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La oposición le inició juicio político a Lugo por la masacre

22 junio, 2012

ASUNCIÓN, Paraguay (AFP-NA). La Cámara de Diputados aprobó sorpresivamente ayer un pedido de juicio político para destituir al presidente de Paraguay Fernando Lugo por “mal desempeño de sus funciones”, informaron oficialmente fuentes parlamentarias.La petición fue aprobada por 76 votos contra 1, como secuela de la matanza de seis policías y once campesinos en un choque armado el viernes en Curuguaty, 250 kilómetros al noreste de Asunción.Lugo anunció que no renunciará y que se someterá al juicio político de destitución. “Este presidente no va a presentar renuncia al cargo y se somete con absoluta obediencia a la constitución y las leyes a enfrentar el juicio político con todas sus consecuencias”, precisó el jefe de Estado en un mensaje a la Nación.Eulalio López, líder campesino de la Liga Nacional de Carperos, involucrada en los sangrientos choques del viernes, instó al campesinado a movilizarse para defender al gobernante. Sin embargo, fuentes gubernamentales señalaron a periodistas acreditados en la sede de gobierno que el jefe de Estado no permitirá una escalada violenta.El presidente, un ex obispo católico, dijo que denunciaba “ante el pueblo que su voluntad está siendo objeto de un ataque inmisericorde por sectores que siempre se opusieron al cambio para que el pueblo sea protagonista de su democracia”.Acusó a los congresistas de haber abandonado la mesura, la reflexión y de llevar “a tambor batiente” el juicio político en su contra. Señaló que los opositores “quieren robar la suprema decisión del pueblo” que lo eligió el 20 de abril de 2008.El Senado convocó inmediatamente a una sesión plenaria para aprobar el sistema de juicio político para que el jefe de Estado comparezca como acusado. “Vamos a fijar el plazo para que el presidente se entere del libelo acusatorio y se defienda”, dijo el presidente del Senado, Jorge Oviedo Matto.Sólo cinco partidarios de Lugo integran el Senado de 45 miembros.    Enrique García, procurador general de la República, que asumirá la defensa del presidente, dijo a la AFP que “el juicio puede durar varios días, dependiendo del plazo que establezca el Senado”. “Vamos a interiorizarnos del libelo acusatorio y nos defenderemos”, señaló el profesional.La aprobación del juicio se produjo después de que el Partido Liberal, que integraba la coalición de gobierno, decidiera apoyarlo. De los 28 diputados liberales, 27 votaron a favor del juicio político y uno estuvo ausente. El partido Liberal había conminado al presidente a destituir a su nuevo ministro del Interior Rubén Candia (colorado), que nombró tras la destitución de Carlos Filizzola el viernes después de la matanza, y reemplazarlo por un integrante de su nucleamiento político.“Los plazos se han acabado. Lugo no nos hace caso”, dijo ayer en conferencia de prensa el presidente de los liberales, Blas Llano, al anunciar el retiro del apoyo de su partido al jefe de Estado.Si Lugo es condenado por el Senado, asumirá el vicepresidente, Federico Franco, líder del partido Liberal, componente de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), la coalición que ganó las elecciones presidenciales de 2008. Las próximas elecciones presidenciales están marcadas para el 23 de abril de 2013 y el período presidencial finaliza el 15 de agosto de ese año.En un intento por desactivar la crisis, Lugo anunció el miércoles la formación de un grupo especial de “civiles notables” con apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) “para ofrecer un marco de garantía internacional al proceso de investigación” de las muertes.“Tenemos que conocer y esclarecer las responsabilidades y castigar a los culpables”, remarcó Lugo. “Hay indicios de que lo acontecido es obra de profesionales del delito”, apuntó, y especificó que existen “elementos que hacen suponer que quienes atacaron a los policías usaron armas de alto impacto”. Según la versión oficial, campesinos armados mataron a sangre fría a seis policías que fueron a parlamentar con ellos antes de proceder a desalojarlos de una propiedad privada que ocupaban en Curuguaty, noreste del país. Los agentes habrían repelido la agresión, matando a once campesinos.Lugo exhortó a “dejar de lado los intentos de obtener rédito político de la situación”.  