POSADAS. El cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza en Misiones, en el que están acusados cinco ex policías y que investiga el papel que cumplió la Jefatura de Policía durante la dictadura; se reanudó ayer con la presentación de los alegatos de la Fiscalía y las partes querellantes, que coincidieron en pedir fuertes penas de prisión, a cumplir en cárceles comunes, para los cinco imputados. En los alegatos, los responsables de la acusación coincidieron en solicitar penas por la violación a cinco mujeres detenidas; fundándose en que las agresiones sexuales que se cometían sistemáticamente en el marco de la represión deben ser juzgadas como delitos contra la honestidad o la integridad sexual, separados del delito de tormentos agravados, en el que se las incluía anteriormente. La titular del Ministerio Público fiscal, Vivian Barboza, solicitó una pena de 25 años de prisión para el coronel Omar Herrero, ex jefe de la Policía de Misiones durante la dictadura, como autor mediato, en 38 casos, de los delitos de “violación agravada”, “privación ilegítima de la libertad agravada” y “aplicación de tormentos agravados por la condición de funcionario público”; pena y cargos que también pidió para Felipe Giménez; ex jefe del Departamento de Informaciones de la Policía, en carácter de co-autor.Solicitó veinte años de prisión para los agentes Julio Amarilla y Carlos Alberto Pombo; ambos como “partícipes necesarios” en los delitos citados; en tanto que para el médico policial Guillermo Mendoza solicitó quince años, también como “partícipe necesario” en el cargo de “imposición de tormentos” y con base en tres casos.La Fiscalía pidió absolver a Giménez de los hechos donde fueron víctimas Juan Gómez y Juan Capli, a Mendoza por el hecho del que fue víctima Ricardo Escobar y a Amarilla por los hechos que tienen como víctimas a Styluk, Dominico, Verón y Sicardi.Previamente, el abogado Juan Martínez, querellante por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, y el también letrado Rafael Pereyra Pigerl, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, habían solicitado similares penas en dos extensas intervenciones que llenaron la sesión matutina del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, donde se lleva a cabo el juicio.El abogado Fernando Canteli, defensor del agricultor Eladio Benítez, detenido durante 42 días en el Departamento de Informaciones, subrayó que su defendido era “un joven campesino absolutamente inocente” cuando fue detenido, a los 16 años, en la chacra en Bonpland, donde vivía con su padre, también detenido y luego asesinado en cautiverio. Consideró que el testimonio de Benítez fue clave y “no dejó ninguna duda sobre la responsabilidad de Giménez respecto a toda las víctimas que pasaron por el Departamento de Informaciones”. Solicitó, sobre esa base, la pena de seis años de prisión para Giménez por el caso Benítez. Fuerte prueba documentalEl proceso judicial, que se inició el 21 de marzo, continuará hoy con los alegatos de los abogados defensores. Una vez cumplida esta instancia, el Tribunal subrogante, integrado por jueces de Formosa y Chaco y que preside el formoseño Rubén Quiñonez; estará en condiciones de dar a conocer el veredicto. Los tres representantes de la acusación que hablaron ayer consideraron que la consistente prueba documental aportada en la etapa de instrucción, y la corroboración de los datos por parte de los más de sesenta testigos -víctimas que declararon en el juicio, luego de más de 36 años de los hechos y a 6 del comienzo de la instrucción- fue uno de los elementos que convenció a la parte querellante de la culpabilidad “sin atenuantes” de los imputados.Impunidad e ilegalidadLa fiscal Barboza fue contundente al fundamentar las duras penas solicitadas para los imputados, quienes -dijo- “formaban parte de una estructura legal y pasaron a actuar en la ilegalidad amparados por la inmunidad que les daba el poder de pertenecer a esa estructura”. Subrayó que ya en la represión ilegal, “con esa inmunidad pasaron a actuar torturando salvajemente a los detenidos” y destacó que “ni aún los crímenes comunes son justificados por la legislación internacional por un contexto de guerra, en este caso una guerra que nunca existió”.Insistió en que los imputados eran funcionarios públicos y “conocían la Constitución y el Código Penal, pero igual se prestaron a la comisión de aberrantes crímenes”. Desautorizando el discurso de la “obediencia debida”, que se empeñan en reflotar los imputados en estos juicios, la fiscal leyó una carta del militar correntino Gregorio Ponal, quien en semanas previas al golpe de Estado de 1976 pidió la baja; cuestionando la represión ilegal por parte del Ejército. La fiscal describió las semejanzas que advirtió en los 83 testimonios, de los cuales 63 fueron de “testigos víctimas”; entre las cuales destacó la aplicación de “una metodología común aplicada por los cinco imputados”; aunque distinguió entre el autor necesario, conocido como “el hombre del escritorio”, concepto en el que ubicó al jefe de policía y militar Herrero, “que no es de Misiones y fue enviado por la cúpula específicamente para vigilar la aplicación del plan criminal”.La fiscal también precisó que de los testimonios surgió con claridad que “todos fueron víctimas de hechos de violencia extrema”; que fueron detenidos en forma clandestina, también con agresiones y violencias; y que las detenciones ilegales, en su mayoría, ocurrieron en un período de tiempo preciso, entre mediados de 1976 y 1977; lo que comprueba el carácter sistemático del plan represivo que se llevó a cabo “en la forma de terrorismo de Estado”. Barboza insistió en el carácter clandestino de las operaciones, que en muchos casos incluían “maniobras de despiste”, para que los detenidos no sepan el lugar al que eran llevados, aunque la mayoría terminaba en el Departamento de Informaciones de la Policía de Misiones” -en la jefatura- “uno de los principales centros clandestinos de detenció
n de la provincia”, remarcó.Los numerosos testimonios respecto a la participación central de dicho Departamento, como de toda la Jefatura, sustanciaron las penas solicitadas y dieron una clara imagen de un operativo criminal que se cometió con centro operativo en el centro de Posadas, lo que llevó al abogado Pereyra Pigerl a señalar que “la Jefatura fue la Esma de Misiones”. El mismo abogado resaltó en su alegato que los ex policías “reemplazaron el sable de San Martín por la picana eléctrica”; frase que fue retomada por Barboza al término de su alocución, en la que recordó un escrito del propio héroe nacional contra los abusos “que deshonran al Ejército”. Legajo reveladorAdemás del peso de la prueba documental, con la declaración de 62 ex detenidos que describieron diferentes momentos de las salvajes torturas que sufrieron al ser apresados y trasladados a los centros clandestinos de detención, fue decisivo para la acusación el expediente que prepararon los propios acusados Giménez y Amarilla, como instructor y sumariante, para elevarlo, supuestamente, a futuros consejos de guerra.El agente sumariante Amarilla, primero, en la etapa instructoria, negó que fueran suyas las firmas en el expediente, pero se negó a que le hagan una pericia caligráfica. Posteriormente, durante el juicio, cambió su versión y dijo que fue obligado a firmar por el Ejército. La excusa no pasó el careo con el propio Giménez. El repesentante de la Fiscalía que se refirió al tema Diego Ster, señaló que cuando el expediente fue encontrado, en 2008, “cubierto de polvo y ácaros en los estantes del Juzgado, ya se había realizado el 80% de las declaraciones de las víctimas, “que coincidieron exactamente en las fechas, lo que prueba que las víctimas tienen mucha memoria de lo que les pasó”. Otro dato que incriminó a los represores fue la felicitación que, en la misma fecha en que se cerró el operativo, el jefe de Policía incluyó en los legajos de los imputados “por su destacada actuación contra la subversión”.
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