POSADAS. La polémica abierta en torno a la posible inconstitucionalidad de la ordenanza que grava de manera creciente las edificaciones superiores a los nueve metros (de tres pisos aproximadamente) para crear un Fondo de Desarrollo Urbano, deja nuevamente en evidencia la superficialidad y la poca seriedad con la que el Concejo Deliberante local, asume algunas de sus decisiones. Algo que se observa frecuentemente en muchas otras decisiones donde los análisis se limitan a la labor de gabinete, sin mayor participación de los sectores interesados, y respondiendo sin criterio propio a las directivas políticas que se les encarga.Pero, una vez advertido el error o el daño que provoca, nada hace para corregirlo, lavándose las manos y desentendiéndose del tema.Otro ejemplo resulta la modificación a la ordenanza tributaria mediante la cual subió la carga de la tasa por cartelería y publicidad, que desató una catarata de críticas desde el sector comercial que es el que tributa. Incluso, desde organismos de gobierno pidieron por nota su suspensión. Pero el Concejo permanece ciego, sordo y mudo.Se desoye a los interesadosAdemás de la mencionada ordenanza 2693, igual comportamiento se observa también en la norma sancionada inmediatamente después de ésta que modifica el régimen tributario municipal e introduce nuevas tasas que afectan a amplios sectores de la actividad productiva posadeña, sin que para ello se haya consultado ni dado participación a los diversos organismos y asociaciones que representan a esos sectores sobre los cuales se carga impositivamente. El caso más paradigmático es el del gravamen a la cartelería comercial, duramente cuestionada desde ese sector que se ve forzado a afrontar mayores costos tributarios en una situación económica ya de por sí difícil.El claro cuestionamiento que hizo el titular de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Oscar Thomas, contra la norma que castiga a las edificaciones en altura, permite observar también la sumisión con la que el oficialismo renovador en el Concejo defiende esa posición. Tal el caso del presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto -encargada de estudiar el proyecto luego sancionado-, Carlos Alberto Báez (FR), que, sin pronunciarse sobre el planteo constitucional contra la norma, disciplinadamente la defiende, advirtiendo que esa nueva tasa es aplicable sólo en la urbanización de la zona regulada en el Frente Fluvial de Posadas (ordenanza 2916). “Permitirá retribuir el esfuerzo de la persona o de su familia” al verse obligados a trasladarse hacia el interior de la ciudad, aportando a mejoras “en su plaza o en su barrio” con el aporte de los comerciantes o empresarios que con sus construcciones “se beneficiaron con la costanera”, dijo en recientes declaraciones. Pero, sin mencionar la premura conque fue sancionada la norma, a posteriori de la de urbanización ribereña que desoyó, incluso, las inquietudes de los vecinos de Villa Sarita.“Desalienta la construcción”Para el arquitecto Thomas es todo lo contrario. Al cuestionarla, deja expuesta la poca profundidad con la que se estudió el proyecto que ignora y soslaya derechos y normativas vigentes.La ordenanza que fija el gravamen es “desproporcionada”, al no mantener “un equilibrio razonable, entre lo que persigue y el medio para alcanzarlo”. Además de los riesgos de quien ejecute la obra, “tiene que pagar el equivalente a un departamento con cochera incluida de los 24 que se construyan”, ejemplifica.“La ordenanza en cuestión es un ensayo inadecuado, imprudente y, lo más grave aún, violatorio del derecho de propiedad (…). Posadas está lejos de necesitar una legislación que desaliente la construcción, todo lo contrario”, subraya luego.“Yo no busco hacer un debate con el intendente, al contrario quiero aportar para que tengamos una ciudad mejor. Lo que promueve la ordenanza 2963, va a hacer lo contrario. Va a paralizar el desarrollo y la “densificación” de la ciudad que es lo que necesita Y tampoco va a recaudar lo que se pretende en el objeto de la ordenanza que es armar de recursos para desarrollo urbano e infraestructura que requiere el municipio”, aseguró el arquitecto Oscar Thomas de la EBY en entrevista con FM Show. Una opción para recaudar desde el municipioEn otro orden, el titular de la EBY advirtió en la entrevista radial que “hay otras fuentes de recursos que están a mano de la Municipalidad. Desde el 98 se vienen haciendo inversiones donde se gastaron más de 500 millones de pesos y que deberían recuperarse de los ciudadanos posadeños a través del sistema de contribución por mejoras, que es una ordenanza clave del municipio. Pero no lo hacen. Que la perfeccionen con la mismo injundia con que hicieron la otra y la hagan más aplicable, para hacerse de los recursos para una cuidad que es ampliamente demandante pro su desarrollo en el menor tiempo”.Thomas lamentó que no se “hubiera aprovechado la oportunidad en la modificación de la Carta Orgánica Municipal y le hubiera dado al municipio herramientas más eficientes para hacerse de recursos”. Y reiteró que la ordenanza 2693 “es gravosa. Lesiona el debido ejercicio del dominio de la propiedad, consagrado en la Constitución Nacional y el Código Civil sin cumplir los objetivos”.
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