POSADAS. Muchas veces en el debate político se cuestiona al Poder Legislativo por la falta de normativa para resolver temas que son demandas de diversos sectores sociales. Pero esta vez el dato apunta directamente a la inacción del Ejecutivo provincial. Más de 50 leyes sancionadas por la mayoría oficialista de la Legislatura (muchas de ellas incluso por unanimidad), dormirían injustamente en los cajones de los despachos más cercanos a Maurice Closs, a la espera que la gestión las despierte con su reglamentación y efectiva aplicación.El número mencionado comprendería el primer gobierno de Closs y parte del segundo (desde 2008 hasta el este año), sin contar que varias más fueron sancionadas en las últimas semanas y que incluso ni fueron publicadas en el Boletín Oficial con su respectiva promulgación.La lentitud del área Legal y Técnica gubernamental y de varios ministerios a los que se encarga la autoridad de aplicación y la respectiva reglamentación legislativa, salió a la luz en la última sesión ordinaria de la Cámara de Representantes, cuando el diputado Claudio Wipplinger (integrante del Consejo de la Magistratura por la oposición) reclamó a Closs el decreto que se necesita para iniciar el concurso para la designación de los integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores, creada por ley provincial en octubre del año pasado y con presupuesto designado para este año.Entre las que esperarían la reglamentación, estarían las leyes de creación del Registro Único de Taraferos de la provincia (Nº4450); el Régimen de Estampillado y Bancarización de la Yerba Mate (Nº 4459); la Provincial de Salud (Nº4388); de Voluntariado Social (Nº4522); Régimen de Promoción, Fomento, Radicación y Habilitación de Actividades de Producción Local (Nº 4512); de Ejercicio de Corretaje Inmobiliario (I Nº152); Adhesión a Ley Nacional de Tránsito 24.449 y Consejo de Seguridad Vial 26.363 (Nº 4511); autorización a circular con perro guía a personas con deficiencia visual total o parcial (XIX Nº52); Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual y Creación del Banco Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas (XIV Nº10); Regulación de Uso de Plantas con Efectos Terapéuticos para la Protección y Promoción de la Salud (XVII Nº73); entre otras.Algunas de las que se esperan prontas reglamentaciones también, están la de Libre Acceso a la Información Pública; Libre Acceso de Discapacitados a Espectáculos Públicos; la creación del Instituto Misionero del Cáncer sancionadas en este período.Promulgación y reglamentaciónLa Constitución provincial establece los plazos en los que el Ejecutivo puede objetar las leyes sancionadas por el legislativo, incluso para la promulgación. El artículo 103 le da al gobernador el plazo de diez días de haber recibido de la Legislatura la norma, para devolverla observado en todo o en parte. “Si no lo hiciere, el proyecto quedará convertido en ley y deberá promulgarse y publicarse por el Poder Ejecutivo en el día inmediato al del vencimiento del plazo o publicarse, en su defecto, por orden del Presidente de la Cámara”, indica su texto.En las leyes, en el final de sus textos, se suelen fijar los plazos de reglamentación de cada una de las normas (que suelen ir entre 90 y 180 días), que el Ejecutivo acata al promulgar, pero en la práctica termina no cumpliendo.En su mayoría, las leyes que faltan reglamentar, se encuentra publicadas. El problema se presentaría luego, cuando el gobernador envía a la que será la autoridad de aplicación que establece la ley, a sus asesores y a la Subsecretaría de Lega y Técnica, a cargo del polémico abogado Marcelo Syniuk, hombre de extrema confianza de Closs junto a Enrique Gross, jefe de Asesores del gobierno. Y al parecer, nadie se encarga de realizar el seguimiento de las tramitaciones. Y de estar los proyectos de reglamentación, el gobernador parecería no darles resolución.En medio del chequeo de los casos más importantes realizado por PRIMERA EDICIÓN, legisladores y funcionarios del Ejecutivo manifestaron su