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Masacre durante un desalojo en Paraguay: al menos 18 muertos

16 junio, 2012

CURUGUATY, Paraguay (Agencias y diarios digitales). Tras nueve horas de intensos enfrentamientos, siete policías y once campesinos murieron en una balacera registrada ayer durante el intento de desalojo de unos 150 agricultores que invadían una reserva forestal. El tremendo caso registró al menos 80 heridos.El suceso se produjo en la reserva forestal de 2.000 hectáreas ubicada en el interior de la hacienda Morumbí o Morombí, propiedad del ex senador del opositor Partido Colorado Blas Riquelme, 400 kilómetros al noreste de Asunción.“Expreso mi gran pesar y repudio a los hechos que condujeron al fallecimiento de personas”, dijo el mandatario Fernando Lugo y agregó: “Manifiesto mi firme respaldo a la tarea de las Fuerzas del orden que se desempeñan en defensa y preservación de la ley. He ordenado a las Fuerzas Armadas a sumarse de inmediato desde su misión específica en apoyo a este operativo”.  Se retiró sin aceptar preguntas. El jefe de Estado suspendió sus actividades oficiales cuando supo que uno de los muertos es el comisario Erven Lovera, hermano del jefe de seguridad militar del mandatario, el coronel Alcides Lovera.IdentificadosEl hasta ese momento el ministro del Interior, Carlos Filizzola, informó sobre el deceso en combate de once campesinos. El número de policías fallecidos también fue ratificado por la dirección del hospital público del departamento de Curuguaty. El diario ABC Color de Paraguay constató la muerte del oficial inspector Osvaldo Sánchez, subjefe de Grupo Especial de Operaciones (GEO); el subcomisario Erven Lovera, jefe de GEO; además de Wilson Cantero, Derlis Benítez, Juan Gabriel Godoy, Jorge Rojas y Mariano Ojeda. En los combates también perdieron la vida once campesinos de los cuales fueron identificados Avelino Espínola Díaz -conocido dirigente campesino de la zona, Arnaldo Ruiz Díaz Meza y Delfín Duarte. Al mediodía, el comisario Walter Gómez, jefe de investigaciones policiales en Curuguaty declaró a la radioemisora Cardinal de Asunción que “la balacera continúa en medio de la selva porque los invasores no quieren rendirse, entonces debemos seguir combatiendo hasta dominar la situación”. La situación quedó bajo control a la siesta. “Se veía venir”José Rodríguez, líder de los carperos, organización a la que están vinculados los campesinos que ocupan las tierras de Campo Morumbi, afirmó que en reiteradas ocasiones se había advertido que este conflicto podía desembocar en un enfrentamiento violento. Los campesinos afirman que la propiedad de Riquelme son tierras malhabidas que deben ser restituidas al Estado paraguayo. “Estos problemas no se solucionan enviando más armas y balas, obviamente por ese camino solo se van a empeorar las cosas”, aseguró el líder de los carperos al diario guaraní La Nación. De acuerdo con Rodríguez, los campesinos resistieron el desalojo, aunque no explicó cómo los labriegos contaban con poderosas armas de guerra, capaces incluso de atravesar los chalecos antibala. “Será peor”Héctor Cristaldo, presidente de la patronal Coordinadora Agrícola del Paraguay, dijo que el Gobierno “fue muy contemplativo con todos los invasores de la propiedad privada desde hace tres años. Incluso, meses atrás, cuando otros supuestos campesinos sin tierra ingresaron ilegalmente a fincas de soja en el Alto Paraná, el presidente Lugo los ayudó con alimentos, médicos, enfermeras e instaló escuelas primarias móviles bajo carpas. Lo correcto hubiera sido apresarlos”.José Rodríguez, considerado asesor de los invasores, comentó: “Lugo no puede solucionar un problema social grave: la recuperación de tierras estatales adquiridas décadas atrás por personas no sujetas a la reforma agraria, como Riquelme. Vivimos una situación grave y será peor porque el pueblo pobre necesita un pedazo de tierra”. “Los compañeros que resisten el ataque de los policías no tienen entrenamiento militar ni armas de guerra, sólo poseen rifles calibre 22 milímetros”, informó. Las primeras versiones indicaron que apenas iniciaba el día, efectivos de la Policía Nacional apoyados por el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de Ciudad del Este se aprestaron para partir de Curuguaty rumbo a Morombí equipados para un eventual enfrentamiento con los ocupantes. En primera línea estaba el subcomisario Erven Lovera y su grupo de la GEO, especializado en desalojos. Cuando llegaron a un sector boscoso para ver cómo iban a trabajar, el fuerte sonido de los disparos los sorprendió. “Lovera y sus colaboradores recibieron los balazos en la cabeza, sin que puedan reaccionar”, indicó el matutino ABC Color. “Es que desde el espeso bosque personas con preparación de paramilitares y con características de francotiradores los volvieron presas fáciles. Ni los chalecos antibalas que llevaban los intervinientes los salvaron de la balacera, lo que significa que las armas son de uso militar, informaron fuentes policiales. En solo minutos, decenas de heridos de la Policía cayeron por los balazos”, abundó el matutino paraguayo. En la primera línea, los efectivos de la GEO se llevaron la peor parte, de los cuales seis perdieron la vida. “Supuestamente, se trató de una emboscada que los policías no se imaginaban y por eso no llevaron las armas de fuego en el procedimiento. Tras el ataque, los agresores se replegaron al monte y allí hubo confusión generalizada entre los uniformados”, indicó el diario en base a diferentes testimonios. Los heridos fueron evacuados en helicópteros de la Policía que también fueron baleados por los atacantes. Las naves no cayeron pese a la lluvia de proyectiles.  