POSADAS. La Mesa de Diálogo Policial envió un duro escrito al gobernador Maurice Closs en el que reclamó que corrija los descuentos sufridos por centenares de efectivos en la liquidación salarial del mes de mayo, violando los acuerdos firmados en febrero, después del acuartelamiento, y la semana pasada, previo a la liquidación.“Se solicitó al señor gobernador a los fines que disponga a la brevedad las medidas que solucionen este problema, en atención al descrédito que están siendo sujetos quienes oficiaron por su parte en representación al Gobierno de la provincia, el subsecretario de Seguridad y Justicia, Julio César Lenzken; el ministro de Gobierno, Jorge Franco, entre otros quienes han comprometido el nombre del Gobierno de la provincia en cumplir lo pactado y pese a ello, se han producido las graves irregularidades como se exponen y que afectaron la confianza puesta por nosotros”, señala uno de los párrafos del documento.Fue presentado el viernes con la firma de todos los integrantes de la Mesa de Diálogo, en representación de policías activos, retirados y penitenciarios. Se le otorgó un plazo de gracia de 72 horas al Gobierno, que comenzó ayer y vencería a última hora de mañana, para “solucionar” los inconvenientes.Blanqueo salarial. Con respecto al blanqueo de los 300 pesos, se recordó que el acta acuerdo establecido fue en la siguiente modalidad: El traslado desde los 300 pesos (en negro), la suma de 100 pesos al básico sin que absorba el concepto regulador en blanco del 30% establecido en febrero y, por ello, el neto a cobrar se vería incrementado por el aumento que genera el proceso multiplicador en nuestra grilla salarial por los 100 pesos al básico. Asimismo, los próximos traslados de los 200 pesos, no serán absorbidos por el concepto regulador -cosa que a la fecha se ha cumplido- pero, de compulsas realizadas, surge que en un buen número de casos nos han quitado el concepto 411/414-1.322/11 (código 739,) lo que generó una disminución en el neto (bolsillo) a cobrar tanto como para el personal policial como del Servicio Penitenciario Provincial.“Se recordó que se había acordado que aquel personal policial o penitenciario en el mes de noviembre cobraba asignaciones familiares seguiría cobrando independientemente de los topes establecidos por la Ley de Asignaciones Familiares, como así, que en fecha 28 de mayo se acordó que el Poder Ejecutivo no practique descuento alguno por conceptos pagados por asignaciones familiares”, describe la nota.Descuentos indebidos. El escrito señala que “pese a lo acordado, en la liquidación de los haberes del mes de mayo del corriente año se han descontado montos por asignaciones familiares que oscilan la suma de 80 a 1.020 pesos aproximadamente”. 400 penitenciarios este mes y 2.400 policías serían afectados en la próxima liquidación”.Retirados. Además, se reclamó porque “en marzo el IPS liquidó los haberes del personal comprendido en el acta de acuerdo sin tener en cuenta la forma de liquidar pactada, siendo la manera de liquidar adoptada en perjuicio de los sueldos de los pasivos”. “Para entenderlo mejor, incorporar 100 pesos al básico tiene un efecto multiplicador en la grilla salarial policial y penitenciaria de bruto que va desde 400 pesos a un poco más de 700, cuya oscilación dependerá de la jerarquía, antigüedad y la situación que motivó el retiro”, explican.“En la fecha -ya liquidado y cobrado el mes de mayo- nuestros pasivos cobraron la suma irrisoria que -en el mejor de los casos- ha alcanzado los 200 pesos”, reclaman.Plazo. Se solicitó al Gobernador a los fines de que dentro del plazo de 72 horas hábiles, a partir del lunes 4 de junio, presente una solución, “por ser insostenible la situación”.
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