malestar, porque se encuentran con pocos avances en las tramitaciones. Sin embargo, pidiendo el anonimato, todos apuntan hacia el entorno de Closs como el lugar donde quedan los temas irresueltos.Incluso en los casos donde las reglamentaciones se intentan con comisiones interinstitucionales, los aportes de muchos sectores terminan no siendo escuchados. Y lo que es peor, estudiados proyectos de reglamentación terminan siendo presa de la burocracia estatal.Ahora, ¿al Estado le falta estructura para poder resolver las reglamentaciones? Con el solo hecho de pensar que Closs cuenta con una estructura de asesores superior al centenar, que los ministerios tienen como mínimo media docena, sin contar los funcionarios de segunda y tercera línea, más los técnicos que contrata cada organismo estatal, la respuesta es obvia.Mientras tanto todo sigue igualLos misioneros seguimos debatiendo por los tareferos que trabajan no registrados, trasladados en vehículos inapropiados o fuera de lo que la ley establece (con varios accidentes que terminan en tragedia). Con ONG que siguen trabajando a la espera de una norma reglamentada que los ampare y fortalezca su trabajo comunitario. Personas con discapacidad visual que invierten en sus perros guía y padecen las restricciones de acceso a determinados lugares. La falta o lentitud de la Justicia, con juzgados repletos de expedientes. Sin ahondar en los problemas del tránsito y la salud, donde se aplican medidas de acuerdo a normas nacionales en su gran mayoría. Hablamos de la promoción industrial, la radicación de empresas, pero la ley de fomento no está reglamentada. En muchos casos, gracias a precisamente planes y programas nacionales, las acciones estatales se llevan adelante como parches ante la falta de reglamentaciones claras que amparen la gestión de funcionarios provinciales.En materia gubernamental, el hacer es una decisión política. También la inacción. El caso de la Justicia es graveEl diputado provincial Claudio Wipplinger (partido Trabajo y Progreso) opinó que “en lo que hace a la designación de cargos judiciales, me parece que es lo más grave de todos los incumplimientos que está teniendo el gobernador Closs. En definitiva, la falta de interés en cumplir con las responsabilidades que tiene en la función. Casi una desidia en el cargo que ocupa. Creemos que sigue mostrando ser una persona que no supo entender la responsabilidad que le dio la gente. Y se dedica a seguir priorizando cuestiones personales, de gusto personal”.Recordó que “el reclamo que presentamos para conocer los motivos de la demora en firmar el decreto pa
ra los concursos de camaristas, es porque todo un grupo abocado a poder hacer la mejor selección de ternas de jueces no puede dar respuesta a una verdadera necesidad de la justicia como es esta Cámara de Apelaciones en lo Penal, sin ese decreto del gobernador. El daño se lo genera a toda la población misionera por la falta de ganas de asumir su responsabilidad. Incluso hay que contarle a la gente, que no es por falta de presupuesto, ya que los cargos para la Cámara de Apelaciones cuentan con una partida presupuestaria asignada, aprobada por la Legislatura, al igual que otros cargos en juzgados creados por ley que tienen como objetivo dar respuestas a la sociedad en un tema tan sensible como la Justicia”.“Así están otras leyes aprobadas que siguen esperando firmas para reglamentarse. Y muchos no entran en funcionamiento por esa falta de reglamentación. No se pueden justificar diciendo que no tienen asesores y técnicos. Estructura de asesores, recursos económicos y técnicos sobran”, agregó Wipplinger.El legislador pidió que el Gobierno provincial “deje de gastar 1,4 millones en desfiles, miles de pesos en paseos en helicóptero del gobernador lo que hace diariamente, para trabajar y hacer cumplir las obligaciones que tiene como gobernador. Acá hay falta de voluntad o una intencionalidad de no cumplir con los plazos que tienen las leyes para mejorar nuestra vida en sociedad”.
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