Claves• La reserva forestal de 2.000 hectáreas se encuentra en el interior de la hacienda Morumbí, propiedad del ex senador del opositor Partido Colorado Blas Riquelme. “Hace veinte años declaramos como reserva forestal la zona boscosa pero desde el año pasado los campesinos la quieren para instalarse en ella. • Los fiscales Miguel Rojas y Ninfa Aguilar ordenaron el desalojo meses atrás pero la Policía no pudo cumplir el mandato porque primero buscó que abandonaran el predio pacíficamente pero se negaron”, dijo José Riquelme, hijo del propietario.• El ministro del Interior, Carlos Filizzola, quien se reunió con el jefe de Estado, Fernando Lugo, y el ministro de Defensa, Catalino Roy, mencionó que hasta el momento desconocen si está vinculado a estos hechos el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), una banda criminal que opera e
n las regiones boscosas del centro y noreste del país.• La reforma agraria era una de las prioridades del Gobierno de Lugo, pero el mandatario tuvo dificultades para acercar posiciones entre las organizaciones campesinas y los propietarios mientras buscaba poner orden en el organismo encargado de la distribución de tierras a campesinos.• Según un informe reciente de la organización humanitaria Oxfam, la desigualdad de ingresos y en la tenencia de la tierra sigue siendo una de las más altas del planeta en Paraguay.• La pobreza extrema en el campo alcanza al 32,4% de la población y las fincas inferiores a 20 hectáreas que representan el 83,5% de las explotaciones, ocupan sólo el 4,3% de la tierra de cultivo, según el reporte.   EL VIOLENTO DESALOJO QUE ENLUTÓ A PARAGUAY“Entraron sin chalecos, armas largas y municiones suficientes”El suboficial Agustín Duarte, de Investigación de Delitos de Curuguaty, participó del intento de desalojo.En conversación con el corresponsal del diario paraguayo La Nación relató que el enfrentamiento fue claramente una emboscada preparada con antelación y premeditación. “Los agentes entraron sin chalecos, sin armas largas, con escasas municiones y con algunas escopetas con balines de goma”, dijo Duarte. Internado en un centro de salud, el agente de seguridad señaló que la emboscada del grupo armado “con poderosas armas de guerra” incluyó “alambradas, clavos miguelito” y “francotiradores que apuntaron directamente a la cabeza de los policías”. “Entramos como carnada. Fue una emboscada”, aseguró Duarte, quien fue herido en el muslo izquierdo mientras intentaba auxiliar a un compañero.   Jefe policial muerto había pedido suspender el operativoUn mando policial que llegó a la zona para auxiliar reveló que el subcomisario Erven Lovera (foto), jefe de al Grupo Especial de Operaciones (GEO), había solicitado suspender el operativo en Curuguaty, debido a la insuficiente cantidad de agentes.“Él pidió a gritos que no se realizara el operativo. Por el riesgo que significaba”, manifestó el comisario Carlos Núñez, responsable de la cooperativa policial, al diario La Nación.Comentó que Lovera incluso había llamado a sus familiares para advertir sobre las consecuencias del operativo. “Llamó a su familia diciendo que a lo mejor no pasaba el Día del Padre”, relató.El comisario se solidarizó con toda la familia de los policías abatidos y calificó como “una vergüenza” que se haya ejecutado un operativo de desalojo sin el número y equipamientos necesarios.Posteriormente indicó que Lovera estaba casado y tenía tres hijos.   Intendente afirma que un grupo armado practica en CuruguatyEl intendente de Curuguaty, Ramón Vega (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA), informó que existe un grupo armado en la zona en la que se registró un enfrentamiento armado entre campesinos y policías.El encargado de la comuna de Curuguaty manifestó a la radio 970 AM que recibió esa información y que, además, la intendencia a su cargo prestó ayuda a los campesinos que ocupaban las tierras del empresario y ex legislador colorado Blas Riquelme, en el departamento de Canindeyú. La ayuda que brindaron a los ocupantes era con yerba, hielo y agua y otros víveres, indicó Vega durante una conferencia de prensa que realizó en la ciudad de Asunción.Vega se presentó alrededor de las 11 en la redacción del diario paraguayo ABC Color, mientras se registraba el enfrentamiento en Curuguaty, para aclarar que no tenían ninguna vinculación con lo que estaba ocurriendo en su comuna.   Fiscal defiende la actuación policial y fustiga el protocolo del procedimientoLa fiscal Lilian Ruiz se refirió a los hechos y advirtió que “el protocolo para desalojos obliga a autoridades a rendir pleitesía a delincuentes”.La representante del ministerio público criticó el sistema de procedimientos ya que “hace que las personas que aplican la ley tengan que arrodillarse ante delincuentes”.