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Desequilibrios del gasto social: más para la Anses, menos para salud y educación

16 julio, 2012

POSADAS. En Argentina el gasto público social (GPS) se define como “aquel gasto destinado a brindar servicios de educación, salud, servicios sanitarios y vivienda, a realizar políticas compensatorias destinadas a población carenciada y a garantizar los seguros sociales, que incluyen la previsión social, las obras sociales, las asignaciones familiares y los seguros de desempleo”.Para este 2012, asciende a  303.023 millones de pesos y alcanza el 60% del total del gasto estatal. Este volumen de recursos convierte al GPS del nivel nacional en un instrumento clave para complementar los servicios sociales que proveen las provincias a sus habitantes y, además, significa el doble de la coparticipación que se distribuye a todas las provincias (132.914 millones de pesos), transformándose en una herramienta clave de redistribución implícita de recursos.Si bien es cierto que gran parte de estos recursos se distribuyen de manera directa a los beneficiarios, con programas que no tienen a intermediarios, a través de acreditaciones en las cuentas bancarias, una parte importante de la torta queda en manos del poder central, que lo reparte de manera discrecional, a gobernadores o intendentes, con criterios desconocidos o que no se ajustan al número de habitantes beneficiados o necesitados por jurisdicción.En el reparto del gasto social, sólo la Anses recibe aumentos superiores al promedio (21,1%); luego el resto de los organismos cuenta con aumentos inferiores: Ministerio de Desarrollo Social (17,3%), Ministerio de Planificación Federal, (16,9%), Ministerio de Salud (16,9%), Ministerio de Educación (13,2%); Ministerio de Trabajo que apenas tiene un incremento del 4,7%.Los que más recibenLa Anses y el Ministerio de Desarrollo Social aparecen como los más beneficiados en la distribución del gasto público social. Los dos organismos apuntalan principalmente políticas clientelísticas como pensiones y jubilaciones sin aportes, asignación universal por hijo, subsidios y programas parecidos.Luego aparecen dos ministerios que años atrás se quedaban con mayor parte de la distribución del GPS, como ser los ministerios de Educación y de Salud. El primero demanda gran parte de su presupuesto para el gasto en salarios y el segundo para diferentes prestaciones.“El 75% (33.245 millones de pesos) de los incrementos se destinan a la Anses. El aumento otorgado es del 21,1% pasando de 157.571 millones a 190.817 millones de pesos. Las prioridades se concentran en el incremento del programa prestaciones previsionales (21,7%) destinado al pago de jubilaciones y pensiones, las que se actualizan en marzo y septiembre por la Ley de Movilidad Jubilatoria, pasando de 113.499 millones a 138.108 millones de pesos.También, se destaca el incremento en el programa Asignación Universal por Hijo del 29,4% (2.654 millones), que prevé la ampliación de la cobertura de beneficiarios”, destaca un informe de la Fundación Konrad Adenauer, que detalla la distribución de partidas y las prioridades que fija la Nación al distribuir los fondos.De acuerdo a los números revisados por la Fundación, Anses concentra el 69% del GPS analizado en la Ley de Presupuesto Nacional 2012.En segundo lugar del gasto público social total de 2012 se encuentra el Ministerio de Desarrollo Social, que se explica fundamentalmente por las Pensiones No Contributivas que suben 15,8% y cuentan con un presupuesto de  17.492 millones de pesos y el programa Argentina Trabaja, que se incrementa 64,6% y tiene asignados 5.020 millones. Este programa está destinado a la ampliación de la cobertura de 49.233 beneficiarios, previendo atender a un total de 1.161.368 de personas durante el corriente año. El mayor incremento corresponde a la atención de las pensiones por invalidez. Por el contrario, el resto de los programas de este ministerio presentan incrementos sólo del 5% o inclusive reducciones.Los que menos suben y las que bajanLos recursos previstos para el Ministerio de Salud en la LPN 2012 ascienden a 10.136 millones de pesos y se incrementan un 16,9% con relación a la ejecución 2011 (8.671 millones).El principal programa de importancia presupuestaria es Atención Médica a los Beneficiarios de las Pensiones no Contributivas, el cual, tiene previsto un gasto de 1.652 