Los problemas• La reforma agraria era una de las prioridades del Gobierno de Lugo, pero el mandatario tuvo dificultades para acercar posiciones entre las organizaciones campesinas y los propietarios mientras buscaba poner orden en el organismo encargado de la distribución de tierras a campesinos.• La pobreza extrema en el campo alcanza al 32,4% de la población y las fincas inferiores a veinte hectáreas que representan el 83,5% de las explotaciones, ocupan sólo el 4,3% de la tierra de cultivo, según el reporte.• Otro problema que envuelve al mandatario son las paternidades no admitidas o reconocidas tardíamente.• En mayo de 2009 reconoció como suyo a Guillermo Armindo (5), que concibió con Viviana Carrillo, hoy de 27 años.• Sin embargo, el ex obispo soporta dos demandas más, entabladas por Benigna Leguizamón (30) y Hortensia Morán (41).La primera, una ex limpiadora del obispado de San Pedro, pide el reconocimiento de su hijo Lucas Fernando (hoy con nueve años) y la segunda, una ex catequista, reclama que su hijo Juan Pablo también lleve el apellido Lugo.   Unasur sale en apoyoDurante una reunión de urgencia al margen de la Cumbre Río+20 (Brasil), los países del bloque sudamericano analizaron el pedido de juicio político contra Lugo. Evaluaron aplicar el protocolo contra golpes de Estado. El secretario general de Unasur, Alí Rodríguez (foto), y el canciller brasileño, Antonio Patriota, encabezaron la comitiva.Rodríguez, en comunicación telefónica con Telesur, confirmó que en Río de Janeiro se desarrolló un encuentro de cancilleres para analizar el tema. “La decisión del juicio político se ha precipitado, pues se realiza un día después del anuncio de la designación de una comisión para investigar estos hechos”, afirmó Rodríguez.A poco de terminar ese encuentro, el canciller brasileño, Antonio Patriota, informó que los presidente de la Unasur resolvieron enviar una misión de cancilleres a Asunción para asegurar “el pleno respeto al orden democrático”.“Los presidentes expresaron la convicci&oacu
te;n de que se debe preservar la estabilidad y el pleno respeto al orden democrático, conservar el pleno cumplimiento de los dispositivos constitucionales y asegurar la defensa del debido proceso”, afirmó Patriota. “Los presidentes consideran que los países de la Unasur conquistaron con mucho esfuerzo la democracia y en ese sentido nosotros debemos ser defensores extremos de la integridad democrática”, indicó.   Los pasos del proceso de juicio político• El artículo 225 de la Constitución paraguaya indica que el Presidente, el Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral sólo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes.• Para iniciar un proceso de juicio político, la acusación debe ser formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios, es decir, se necesita que 54 de los 80 diputados estén a favor de la medida. Este jueves 76 miembros de la Cámara baja votaron a favor del juicio político al presidente de la República, Fernando Lugo, contra 1 en contra; por lo que se dio el primer paso.• Luego corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público al presidente Fernando Lugo, acusado por la Cámara de Diputados. En una sesión especial, el Senado se convierte en tribunal para juzgar al presidente. Las partes presentan el caso. Los diputados serán los fiscales acusadores, representados por Carlos Liseras, Sebastián Acha, Oscar Tuma, José López Chávez y Jorge Ávalos Mariño. Mientras, la defensa del presidente Fernando Lugo, estará a cargo de Emilio Camacho, Enrique García y Adolfo Ferreiro.• Al presentar ambas partes sus argumentos, el Senado empieza a votar para dictaminar una sentencia sobre el tema.• En caso de que el Senado lo declare culpable, automáticamente queda separado del cargo y en caso de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria. • Al ser separado del cargo, asumirá el actual vicepresidente, Federico Franco. Finalmente el Congreso se debe reunir y elegir a un ciudadano (parlamentario o no) para ocupar el cargo de vicepresidente. 

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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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