POSADAS. Ningún funcionario provincial explicó aún con certeza las definiciones políticas que el Ejecutivo de Misiones dio a una demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra un decreto nacional que ratificó la vigencia del Régimen de Promoción Industrial que desde Carlos Menem a Cristina Fernández vienen ratificando sin incluir a nuestra provincia.A inicios de la década pasada, la provincia de Mendoza -con Arturo Lafalla como gobernador-, inició una demanda judicial a la Nación en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la aplicación del mencionado régimen que benefició sólo a San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja El fundamento mendocino fue que las empresas de Mendoza se iban a San Juan, bajaba la cantidad de mano de obra activa y la recaudación impositiva se caía, afectando la coparticipación.A dicha demanda, por cientos de millones de pesos, se sumaron por aquel entonces dos provincias más: La Pampa (con Carlos Verna como gobernador; y Misiones con Carlos Rovira al frente del Ejecutivo). La demanda obtuvo un dictamen favorable en 2003 del ex Procurador General de la Corte Nicolás Becerra. Pero la CSJ, más allá de rechazar en marzo de 2012 dos amparos contra el decreto 699/10 que extendió la vigencia de la medida por 15 años (hasta 2025), no resolvió la cuestión de fondo: si la medida era inconstitucional o no. Cuando se presentó la demanda, era Fiscal de Estado misionero Jorge Lloyd Wickström (la Fiscalía es quien ejerce la representación judicial), quien avanzó con la demanda ante la Corte, incluso pidió a Economía de la provincia un cálculo de lo que Misiones habría perdido por quedar fuera del régimen. Inicialmente, se arriesgó que fueron unos 500 a 600 millones de pesos que, a más de una década, con montos actualizados, se convertirían hoy probablemente en dos mil a tres mil millones de pesos. Pero nadie dice qué pasó con la negociación extra judicial, habiendo buena sintonía entre gobernador y presidente, para cobrar desde Misiones el crédito originado por el perjuicio.Otros ya negociaronLas provincias que demandaron a Nación fueron negociando, con el paso de los años, canjear el crédito de la pérdida -por no contar con el régimen de promoción-, por obra pública o descuentos en las deudas con Nación. Ex gobernadores de Mendoza como Cobos o Jacque pidieron la construcción del embalse Portezuelo del Viento o el paso El Pehuenche a Chile. Incluso, el actual mandatario, Francisco Pérez, avanza en la inclusión de su provincia en el régimen promocional. Pero Misiones no habría logrado concretar siquiera el intercambio del millonario crédito. A tal punto que ayer, trascendió que hay desacuerdos entre la Fiscalía de Estado provincial y los asesores de Maurice Closs (dirigidos por Enrique Gross) sobre los pasos a seguir para hacerse del crédito millonario. “Si no se ponen de acuerdo, podemos llegar a perderlo, porque los tiempos jurídicos no son los políticos. Lo llamativo es que los asesores estarían pidiendo la intervención del propio Closs para salir a negociar con Nación, ya que San Juan y Mendoza habrían negociado los canjes del crédito y nosotros estaríamos aún en la discusión de qué hacer”, confió una fuente técnica gubernamental.Existe incluso una duda respecto del acuerdo fiscal Misiones-Nación: no se sabe si en las refinanciaciones y quitas de deuda conseguidas por Closs, se incluyó en las negociaciones el crédito favorable a Misiones por la cuestión de la Promoción Fiscal. En reserva se manejan, porque de ser así, se habrían resignado incluso muchos fondos entre lo reclamado por Misiones y lo acordado por la pesada deuda que arrastra la provincia.
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