millones, pero se reduce un -11,9% con respecto a la ejecución 2011 (1.877 millones). Cabe destacar que a lo largo de la ejecución 2012 seguramente este programa requerirá mayores fondos, porque el programa Pensiones no Contributivas tiene previsto un incremento del 15%.El presupuesto previsto para el Ministerio de Educación asciende a 27.385 millones de pesos en la LPN 2012 y se incrementa en promedio sólo un 13,2% con respecto a la ejecución 2011. Estos incrementos se explican principalmente para el pago de salarios de los docentes.El programa Seguridad Alimentaria se amplía apenas un 5,1% en 2012 con respecto a la ejecución presupuestaria 2011. Es decir, pasa de 1.998 millones a 2.100 millones de pesos. Está dirigido a la población en situación de vulnerabilidad social, destina fondos principalmente para la implementación de tarjetas magnéticas y/o tickets para la compra de alimentos, el apoyo a comedores escolares y espacios comunitarios y, a través del Pro Huerta, las acciones de promoción de una alimentación auto-sustentable.Las metas físicas previstas en la LPN 2012 son la distribución de 15 millones de ayudas alimentarias, la atención de 11.500 comedores escolares, 1.450 comedores comunitarios y la cobertura de casi 3,5 millones de personas que reciben asistencia a través del Pro Huerta.Por el contrario, la LPN 2012 prevé reducciones del -13,2% y -12% en los programas Acciones de promoción y protección social y Promoción de empleo social, economía social y desarrollo local (Plan Manos a la Obra), respectivamente con respecto a la ejecución 2011. El primer programa brinda ayuda inmediata a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social a través de diferentes modalidades, ticket canasta, ayuda económica; también al mejoramiento del equipamiento de las organizaciones que trabajan con poblaciones en situación de vulnerabilidad social. Mientras que el segundo (Manos a la Obra) promueve el desarrollo de microemprendimientos.Asimismo, los fondos asignados en 2012 al programa Familias para la Inclusión Social se reducen un 49,2% con respecto a la ejecución 2011, por el traspaso de beneficiarios al programa AUH.En síntesis, las prioridades del Ministerio de Desarrollo Social se concentran en el programa Pensiones No Contributivas que cuenta con un presupuesto de 17.492 millones de pesos y prevé un incremento del 15,8% con el fin de ampliar la cobertura de beneficiarios en 49.200 personas, alcanzando a 1.161.368.Los programas sociales del Ministerio de Trabajo (excluido Anses) en promedio se incrementan sólo un 4,7%. Sin embargo el principal programa Acciones de Empleo se reduce un 6,3%, en parte se debe a que el subprograma Plan Jefas y Jefes de Desocupados que integraba dejó de funcionar por el traspaso de los beneficiarios a la AUH. Por otra parte, el programa A
cciones de Capacitación Laboral se incrementa un 10,3%, que comprende al Plan Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, dirigido a jóvenes de entre 18 y 24 años de edad, desocupados y con estudios formales incompletos.  Los números de MisionesDe acuerdo al informe de la Fundación Konrad Adenauer, Misiones tiene previsto recibir un 0,9% de los fondos a distribuirse en atención a la salud, a pesar de tener 5,7 de inscriptos.En déficit habitacional la situación cambia para bien: se estima que la provincia recibirá 5,4% del total de los fondos teniendo el 4,3 del total de población con déficit. También para mejoramientos de vivienda recibirá 5,3% de lo disponible para distribuir en todo el país.En Obras Hídricas se calcula el 2,2% del gasto total, a pesar de tener el 4,3 de población del país con este problema.También arroja resultado negativo la cuenta de prestaciones previsionales, ya que recibirá el 1,1% del total, representando la población de Misiones (mayor de sesenta años) el 1,8% del total del país.Seguros de desempleo: Misiones recibirá 2,3% para asistir al 1% del total país con este drama, mientras que en asignación universal recibirá 4% del gasto, teniendo 3,5 de la población. En pensiones no contributivas se genera la mayor diferencia a favor de Misiones, ya que recibe 6% del total de la torta a repartir y la población beneficiada representa sólo el 2,7% del total país. 

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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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