local.El polémico proyecto pretende reglamentar los consorcios para el funcionamiento de la unidad ejecutora mencionada, que había vuelto a comisión por tener varios puntos poco claros. Según comentaron, crearían la figura y luego, en la reglamentación, agregarían algunos ítems al proyecto original, por ejemplo donde se menciona a la unidad compuesta por cinco miembros, que tendrá como presidente al intendente municipal y agregarían la integración de dos concejales como vocales.Hace dos semanas, esta iniciativa había vuelto a comisión debido a que la ordenanza trataba la reglamentación sin haberse creado previamente la figura de la unidad ejecutora.Otro de los puntos que se criticó y que surgió desde los municipales denuncia una posible tercerización de los servicios de obras públicas, lo cual perjudicaría el puesto laboral de los mismos. El apuro por sancionar esta normativa se debería a que ya tienen obras en mente para ser ejecutadas bajo la figura de la unidad ejecutora, además de fondos privados y del Gobierno nacional que estarían gestionados.Según argumenta el proyecto, “la Carta Orgánica Municipal contempla la creación de consorcios como manera de hacer más transparente, eficiente y participativo el accionar público en el ámbito municipal”.Uno de los artículos de la reglamentación menciona que los integrantes de la unidad ejecutora tendrán a su cargo la administración de fondos, compra, contrataciones, los servicios públicos de competencia municipal, obras encaradas de forma conjunta con otros municipios, provincias, nación y de organismos no gubernamentales, obras en general.Los recursos para financiarse pueden surgir de capitales privados, aportes de la Municipalidad, ingresos producidos por operaciones que realice la unidad ejecutora y podrá hacer convenios específicos. Y los gastos serán de autonomía exclusiva de la misma.Por otra parte, los municipales estaban en contra de esta ordenanza ya que sostienen que sus puestos laborales corren riesgo y que la Municipalidad podría tercerizar los trabajos de obras públicas, contratando personal y maquinaria.
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