POSADAS. El cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad que se lleva a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esta ciudad, iniciado el miércoles 21 de marzo pasado, se apresta a concluir la semana próxima, en la que se espera que el día 19 se presenten los alegatos y se estima que el jueves 21 el Tribunal estaría en condiciones de dictar sentencia.La particularidad de este juicio, en comparación con los anteriores, en los que fueron juzgados y condenados los jefes militares Caggiano Tedesco y Beltrametti y dos integrantes de la guardia del penal de Candelaria, es “que pone en relevancia a los actores locales”, destacó la historiadora Yolanda Urquiza, quien participó de las investigaciones preliminares que permitieron reunir pruebas de los casos llevados a juicio. Agregó que otro aspecto sustancial de esta etapa oral del juicio es que “se va corroborando y aportando pruebas acerca del carácter sistemático del sistema represivo”. Decisión ética y moral Además de transparentar que hubo un plan genocida, los numerosos testimonios de víctimas de la represión que se brindaron en el debate oral dejaron una clara y perturbadora imagen de la “conexión local” de la represión, aportando datos concretos de cómo el Departamento de Informaciones de la Policía de la provincia, y la propia Jefatura -en el centro de Posadas- se habían convertido en una siniestra y sistemática cámara de terror y torturas. En cuanto a los fines que se pretende con estos juicios, luego de pasados más de treinta años, el abogado Rafael Pereyra Pigerl, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, manifestó: “Si quedan impunes los crímenes de la Policía de la dictadura, seguiremos teniendo torturados y asesinados en la comisarías hoy”.“La impunidad siempre es mala, y en estos delitos con más razón porque provienen del Estado y al no erradicarlos completamente, queda el riesgo de que se vuelvan a repetir. ¿Cómo vamos a juzgar delitos comunes si no castigamos estos crímenes aberrantes? Así tenemos un caso Baziluk, en Oberá o el Caso Golemba, con serias dudas de alguna participación policial.También, al sancionar claramente que el Estado no puede permitir estos delitos aberrantes, mostramos una clara decisión ética y moral del Estado de afirmar la justicia”, subrayó el abogado querellante. “Pruebas suficientes”“Estamos en un avanzado estadio de los aportes de pruebas y creo que en los días finales de testimonios de las víctimas. Tengo entendido que a mediados de mes ya tendríamos una sentencia en este juicio y ya estaríamos en condiciones de que se eleve a debate oral el quinto juicio, que tiene que ver con los delitos de lesa humanidad cometidos en el Regimiento de Apóstoles del Ejército argentino, bajo el denominado Operativo Toba”, explicó la titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, Amelia Báez.Báez estimó que las pruebas proporcionadas en el transcurso del debate oral fueron “muy contundentes”. Recordó que en la última audiencia, el lunes pasado, “ha venido gente a testimoniar de Córdoba, de Buenos Aires y del interior, y los testimonios coinciden plenamente. Yo creo que con los testimonios ya tenemos prueba suficiente para que sean juzgados y se haga justicia, finalmente”. Datos trascendentesUrquiza señaló como otros rasgos relevantes del proceso que permitió avizorar la participación de civiles, correspondiendo a una matriz que se repitió en diversas regiones del país, un ejemplo de lo cual es el juicio respecto a la “Masacre del almacén”, en Jujuy, donde fue citado a declarar el dueño de la conocida empresa azucarera Ledezma. En el transcurso del juicio que se lleva actualmente en Misiones -recordó- hubo testigos, como la ex detenida Rosa Ester Cabral, que vino de Córdoba, donde reside: “Ella citó la participación de profesionales de la Policía, y concretamente al doctor Olmo Herrera”.En la audiencia que se realizó hace dos semanas en Oberá, para tomar declaración a testigos que por razones de salud no podían viajar a Posadas, el actual presidente de las ferias francas, Eugenio Kasalaba, mencionó a civiles que habrían actuado en connivencia con la represión, entre ellos a un integrante de los servicios de inteligencia que era empleado de un importante establecimiento, el mismo que -dijo Kasalaba- habría sido el proveedor de los camiones en que las fuerzas de la represión trasladaban a los colonos detenidos.