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La teoría de los golpes blandos contra presidentes incómodos

1 julio, 2012

ASUNCIÓN, Paraguay (BBC Mundo, por Mariano Aguirre *). Unos consideran que lo sucedido en Paraguay fue un paso democrático, pues se utilizaron mecanismos constitucionales para despojarlo de su cargo. Otros creen que es un retroceso político en el continente, ya que se habrían usado los instrumentos legales con el fin de dar un golpe de Estado encubierto.Detrás de la controversia se esconde una polarización política, básicamente entre las élites, que buscan preservar sus privilegios, y los sectores en mayor o menor medidas marginados, que pretenden conseguir más poder y tener acceso a más bienes y recursos.Después de la fase de las dictaduras militares, entre las décadas de los años ‘60 hasta los ‘80 del siglo pasado, América Latina entró en una fase de democratización.Las fuerzas armadas pasaron a un segundo plano, una vez que mostraron tanta eficacia para acabar con grupos insurgentes y sus aliados, como poca eficacia para gestionar la política y la economía de sus países.Diversos factores contribuyeron para que el papel de las fuerzas armadas perdiera peso. Entre otros, la liberalización de la economía internacional, la integración del continente en la globalización, el fin de la Guerra Fría y el decreciente interés de Estados Unidos de controlar a sus vecinos del Sur.En la mayor parte de los países de la región se fortalecieron los mecanismos democráticos y de representación.Paralelamente a este proceso de desmilitarización de la política y democratización de las sociedades, el modelo económico neoliberal dominante ha agudizado los desequilibrios sociales. América Latina tiene el mayor grado de desigualdad del mundo aunque ha hecho grandes avances en al reducción de la pobreza.Paradójicamente, el continente ha mantenido un crecimiento sostenido y ha podido enfrentar la crisis financiera internacional con éxito.Según un informe de la CEPAL y la OCDE, esta buena situación le permitiría poner en marcha políticas públicas para proveer servicios sociales y reducir la pobreza. Esto supondría, entre otras medidas, contar con reformas y políticas fiscales más eficaces con una orientación distributiva, reducir la desigualdad, aumentar el gasto y eficacia en la educación pública.El modelo neoliberal produjo un empobrecimiento de ciertos sectores medios, y el agravamiento de la desigualdad, dos hechos que han favorecido el auge de líderes y gobernantes populistas, con un discursos críticos de Estados Unidos (aunque Washington ha reducido notablemente su influencia en la región) y de las élites locales.La radicalidad de sus discursos no se ve necesariamente acompañada por una eficacia en la gestión y distribución de riqueza, pero provocan un efecto de rechazo en las clases altas, empresarios y terratenientes.El gobierno de Lugo, con una identidad reivindicativa y antielitista, puso en marcha reformas fiscales y educativas, que encontraron fuertes resistencias en los sectores empresariales y la Iglesia católica.Asimismo, intentó una reforma agraria moderada pero fuertemente resistida. El violento y poco claro enfrentamiento por tierras de una tradicional familia de terratenientes, que provocó el 15 de junio la muerte de seis oficiales y 15 campesinos, se enmarca en esta tensión.Tres décadas atrás, un Presidente moderadamente reformista como Lugo hubiese sido destituido por las fuerzas armadas en alianzas con la embajada de Estados Unidos. Hoy las cosas han cambiado mucho.Desde Washington hay una mayor aceptación de los procesos y gobernantes reformistas. Por otro lado, las fuerzas armadas no son vistas, ni ellas mismas creen, que pueden ofrecer solución a problemas complejos.“Golpe constitucional”El instrumento que se ha utilizado en el caso paraguayo es desenterrar una serie de medidas constitucionales, hacer un juicio constitucional sumario, y defenestrar al presidente en pocos días.Para Juan Gabriel Tokatlián, profesor en la Universidad Torcuato di Tella (Buenos Aires), el caso paraguayo sigue la línea de los “golpes constitucionales” que se habría iniciado en Ecuador en el año 2000 con la destitución de Jamil Mahuad, y que continuó hasta el intento de golpe contra el presidente ecuatoriano Rafael Correa en 2010.Cada caso, exitoso o fallido, incluyendo Venezuela, Haití y Honduras, tiene fuertes diferencias, pero para Tokatlian indican una tendencia a utilizar la Constitución para deshacerse de presidentes molestos.El caso de Lugo es particularmente expresivo del enfrentamiento entre élites y sectores populares en un país donde perduran estructuras de poder arcaicas.El procedimiento más lógico sería haber iniciado una investigación independiente sobre los enfrentamientos y matanza del 15 de junio.En cambio, un rápido golpe de mano ha dejado a Paraguay sin un presidente que, con limitaciones e imperfecciones, estaba impulsando una serie de necesarias reformas.(*) Director del Norwegian Peacebuilding Recourse Centre (NOREF)   Oposición brasileña, contra el ingreso venezolanoRIO DE JANEIRO (AFP-NA). La suspensión de Paraguay del Mercosur y el ingreso de Venezuela al bloque como miembro pleno fue una decisión “precipitada”, indicó el principal partido de oposición de Brasil, el PSDB, que tachó de “frágil democracia” al gobierno del presidente Hugo Chávez.En la cumbre de presidentes celebrada en Mendoza el Mercosur suspendió “temporalmente” a Paraguay hasta las próximas elecciones presidenciales de abril de 2013 tras la fulminante destitución de Fernando Lugo, pero evitando fijar sanciones económicas.Asimismo, fijo el 31 de julio como fecha para formalizar la entrada de Venezuela al bloque, trabada en el Congreso paraguayo, que aún no había autorizado el ingreso.“Si el bloque considera que las reglas democráticas fueron quebradas en el proceso de impeachment al presidente paraguayo Fernando Lugo, hay muchas más razones hoy para cuestionar la frágil democracia mantenida por Venezuela”, zanjó el PSDB en la nota firmada por su presidente, Sergio Guerra.Con el ingreso de Venezuela, el Mercosur corre además el riesgo de convertirse en una “plataforma política”, según dijo al diario O Globo el embajador José Botafogo Gonçalves, uno de los fundadores del bloque y presidente del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales (CEBRI). 

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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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