POSADAS. Un proyecto ingresado a la Legislatura provincial, de ser votado en el recinto, obligará a personas o empresas que publiquen avisos para ofrecer empleo a que acrediten identificación y domicilio reales con entrega de fotocopia del DNI y de una boleta de servicio o bien el número de razón social del organismo. La iniciativa busca regular el mercado de trabajo, donde hay poco o nada de control y que a la vez sirva como mecanismo de prevención ante posibles casos de trata en una provincia que sigue figurando como una de las mayores “proveedoras” de víctimas para ese delito. La norma, que se encuentra en estudio en la comisión de Asuntos Constitucionales y de Derechos Humanos, exige por ejemplo que para la publicación de avisos, los eventuales empleadores cumplimenten los siguientes requisitos: dejar en archivo (sea el medio de comunicación que fuere) una fotocopia de DNI del titular que hiciere la publicación y domicilio real del lugar de prestación laboral. Si el solicitante es una empresa, del tipo bolsa de empleo, estará obligado a consignar razón social, empresarial o denominación de la sociedad de hecho. En la actualidad, el empleador deja sus datos en un formulario que se le entrega en el medio, pero no está obligado a presentar documentos que certifiquen los datos que declara. La iniciativa, de la autoría del diputado provincial Carlos Pereira, consensuado con el Ministerio de Derechos Humanos, “pretende que estos archivos pasen además a integrar una base de datos en los registros judiciales, con el afán de proteger a las personas que se presentan a trabajar, ya que actualmente no hay manera de tener esos datos y muchos han venido de parte de las redes de trata. El fin es que este registro sirva a los investigadores para empezar a buscar si fuera necesario”, explicó Pereira a PRIMERA EDICIÓN.“Pienso que aquella persona o empresas que publique estos avisos de buena fe no va atener problema en acreditar su identidad. Los que actualmente lo usan como trampa ya no lo van a poder hacer más”, subrayó el funcionario. “Esto va a obligar a que los avisos ya no tengan la informalidad que poseen actualmente, principalmente en los medios radiales o televisivos, en donde priman los mensajitos de celular para ofrecer empleo y algunos de ellos puede ser una trampa para captar a quien busca trabajo desesperadamente”. Algunas argumentaciones“La trata de personas es un crimen que somete anualmente a millones de personas a nivel mundial a condiciones de esclavitud, siendo muy lucrativo para algunos pero de sometimiento a torturas, malos tratos, crueldad, pérdida de derechos básicos como la libre circulación, la educación o una vida digna”, se señala entre los fundamentos, donde también se sostiene que “esta ley propone trabajar la prevención del posible delito a través del mero trámite que haría posible la identificación del captador”.Si bien Pereira reconoce que obligar a la creación de esta base de datos “podría ser un trámite engorroso para aquellas personas honorables que sólo buscan un personal para desempeñarse en un puesto laboral ofrecido; también se entiende que en la prevención del delito es el mejor paso a seguir”.“Hay innumerables ejemplos de recortes sospechosos que dan números de celulares para contratación de jóvenes, ofreciendo tentadores salarios que seducen a cualquiera. Esta publicación engañosa es la que debemos combatir a través de la claridad del anuncio”, se explayó el funcionario.
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