“Ellos (los policías) deben ser declarados mártires porque pusieron la vida”, sostuvo Ruiz. Según la agente del Ministerio Público el Gobierno no quiere que se acabe este problema ni quiere admitir que la guerrilla está instalada en el país.“Este protocolo nos obliga a nosotros, autoridades fiscales y policiales, a rendirles pleitesía a estos delincuentes”, abundó la funcionaria judicial.La fiscal Ruiz dice que el gobierno solapa la guerrilla. “Que carperos, que reforma agraria, no… son unos delincuentes”.“La gente que estamos en el interior estamos luchando contra la guerrilla armada”.   Iglesia lamenta violenciaLa Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) lamentó la muerte de policías y campesinos y expresó solidaridad con familiares de las víctimas.Los obispos de la Iglesia Católica, manifestaron que “bajo ninguna circunstancia se puede violentar el Estado de Derecho transgrediendo las leyes y de la República, ni mucho menos reaccionar violentamente disparando a matar contra vidas humanas al ser exigidos por la Policía y Fiscalía, como sucedió en este caso, en el cumplimiento de las leyes vigentes en relación a desalojos”.“Exhortamos a evitar mayores escaladas de violencia y a ceñirse a los procedimientos enmarcados en las leyes para buscar justicia como corresponde”, indicaron.“Irresponsabilidad”La Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) expresó que los hechos desnudan “una muestra de irresponsabilidad del Gobierno. “Rechazamos enérgicamente los hechos de asesinato de campesinos y policías y cerca de centenares de heridos, es una muestra de irresponsabilidad del Gobierno, y sostenemos que no será la forma de dar respuestas a los graves problemas que sufre la gran mayoría de la población. Repudiamos la utilización de la violencia como mecanismo de reclamos utilizando la extrema necesidad de la gente”, señaló el MCNOC.   Dos renunciasLa masacre de Curuguaty forzó anoche la ida del ministro del Interior, Carlos Filizzola. También será reemplazado el comandante de la Policía, Paulino Rojas.El ministro había dicho durante la jornada que no tenía motivos para retirarse, en medio de la crisis desatada tras el enfrentamiento a tiros entre sintierras y agentes policiales. Dos de los efectivos eran los comisarios y líderes del Grupo Especial de Operaciones (GEO).Algunos diputados decidieron emplazar hasta las 20 al presidente Fernando Lugo para que destituya a Filizzola. Senadores de partidos opositores igualmente pid
ieron “la cabeza” del ministro del Interior y del ministro de Defensa.Carlos Filizzola manifestó en conferencia de prensa que no renunció al cargo, sino que lo puso a disposición del presidente. Precisó que fue el mandatario Fernando Lugo quien resolvió removerlo.“El presidente aceptó, hablé esta noche, hace unas horas y llegamos a esa conclusión. Ha tomado la determinación de dar curso a lo que le pedí”, indicó el saliente ministro del Interior.Por otro lado, aseguró que la misma decisión se adoptó con relación al comisario Paulino Rojas, quien dejará la comandancia de la Policía.Agregó que la decisión no cambia en nada su compromiso con el proyecto que apoya la presidencia de Lugo.A poco de confirmarse la salida de Carlos Filizzola,  se confirmó que el nuevo ministro es Rubén Candia Amarilla.Fuentes del gobierno confirmaron que el exfiscal general del Estado asumirá el cargo hoy.Fuente. ABC Color 

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El artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT reconocen el derecho de los pueblos indígenas a la posesión comunitaria de sus territorios y prohíben los desalojos sin consulta previa. Sin embargo, en 2024, el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, lo que provocó, desde entonces, una ola de desalojos en muchas provincias.
Enzo, Lionel y Milagros nacieron el 7 de diciembre, pasaron semanas en neonatología y su historia conmovió a Misiones. Hoy, ya en casa, crecen acompañados por sus padres, Valentina Benítez y Ezequiel Dobler, una joven pareja que celebra la vida pero enfrenta un nuevo desafío: ambos se encuentran en búsqueda de trabajo para sostener la crianza de sus tres hijos.
El constante incremento en el combustible encarece el flete y se calcula que, si se aplica un alza, impactará en aquellos artículos que eventualmente enfrentan mayor escasez, como el dorado.
Licenciada en enfermería, lleva más de 30 años en la profesión y ejerce en el Hospital Nivel III Samic de Oberá. Se especializó en atención neonatológica y pediátrica y ayudó a salvar miles de vidas, labor por la que recibió el reconocimiento “Marta Teodora Schwarz - El Ángel de la Selva”. Junto a sus hijos: Adriano y Franco creó la iniciativa solidaria “Juguete pendiente Oberá”.
Lo advirtió el docente Fabián Doretto, quien se desempeña como personal único en una escuela de Campo Ramón. Quien fue distinguido como el “Maestro del Año” en 1999, invitó a tomar conciencia porque “están quedando despobladas, bajando de categoría y se cierran secciones, que son fuentes de trabajo”.
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