POSADAS. No faltó nadie. Ministros del STJ, procurador general, magistrados, funcionarios, gremio de judiciales y más de la mitad de los legisladores provinciales fueron parte de la reunión extraordinaria de las comisiones de Salud y Presupuesto que deliberaron sobre el proyecto de ley para restituir el régimen jubilatorio de trabajadores del Poder Judicial a lo establecido por el decreto 598/72, con algunas modificaciones, a fin de garantizar el financiamiento del régimen que se pretende establecer.De sancionarse la norma (cuyo dictamen saldría la semana próxima), tanto los magistrados como todos los empleados judiciales se jubilarían con el 85% calculado sobre el haber bruto de un activo en similar cargo (comprendiendo todos los adicionales por cualquier concepto, incluyendo los no remuneratorios y los no bonificables). Para acceder al régimen, el trabajador deberá tener un mínimo de 62 años de edad, 30 de servicios computables en cualquier sistema de reciprocidad jubilatoria, 10 de antigüedad en el Poder Judicial y como mínimo 15 años de aportes al Instituto de Previsión Social de Misiones, entre otros requisitos.Podrán acceder incluso quienes ya se hayan jubilado, que verán incrementados sus haberes jubilatorios, pero deberán pagar una diferencia (2% al IPS y 2% al Fondo Compensador) mediante un sistema de moratoria en hasta sesenta cuotas.Para financiar el sistema se prevé la creación de un fondo compensatorio para afrontar las nuevas erogaciones, bajo la administración del Superior Tribunal de Justicia. Estaría compuesto por hasta el 50% de la recaudación del Fondo de Justicia, el 2% de las remuneraciones brutas de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial adicionales a los aportes ordinarios al IPS y por las partidas específicas asignadas por Rentas Generales más el ahorro presupuestario que realice el STJ.El proyecto fue elaborado por los magistrados Miguel Moreira, Jorge Campitelli y Eduardo D’Orsaneo y presentado por los diputados Rovira y Passalacqua (MC). Contó con la asistencia técnica del coordinador de Políticas Fiscales, José Garzón Maceda.Hoy, el Poder Judicial cuenta con 373 magistrados y funcionarios y 1.897 agentes, totalizando 2.270 activos. En condiciones de jubilarse hay para este año unos 202 agentes (48 magistrados y funcionarios y 151 magistrados de Paz y administrativos), para lo cual se necesitan unos 27 millones de pesos anuales. Sobre todo fue Garzón Maceda quien hizo hincapié en la necesaria “buena administración financiera y presupuestaria de las partidas del Poder Judicial para no desfinanciar el fondo compensador” que comenzaría con un superávit pero luego ese ahorro deberá utilizarse para los cinco años siguientes en sostén del sistema.A su turno, la titular del STJ, Ramona Velázquez, expresó que “este es un momento muy importante para el Poder Judicial, puesto que es un anhelo nuestro sobre el tema del régimen jubilatorio que lo venimos tratando desde hace mucho tiempo”.El diputado Claudio Wipplinger (Trabajo y Progreso) anticipó el apoyo de su bloque a la iniciativa al argumentar que “se trata de una cuestión de justicia social que la tomamos como un punto de partida para producir correcciones en otros sectores del Estado, inclusive fuera de él, por aquellos que luchan por su blanqueo, por una jubilación digna. Eso es parte de nuestra tarea en la Legislatura”, posición que recibió un cerrado aplauso de los magistrados presentes.El encuentro tuvo unos minutos de tensión cuando el camarista Miguel Moreira cruzó al diputado radical Luis Pastori, que había expresado su oposición en soledad a la medida, dejando entrever que se trata de una medida “extraordinaria”, lo que se interpretó como “de privilegio”. “No puedo quedarme callado cuando escuché en varias oportunidades que se ha referido a cuestiones extraordinarias, aportes y jubilaciones extraordinarias. Esto no es así, los integrantes del Poder Judicial nunca hemos pedido nada extraordinario, lo que hicimos es un aporte extraordinario por más de treinta años; nuestro aporte fue extraordinario cuando el beneficio no lo fue”, dijo Moreira.“No voy a permitir que se crea o piense que alguien de nosotros está buscando cuestiones de privilegio, una jubilación extraordinaria; lo que pedimos es reivindicar lo que es nuestro”, remarcó. Aseguró que en política de Estado es necesario “tener memoria” y recordó cuando “un 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, porque creo que nos tomaron al Poder Judicial como inocentes ese día del año 1985, el diputado preopinante (por Pastori) era secretario legislativo cuando se derogó la ley de enganche que tenía el Poder Judicial”. Rosanna Venchiarutti, presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, consideró que “en este sistema de jubilaciones que se propone para la provincia, el Poder Judicial hace un esfuerzo muy grande, especialmente los magistrados y funcionarios, ya que nos estamos autofinanciando, porque nosotros vamos a hacer un aporte muy importante, especialmente los jóvenes, quienes van a sostener el sistema”, dijo. Aclaró que “no es una cuestión obligatoria, sino voluntaria”.





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