POSADAS. Quedaría finalmente sancionada hoy la ordenanza que adhiere el Municipio capitalino a la ley provincial IV 58 de libre acceso a la información pública. Aunque el dictamen correspondiente no integra el Orden del Día para la sesión de la fecha del Concejo Deliberante local, ese propósito fue anticipado desde la oficina de la Comisión de Asuntos Legislativo que logró suscribir el dictamen con posterioridad a la elaboración de ese temario.La corporación municipal le daría también sanción hoy a otros tres dictámenes de ordenanza del mismo grupo de trabajo deliberativo mencionado, a incorporar una advertencia sobre el riesgo de la ludopatía en cualquier medio en el que se difunda publicidad sobre juegos de azar; a establecer penalidades para las casas de juego que incumplan con la previsión de la ordenanza 2.704 que obliga a contar con relojes visibles en dichas salas; y a aprobar el convenio suscrito por la Municipalidad con el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) para reconocer mejoras introducidas a las viviendas del convenio 1.700 (obra Nueve Viviendas Dispersas – Posadas).A sólo dos semanas de presentada la primera de las tres iniciativas tendientes a adherir al municipio a la reciente ley provincial que garantiza el libre acceso a la información pública de todo ciudadano, logró suscribirse el dictamen que hoy sería presentado al debate por fuera del orden del día. Su texto sólo adheriría a la norma aprobada el pasado 7 de junio por la Cámara de Representantes de Misiones, pera nada diría en cuanto a la ordenanza 2685 sobre el mismo tema, sancionada hace dos años y que fuera sistemáticamente ignorada desde entonces.Esa norma es más amplia y específica que la ley provincial a la cual se adheriría hoy el municipio, ya que se ajusta con mayor precisión a las previsiones contenidas en los artículos 98 y 99 de la Carta Orgánica Municipal (COM). Estos últimos fueron sancionados por la Convención Constituyente de entonces casi en simultáneo con la decisión del Concejo, pero recién obtuvieron vigencia el 10 de noviembre de 2010, cuando se publicó la reforma a la constitución municipal revisada en esos meses.
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