Nubarrones

El síndico Daniel Reposo tuvo que renunciar el jueves, finalmente, a su nominación al cargo de procurador general de la Nación, en reemplazo del ex ministro del gobierno de Héctor Cámpora, Esteban Righi, desplazado a causa de las repercusiones de la investigación judicial contra el vicepresidente, Amado Boudou, por su presunta relación non sancta con la empresa ex Calcográfica Ciccone.Pese a que horas antes la propia presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, había elogiado sus condiciones para el cargo, Reposo no pudo superar la virtual interpelación de diez horas de duración que enfrentó en su paso por el Senado, en el marco de la cual salieron a la luz incongruencias en su currículum que supo utilizar la oposición -especialmente los senadores de la UCR- para ponerlo contra las cuerdas. En la nota que el renunciante envió al Senado para informar de su decisión, se quejó de un supuesto trato impiadoso de la prensa en general, fustigó a los medios Clarín y La Nación y a la sumisión de los legisladores de la UCR a la estrategia de éstos.Al comparecer en el recinto del Senado, el martes, Reposo negó tener causas abiertas y afirmó en cambio que había formulado “más  de cuarenta denuncias contra Papel Prensa”, con lo cual abonó la interpretación de que la caída de su nominación a la Procuraduría General fue un capítulo de  la guerra declarada que libran el Gobierno y el Grupo Clarín.El paso atrás obligado de Reposo le dio un respiro al oficialismo, que veía escapar definitivamente las posibilidades de lograr los dos tercios de los votos que necesitaba para votar afirmativamente la  nominación, por lo cual, de inmediato, Cristina respondió enviando al Congreso la nominación de la fiscal Alejandra Gils Carbó.El derrape legislativo no supone un costo político significativo. Sin embargo, sumó argumentos al frente de tormentas que el gobierno no pudo impedir que se formara en los últimos días, en respuesta a la postura rígida gubernamental en  su política de restricciones a las importaciones y a la compra de dólares y en el revalúo inmobiliario bonaerense. Las huelgas sorpresa que anuncia el sindicato camionero de los Moyano, y la vuelta a la protesta de las entidades agrarias, curiosamente en coincidencia con un repunte del precio internacional de la soja que superó los 500 dólares por tonelada, integran el nuevo escenario de complicaciones que enfrenta el gobierno K.En declive De alguna manera, se podría decir que la situación de la economía comienza a parecerse a la que acompañó la declinación de la última etapa del primer peronismo, en la que en un marco de control de precios y problemas de abastecimiento, se frenó el crecimiento a causa de un  proceso basado en el consumo, que descuidó la inversión.En una semana en que las bajas temperaturas fueron las grandes protagonistas, que le pusieron freno a más de una actividad, en algunos barrios porteños se realizaron “cacerolazos” contra el gobierno, reflejando el mal humor social que impera, sobre todo en las capas medias,  por las medidas respecto al dólar y las preocupaciones en cuanto a la estabilidad del tipo de cambio.Apalancado en los 46.700 millones de dolares de reservas depositados en las arcas del Banco Central, y en la nueva legislación que le facilita al Ejecutivo el uso de reservas, el Gobierno no da muestras de dar el brazo a torcer en sus políticas de controles, aunque trascendió que la fallida incursión de Reposo en el Senado y los ruidos de cacerolas en el Barrio Norte no le pasaron desapercibidos a la Presidenta.El tabaco en la miraEn la provincia, las heladas de los últimos días afectaron a los productores que venden en las ferias francas, en especial los que comercializan verduras, según contó el titular de la asociación que reúne a los feriantes, Eugenio Kassalaba. Una buena noticia fue, al contrario, la reunión en Buenos Aires de los ministros de la Producción de las provincias tabacaleras con el ministro Norberto Yauhar, quien les informó sobre una nueva metodología en cuanto a la distribución de los recursos del FET, que la Nación busca “transparentar y agilizar”.Curiosamente, destacó que se pidió a todas las provincias que envíen los padrones con los productores beneficiados, que se cruzarán debidamente con otros padrones, “como debe ser”, subrayó Yauhar, sugiriendo que en la actualidad no hay control sobre estos datos básicos de administración de los fondos. Los funcionarios provinciales  expresaron su beneplácito por las reformas, que le darían más aire a los ministros del área agraria de las provincias, aunque también se desprende, de las declaraciones del ministro,  que “el monitoreo” de la Nación será también desde ahora más intensivo y frecuente. De esta forma, el conato de protesta que habían armado las provincias y las empresas tabacaleras se desdibujó rápidamente, y aparentemente en lo sucesivo se viene un período en el que la gestión de esta importante masa de recursos que pagan los fumadores será perfeccionada en muchos aspectos.En la provincia, como ocurrió en los 90 con la no aclarada volatilización de 15 millones de pesos del Fondo, no hay demasiada claridad en cuanto al rendimiento y a la racionalidad del circuito de gestión de los fondos.  Yauhar sugirió una  reestructuración seria, al anunciar que “cada uno de los ministros va a tener una discusión, puertas adentro, con sus gobernadores, sus productores, de cómo van a ser utilizados esos fondos. Nosotros vamos a aportar mayor control, transparencia y practicidad; y nos vamos a encargar de que esos fondos le lleguen a los que realmente le corresponde”.Otro de los temas excluyentes de la semana se concentró en la sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública, impulsada por el presidente de la Cámara, Carlos Rovira, sumando a su proyecto las iniciativas presentadas por los opositores Luis Pastori y Pablo Tschirsch.Pero el derrotero de la norma tuvo sus turbulencias. El dictamen salió con un criticado artículo 18, que decía: “El adquirente de la información que publicite la misma en forma total o parcial o utilice la misma, como fuente de investigación, remisión de datos en artículos o editoriales, que implique una distorsión maliciosa de la información suministrada, es responsable civil y penalmente por su accionar, sin perjuicio de la denegación por parte del órgano requerido de suministrarle en lo sucesivo información de su dependencia, previa resoluci&a
mp;oacute;n judicial de la determinación de su responsabilidad”. La ola de rechazos que desató tal artículo hizo que el oficialismo diera marcha atrás y la ley salió sin ella.