Haciendo caso omiso de las instrucciones del Ministerio de Trabajo, el titular de Camioneros, Hugo Moyano, se hizo reelegir en el cargo de secretario general de la CGT el jueves, en un congreso confederal hecho a medida y en el que oficializó, por un lado, su pase con armas y bagajes a las filas de la oposición anti K, y por otro la división de la central sindical. Rodeado de nuevos amigos, como el duhaldista “Momo” Venegas, de Uatre, Moyano ocupó la mayor parte del acto público que acompañó a la elección de autoridades en lanzar críticas punzantes al gobierno, en las que no faltaron menciones a la inflación y a la inseguridad, una señal de aggiornamiento del camionero, dirigida a la oposición política en la que pretende arraigar como figura de proa. La salida definitiva del dirigente que durante 9 años fue uno de los sostenes de las políticas del gobierno en la central obrera repercutirá sin dudas en el escenario político; que no será el mismo de aquí en adelante, aunque el divorcio venía siendo largamente anunciado, y el gobierno kirchnerista tiene hoy un recambio en el metalúrgico Caló y los clásicos y devaluados “Gordos” del sindicalismo peronista. Este último sector, paradójicamente, es el que a priori contaba con la menor cuota de empatía de parte de los Kirchner, pero que hoy tendría la mayoría de los gremios confederados, convocó a elecciones para el 3 de octubre próximo, oportunidad en que el titular de la emblemática UOM sería electo secretario general, siempre que no haya cambios de último momento.La administración K vería afectadas, en este escenario -de fuerte fragmentación de la representación de los trabajadores- las condiciones de gobernabilidad que le daba el control -a través de Moyano- de la CGT. La nueva trama sindical complicaría al Gobierno sobre todo si en lo que resta del año se profundizara la caída de la economía que se experimentó en el primer semestre.Fuera de la movida fuerte del moyanismo, la actualidad política estuvo representada otra vez, esta semana, por las desventuras financieras del gobernador Daniel Scioli, que desde que exteriorizó sus ambiciones electorales nacionales de cara a 2015 se vio envuelto en una pelea con el gobierno nacional en la que se confunden los motivos económico-financieros y los políticos. Aparentemente, el mandatario está pagando una onerosa factura por su anticipada instalación como presidenciable; debido a la intención de la presidenta, Cristina Kirchner, de monitorear personalmente todo lo que tenga que ver con la estrategia oficialista para las presidenciales. Moyano -en el acto reciente- no dejó de mencionar su buena relación con Scioli y de fogonear la disputa política al lanzar en el acto la consigna de que “habrá que repensar el voto en 2013”, frase que marca la ambición protagónica del sindicalista en el proceso político que se viene. El poder de Moyano, aunque menguado, no es nada menor, si se tiene en cuenta que el gremio está en condiciones de frenar de una vez 15 ramas de actividad, entre las que se cuentan cuestiones clave como el transporte de combustibles, la recolección de residuos y el transporte de valores. Téngase en cuenta que, se estima, el 84% de la producción total, industrial y agropecuaria, del país, circula en camiones. Sin repliqueEl escenario político provincial, por ahora, no se ve influenciado seriamente por las desavenencias en el poder kirchnerista, debido al despliegue de la alianza de gobierno en todos los ámbitos, incluyendo el sindical. Peleas renovadas El tratamiento de la ley de 82% móvil para los judiciales, que se sancionó en el teatro Lírico, reconvertido actualmente en recinto legislativo hasta tanto se termine de refaccionar el tradicional del Parque Paraguayo, puso en evidencia el internismo renovador, y la hipersensibilidad que provoca. La visible ausencia de la titular del IPS, la clossista paladar negro Sandra Montiel, en la sesión en que se aprobó el proyecto con bombos y platillos, fue adjudicada en los corrillos políticos “a que Mauri bajó línea en contra de la ley entre sus principales laderos”. Según una fuente legislativa, Montiel no respondió a las tres invitaciones que se le habrían hecho para participar de las deliberaciones previas a la sanción del proyecto, muy esperado en el ambiente judicial y que tendrá un fuerte impacto -económico y simbólico- en la administración del organismo a su cargo. Como los judiciales habían sido despojados, en los 90, del régimen jubilatorio especial al que aportaban, y en ese marco se les habrían prácticamente confiscado los aportes realizados, el autor de la iniciativa, Carlos Rovira, fundamentó el proyecto en términos reivindicativos y reparatorios.El bloque de la UCR intentó instalar la idea de que se generaba una “jubilación de privilegio”, simplificando el tenor del proyecto, y en visible politización de una medida que fue bien recibida en todo el ámbito de la Justicia, y que permitirá una normalización de la actual situación jubilatoria, que repercute en el servicio de la justicia al obligar a funcionarios de avanzada edad a permanecer en el cargo, para no perder el status económico.El diputado Horacio Spallanzani dio lugar a una general carcajada, cuando en medio de una dura crítica al proyecto, manifestó que “nosotros queremos que todos los diputados tengan el mismo privilegio”. Quizo decir “todos los empleados”. La desigualdad que se crea con muchos otros sectores de la administración pública, a los que también les asiste el derecho a una jubilación digna, sin embargo, queda como un problema a resolver en manos de la Provincia, que instaló un precedente con este régimen novedoso y que, si se lo hubiera hecho caer por ser un supuesto privilegio, “se estaría nivelando para abajo, y lo que hay que hacer es convertirlo en un ejemplo a imitar en otras áreas”, señaló un legislador. Las manifestaciones que anunció ATE, y el descontento que expresaron los gremios docentes por el arreglo salarial que concretó esta semana el ministro de Educación, “Lucho” Jacobo, con los sindicatos afines al oficialismo son señales para el gobierno de que hay mucho que revisar en el sector público. En tanto, la ofensiva contra la Ley de acceso a la información pública en Puerto Iguazú -a pesar de que la promovió el propio rovirismo a nivel provincial- que fue impulsada según se dice por el intendente clossista de la Ciudad d
e las Cataratas con generosas ofertas a los ediles del ex alcalde Filippa, fue otra muestra del agitado internismo renovador. Política ficciónEn este marco de descontento salarial y potenciales dificultades económicas en el segundo semestre, resalta la frivolidad de cierta dirigencia que ya opera con la vista puesta en 2015, un año todavía lejano en el calendario, pero cercano en las ambiciones de muchos.El año electoral se anticipa innecesariamente -afirman en algunos sectores de la renovación- en el insistente activismo político de algunos dirigentes, como Joaquín Losada, que en reuniones recientes con intendentes de la Zona Centro se presentó como el candidato “in pectore” de Closs y adalid de una supuesta revuelta generacional en el oficialismo, provocando que algunos alcaldes llegaran a golpear puertas en Posadas, recelosos de no quedar marcados como “traidores”. Closs, a todo esto, luego de pedir a los intendentes que lo ayuden a controlar el gasto por supuestos desmanejos en los créditos del Pro Alimentos, sorprendió al prometer un subsidio -sin que se lo pidan- para terminar la cancha de golf de un tradicional club posadeño. La actitud se condice con su postura en el conflicto en Puerto Iguazú, favorable a forzar el desalojo de una comunidad mbya para instalar en el lugar una cancha de golf del hotel Hilton.





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