“En realidad los testimonios han ido licuando algunos de los relatos de la barbarie por la situación de las víctimas, mucho más viejas, enfermas y agotadas”, dijo Urquiza.En el banquillo de los acusados se encuentran cinco ex integrantes de la Policía de Misiones; el militar Carlos Omar Herrero, ex jefe de la Policía de Misiones; el ex jefe del Departamento de Informaciones, Felipe Nicolás Giménez -ambos responden por 42 casos de torturas y detención ilegal- el médico Guillermo Roque Mendoza que tenía a su cargo el departamento de “Sanidad Policial; el ex sargento sumariante de Informaciones Julio Argentino Amarilla y el ex agente Carlos Alberto Pombo. A los cinco se les juzga por los cargos de “privaciones ilegítimas de la libertad agravada” y “aplicación de tormentos agravados”, sumando un total de más de ochenta casos.La ronda de testimoniales, que incluía originalmente a 120 testigos, sumando a los aportados por la Fiscalía y la Defensa, se prolongó por dos meses, demora que hay que atribuirla a la forma de sesionar: se hizo en doble turno, pero en forma intermitente, debido a que los tres integrantes del Tribunal subrogante, Rubén Quiñonez, presidente, Eduardo Belforte y Norberto Giménez -por la recusación previa a los miembros del Tribunal Oral Federal de Posadas- provienen de Formosa y Chaco, donde realizan sus habituales tareas. Imágenes concluyentesLos testimonios -imposible de ser sintetizados aquí- que se sucedieron en la sala de audiencias durante estos dos meses, mostraron diversos aspectos de lo ocurrido durante la dictadura, entre ellos la actitud de una generación militante, y el compromiso de colonos y personas comunes en mejorar la situación del país. Por momentos, los relatos describieron paradójicamente cómo la barbarie cruzaba todos los límites y se mezclaba con la vida cotidiana: presencia de “chupados” en la Jefatura, a quienes no se podía inscribir en ningún registro; las “vueltas a la manzana&
amp;rdquo; de la banda de música municipal, tocando la Marcha de San Lorenzo, para que no se escucharan los gritos de los detenidos; el relato de un móvil policial paseando alrededor de la plaza 9 de Julio, un sábado a la noche “haciendo tiempo” con un detenido salvajemente torturado en el asiento trasero; o el calvario vivido por una mujer que -tras ser sometida a la tortura- es sacada al patio exterior del lugar de cautiverio, la “Casita de Mártires”, donde un grupo de agentes -entre los que estaban sus torturadores- la invitan a participar de un asado que se hacía al aire libre. “Sería una interferencia con otro poder” Consultado por PRIMERA EDICIÓN, el abogado de la querella en el juicio que se les sigue a los cinco ex integrantes de la Policía de la provincia, Rafael Pereyra Pigerl, desautorizó el pedido de audiencia al Tribunal que anunció la de la Comisión de Seguimiento de los Juicios por la Verdad de la Legislatura. La comisión legislativa, que integran, entre otros, los diputados oficialistas “Tiki” Marchesini y Fernando Dei Castelli, informó este viernes que ante la insistencia del abogado César Ortellado -defensor de uno de los acusados en el juicio- en denunciar un supuesto decreto firmado por Carlos Rovira -cuando era gobernador- que mandó quemar los archivos de la Policía, pedirían una audiencia los miembros del Tribunal para explicarles que el tal decreto no existió, y que las afirmaciones de Ortellado “son falsedades”.Pereyra Pigerl, quien representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el juicio, señaló que está de acuerdo en que Ortellado no dice la verdad, pero cuestionó la forma de proceder de la comisión, que, a su juicio, podría recaer en “una interferencia con el Poder Judicial”. “Agrandan una mentira”“Lo que están haciendo va a terminar en que van a lograr que una mentira se convierta en una cuestión trascendente”, señaló el abogado. “Cualquier persona tiene el derecho de expresar distintos argumentos -sean reales o no- en estas circunstancias y eso es lo que va a juzgar el Tribunal, que es el órgano de un poder independiente”, precisó.Al solicitar el avance y prosecución de los juicio, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, siguió Pereyra Pigerl, apunta también a los valores involucrados “cuando en estos casos se trataba de suprimir a personas que pensaban diferente en la época”; y en ese sentido, precisó: “Indiqué en varias oportunidades que el abogado Ortellado estaba diciendo una falsedad, pero yo lo puedo hacer en el ámbito del juzgado y en el ámbito público, porque soy parte del proceso”. “Ahora bien, el Poder Legislativo de la provincia no es parte del proceso, entonces ellos (los integrantes de la comisión legislativa) se deben remitir a su ámbito específico; y no interferir con el Poder Judicial, sino estarían creando una interferencia con el Poder Judicial, y no deberían hacerlo”. El representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación manifestó que llama la atención que los legisladores tienen su propia vía institucional para expresarse sobre el debatido tema del decreto, pero no lo hacen.“Yo represento al Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y ellos tienen a los doctores Martínez y Prestes, que representan al Estado provincial, y pueden expresarse a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Misiones.“Tendrían que asesorarse en forma debida, con letrados que les expliquen que el Poder Judicial es independiente”, remarcó.
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