POSADAS. Una suba que oscila entre el 30% y el 25% para las tarifas de los automóviles con taxímetros aprobó ayer el Concejo Deliberante local. Desde el momento de la publicación de la ordenanza autorizándola, la bajada de bandera pasará de 5 pesos a 6,50 y la ficha por cada cien metros, de 0,40 a 0,50.Aunque para ello debió utilizar diversas argucias a fin de justificar por segunda vez sucesiva en un mismo tema, la evidente violación a la Carta Orgánica Municipal (COM) de no haber convocado a una audiencia pública donde se exponga el tema a la ciudadanía. Este requisito, aunque no es de carácter vinculante, es obligatorio de acuerdo a lo que establecen los artículos 45 a 47 de la norma constitucional municipal posadeña.Otras aprobacionesEn una sesión donde no pudieron disimularse algunas discrepancias en y bloque oficialista y se convalidó la intromisión provincial en la jurisdicción municipal , se establecieron también las prohibiciones de colocar saleros en las mesas de los negocios gastronómicos y de vender combustibles a los motociclistas que lo solicitaran sin poseer el casco de seguridad de ley. Así como se resolvió restituir a la plazoleta de avenida Mitre y Junín del busto que recuerda la memoria del Dr. Francisco Victorino Ripoll, retirado por la dictadura militar en 1976 y adherir a la ley provincial XIX 54 de acceso gratuito de los discapacitados a los espectáculos públicos.El nuevo “tarifazo”El aumento a las tarifas de taxis, quizás, el que más aportes trajo al debate de ayer para justificarlo y para explicar por qué, al igual que hace un año, se soslayó la realización de una audiencia pública sobre el tema, obligada por la COM.Este planteo fue hecho desde la oposición y forzó al oficialismo a justificarse en que se hizo un estudio minucioso del tema, con participación de los sectores interesados (taxistas y propietarios) y la colaboración del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM). “Las reuniones de comisión siempre son de puertas abiertas y todos pueden opinar en ellas”, dijo el presidente de la Comisión de Transporte y Tránsito, Mario Florentín (FR), en el intento de acallar esos cuestionamientos. Una adhesión que trajo conflictoEl enojo del renovador Lucio Ramón Mariani ante la actitud del oficialismo de ignorar un proyecto suyo sobre el tema y establecer una adhesión obediente a una ley provincial, generó ayer una evidente situación de incomodidad entre los renovadores. Sin explicar mucho de qué se trataba, pidió se deseche y archive un proyecto suyo presentado semanas atrás, y que no había logrado dictamen en la Comisión de Legislación General.Ocurría que en esa misma sesión, se iba a sancionar -tal ocurrió- otra iniciativa similar, pero sólo adhiriendo a una ley provincial recientemente sancionada y que había ingresado mucho después, la semana pasada. Era la referente a establecer la gratuidad en el acceso de las personas discapacitadas a los espectáculos públicos (ley XIX 54).“Hubo múltiples reuniones y se trató de consensuar un dictamen común, pero no hubo voluntad de hacerlo”, se quejó amargamente, en una velada crítica al titular de la comisión José Raúl Moglia (FR). Éste, sin relacionarla con el privilegio a la norma provincial, trató de justificarse. Aunque requirió dos cuartos intermedios para conseguir un cambio en Mariani que terminó solicitando un pronto despacho de siete días.Aunque, la otra iniciativa terminó aprobada un poco más adelante. El discursoy la acciónEl “tarifazo” para los taxis volvió a dejar ayer en evidencia la profunda diferencia que existe entre lo que se sostiene en el discurso público, durante las sesiones, y lo que se hace en la acción interna. A lo que se suma, el desconocimiento de las normas -ya sea intencional o por ignorancia- y, cuando se las exhibe, la justifica en la falta de tiempo o de reglamentación. Es el caso de la audiencia pública soslayada este año y en 2011, lo que se relativizó afirmando que las reuniones de comisión son de puertas abiertas para quien quisiera participar y que sólo basta con asistir a ellas.Quienes eso afirmaron ayer olvidan que el comportamiento habitual, en general, es el opuesto. No se obró así cuando, por ejemplo, se impidió la asistencia del periodismo en la reunión explicativa sobre el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) o en el encuentro con estudiantes universitarios y secundarios donde se trató la ampliación del boleto estudiantil. No son los únicos casos, que contradicen ese discurso público y marcan sus diferencias con la acción concreta lejos de éste. Claro, sólo es una “mentirita”. Motociclistas sólo con cascos, polémicoLa adhesión de ayer del Concejo Deliberante local a la ley provincial XVIII 32, que prohíbe la venta de combustibles a los motociclistas que no porten sus casos de seguridad, volvió a plantear un cuestionamiento sobre autonomía municipal y la intromisión provincial en ésta. En interpretación de la oposición, legislar en esa materia y establecer penalidades para los infractores, es de jurisdicción municipal y no provincial. Pero, igualmente, el oficialismo hizo caso omiso a esa advertencia y a las objeciones a algunas de las previsiones de la norma, avalando la ley sancionada poco antes.Hace una semana, la renovación había desoído otro planteo similar, aunque en sentido inverso. El pedido de Rolando Rubleski (TP) para que se cumpla con la disposición contenida en la Carta Orgánica Municipal (COM) de reducción horaria para la apertura de los casinos y salas de juego en el Municipio. Desde el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) se soslaya (incluso vetó una ordenanza que lo disponía antes de la revisión de la COM). Donde además, la Comisión de Legislación General no se molestó en suscribir un dictamen -ni explicar por qué no lo hizo-, cuando semanas antes se había aprobado requerirle que lo hiciera para el pasado 28 de junio.Se buscaría evitar un conflicto con la Provincia, ya que ésta, con una norma de rango inferior a la COM y al régimen de la Constitución, toma injerencia en un tema de habilitación comercial que es de exclusiva competencia municipal.
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