POSADAS. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas remitió ayer un oficio al gobernador, Maurice Closs, solicitando que en un plazo de 48 horas informe sobre el decreto 897, firmado en 2005 por el entonces gobernador Carlos Rovira, y vinculado al reordenamiento del archivo de la administración pública provincial. Los magistrados; que integran el Tribunal en calidad de subrogantes en el juicio que se le sigue a 5 ex integrantes de la Policía de la Provincia de Misiones; tomaron la decisión por unanimidad luego de que uno de los acusados, el agente sumariante Julio Amarilla -quien declaró ayer por la mañana por primera vez en la etapa oral del juicio-sorprendiera a la audiencia negando haber participado en la elaboración del expediente 75 Bis- en el que constan las detenciones ilegales que se investigan en la causa.Ayer, tras una extensa audiencia en la que declararon el mencionado Amarilla; el ex policía Carlos Pombo; el ex jefe del departamento de Informaciones de la Policía, Felipe Giménez y el ex médico policial Roque Mendoza; los cuatro acusados por “tormentos agravados y privación ilegítima de la libertad” -aunque en diferente cantidad de casos- se procedió a incorporar las últimas pruebas y; luego de que se reciba la respuesta de Closs, se iniciaría la etapa de los alegatos. A principios de julio, se estima, se contaría con una sentencia en este cuarto juicio que investiga la represión en Misiones en los años de la dictadura. Con las declaraciones de Amarilla y Pombo; que ejercieron ayer por primera vez el derecho de defensa en juicio que les asiste, el único que se mantiene en total mutismo es el coronel Omar Herrero; ex jefe de la Policía de Misiones durante la dictadura y que debe responder por más de cuarenta casos. El acusado Amarilla insistió en su declaración en que las actividades de la represión se hicieron siguiendo un decreto emitido en tiempos del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón y que “utilizaba el término aniquilar (a la guerrilla) lo que quiere decir no dejar a nadie vivo”, interpretó Amarilla. En esa línea, que luego lo llevaría a catalogarse como “un simple agente de policía” sin capacidad de iniciativa; el ex sumariante instaló como una nueva estrategia de su defensa la afirmación de que nunca había participado de las sesiones en las que -mediante las más aberrantes torturas- se confeccionó el expediente 75 Bis; una pieza clave en la investigación de las 92 detenciones ilegales realizadas en el período que siguió a la instalación de la sangrienta dictadura del “Proceso de Reorganización Nacional”, el 24 de marzo de 1976. “Vení acá Negro”En su alocución, Amarilla sostuvo que en diciembre de 1976, el capitán Castex Laprida, del Área 232 del Ejército, se apersonó en la jefatura, donde Amarilla trabajaba como administrativo, en el Departamento de Informaciones; y lo obligó a firmar las actas de los interrogatorios y torturas “sin dejarme mirar el contenido”. Me dijo “vení acá negro me tenés que firmar esto, y cuando yo le contesté que quería ver qué era, me dijo, no te interesa, y más vale que firmes, es una orden”, aseguró el acusado que fue el intercambio verbal que tuvo con el enviado del Área 232.Amarilla también se quejó en su declaración de que no se le permitió aguardar el juicio en libertad, “un derecho que sí se le concedió al general Díaz Besone”, disparó, aludiendo a quien fuera responsable de las acciones represivas de la dictadura en todo el área Nordeste. En el mismo sentido de “cumplir órdenes” y resaltando que su accionar no tuvo “nada que ver con estas detenciones”, se expresó el ex futbolista y ex policía Carlos Pombo; quien dijo que “los que estamos acá somos unos pobres estúpidos, los verdaderos culpables de la represión están libres”.Pombo se esmeró en un relato de sus tiempos de popular futbolista del club Atlético Posadas y aseguró que su actuación en la Policía de la provincia, a la que llegó por medio de las autoridades del club, estaban vinculadas al archivo judicial y “nunca a participar activamente” en las acciones represivas. Rechazó los testimonios de víctimas que dijeron haber oído su nombre durante las sesiones de tortura y subrayó que como futbolista estaba obligado a entrenarse todos los días y jugar los domingos, por lo que no podía haber estado en los operativos. El ex jefe de Informaciones Giménez pidió que se anulen la mayoría de los testimonios en su contra, por supuestas inexactitudes o contradicciones de los testigos, vías que -referida a menos casos- reiteró también el médico policial Roque Mendoza. Un nazi convencidoPor un error, en la edición de ayer de este diario se consignó como integrante de la Policía de Misiones al comisario Alberto Rodríguez Mendoza; quien fue mencionado por el ex ministro de Gobierno Mario Ovando, el lunes en su declaración en juicio, como autor confeso del asesinato del militante del peronismo auténtico Juan Figueredo. Rodríguez Mendoza pertenecía en realidad a la Policía Federal y ocupaba el cargo de subdelegado de esa fuerza en la provincia cuando se produjo el golpe de Estado de 1976; siendo en éste último año cuando le confesó a Ovando que había ejecutado personalmente a Figueredo de un balazo en la localidad de Yacutinga. El propio Ovando aclaró a PRIMERA EDICIÓN que la confesión no fue en una simple conversación privada; sino que el represor le habló en tono de amenaza y mientras le aconsejaba que abandone el país. Para graficar la personalidad del subdelegado, Ovando, quien era funcionario del gobierno de Miguel Ángel Alterach, contó que Rodríguez Mendoza tenía en su despacho una fotografía de Adolf Hitler y guardaba una pistola disimulada en el interior de una Biblia. La anécdota del ex ministro podría ser importante, ya que al haber sido aportada al declarar ante el Tribunal, la Fiscalía está obligada a iniciar una investigación.
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