Anticipan inconstitucionalidad del aumento de Ingresos Brutos

POSADAS. La prelación legal establece que una norma de menor jerarquía, como un decreto, no puede modificar datos o el contenido de una superior, como una ley; y en caso de que esto ocurra se incurriría en una contravención legal, sujeta a riesgo de que se declare inconstitucional.Esto es lo que ocurrió con el decreto Nº 780/2012 del Ejecutivo Provincial, a través del cual, en su artículo 1, incrementa 0,50% las alícuotas establecidas en los artículos 11 y 12 de la ley de Alícuotas de la provincia (XXII Nº25; antes Ley 3262). En definitiva; con un decreto provincial se modificó una ley provincial con el objetivo de aumentar el impuesto sobre los Ingresos Brutos.Ante esta situación, abogados y contadores consultados por este diario, advirtieron que seguramente surgirán planteos de inconstitucionalidad contra la provincia y la intención de la Dirección de Rentas de ejecutar el IIBB con estas nuevas alícuotas.Además, más grave aún, en el artículo Nº 3 del decreto 780, el gobernador faculta a la Dirección de Rentas -que conduce el contador Miguel Thomas- a “incrementar o disminuir las alícuotas (…) hasta el doble” de ese 0,50%. Es decir, en algunos casos el incremento puede ser hasta 1%.Los planteos de inconstitucionalidad pueden llegar hasta la máxima instancia judicial y en el caso que resulten adversas para la provincia causarían mucho daño al patrimonio público y la recaudación de todos los misioneros; ya que los impuestos que se tributan deberán saldar errores de algunos funcionarios.Este aumento impositivo además se enmarca en un contexto de fuerte preocupación del Gobierno provincial y del director de Rentas a raíz de una seguidilla de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en mayo aceptó acciones de amparo de empresas nacionales que operan en la provincia y ordenó a la DGR local, primero dejar de cobrarle levantando embargos y segundo disponer de los fondos para reintegrarlos en caso que la resolución de fondo del planteo se determine en contra de la DGR que conduce Thomas.Las empresas también recurrieron a la Corte por cobros de dudosa constitucionalidad que impulsa Thomas a partir de la reforma del Código Fiscal que se realizó en 2008. Son las firmas Personal, Cammesa, Telefónica, AMX, y los bancos que integran Adeba que por el caudal de ingresos que manejan se estima que el reclamo es millonario y afectaría fuertemente las finanzas de las provincias.Los superpoderes de Thomas, que sería asesorado hace varios años por una consultora porteña que se quedaría con una importante tajada de la recaudación, hicieron crecer los ingresos de Rentas en los últimos años pero su legalidad fue seriamente cuestionada en la Corte y existe gran temor de que las sentencias de fondo perjudiquen las finanzas provinciales.Hasta ahora sería media docena de empresas, pero en caso de obtener fallos favorables podrían sumarse muchas otras, también disconformes con los tributos de la DGR y su estudio asesor, radicado en Capital Federal.Altamente inflacionarioEl Impuesto a los Ingresos Brutos compone más del 70% de la recaudación total de la Dirección General de Rentas de Misiones, según información oficial. Cerca del 45% lo aportan las industrias, el 35% los comercios y el resto otras actividades.Es el único impuesto trasladable a los precios de góndola y a los servicios; el Gobierno no tiene herramientas legales ni administrativas para evitar que los empresarios remarquen ese gravamen al consumidor final, lo cual transforma al esquema impositivo de la provincia en altamente inflacionario, al margen que la suba de precios sea generalizada en todo el país.Las otras vías de recaudación provincial son el impuesto inmobiliario; que creció fuertemente este año, impulsado por el aumento exorbitante que dispuso Thomas en diciembre pasado; el impuesto a los Sellos, el Convenio Multilateral, y el impuesto Automotor. Luego, otras fuentes de ingreso de dinero son Fondo Energético, la Tasa Forestal y la Concesión Minera.Para finales de año, las expectativas de recaudación propia de Rentas oscilan en torno a los 1.250 millones de pesos, pero el manto de incertidumbre sobre la actividad económica nacional e internacional, que incide en el plano local, abre un panorama de dudas.Según cálculos de especialistas económicos consultados, sólo IIBB rondaría entre 700 y 7.500 millones durante 2012; y sumaría otros 100 millones más por año gracias al reciente incremento.Necesidad de fondosPara Closs, “es necesario profundizar el modelo económico y fiscal virtuoso e introducir modificaciones que permitan su continuidad. Estimando conveniente la modificación de alícuotas de IIBB en virtud de los principios de solidaridad, justicia e igualdad en la distribución de la carga pública”.A pesar que el Gobierno destaca en todo momento que las cuentas están ordenadas, es evidente la necesidad de buscar nuevas fuentes de recursos y ha quedado demostrado en las últimas medidas al respecto.Primero el Impuesto Inmobiliario, que se incrementó entre 10 y 50 veces y tuvo que ser bonificado debido a la imposibilidad de los contribuyentes de pagar y la ola de demandas que se avecinaba contra la suba.Ahora este incremento de IIBB; que al ser un impuesto trasladable termina afectando directamente a los consumidores, o “Doña Rosa” como suele decir el titular de Rentas. No apela el Gobierno a reducir sus gastos innecesarios, es más, continúa contratando personal, pasando empleados a planta permanente, incrementando la nómina salarial, que asciende mensualmente a poco más de 250 millones de pesos. Incluso con sueldos bajos y con el 70% integrados con pagos no remunerativos.Con un presupuesto anual provincial de casi once mil millones de pesos, la contribución de Rentas es apenas el 10 u 11% de todo lo que gasta el Estado, lo que remarca la dependencia de fondos nacionales en un momento de incertidumbre macro económica.  100 millones más por añoLa Dirección General de Rentas pretende recaudar alrededor de 100 millones de pesos más por año gracias al aumento del impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) que el director de este organismo, Miguel Thomas, propició a través del expediente 3252-531-2012 y que fue decretado (Nº 780/2012) por el gobernador Maurice Closs el 21 de junio pasado.En el documento establece la suba de 0,50% en la alícuota de IIBB para “producción y comercialización de bienes, locaciones y prestaciones de obras y servicios, que se enumeran en los rubros C), D), E), F), G), H), I), J), K), L), M), N), O), P) y Q) del Anexo I” de la ley XXII Nº25 (antes Ley 3262) que establece las alícuotas. Hasta el momento las mencionadas estaban en el 2,5% y pasarán como mínimo a 3%.Además, subió a 3,9% para las actividades de “comercializaci&amp
;oacute;n de bienes, locaciones y prestaciones de obras y servicios, cualquiera fuese la actividad, cuando los mismos sean comercializados o prestados, según el caso, en forma directa a consumidores finales”. Antes, la alícuota estaba en 3,4%.