BUENOS AIRES (Agencias y diarios digitales). La Mesa de Enlace agropecuaria ratificó ayer el paro por nueve días en la comercialización de hacienda y granos, en rechazo a la media sanción que obtuvo el jueves la reforma fiscal impulsada por el gobernador Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires.“La idea no es bloquear las rutas sino manifestar nuestra disconformidad con actos y presencia en distintos puntos del interior del país”, aseguró el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Hugo Biolcati.La medida de fuerza del campo comenzó a medianoche y se extenderá hasta las 24 horas del domingo 10 de junio. “La no comercialización de hacienda y granos tiene un efecto ante la población que, creo, no se va a notar todavía demasiado, en la medida que esto no continúe”, advirtió el ruralista. En declaraciones a Radio Continental, Biolcati aseguró que “el impuestazo de Scioli tiene un impacto grande que influye en el consumo de todas las familias de Buenos Aires”, aunque se encargó de aclarar que “los productos perecederos quedarán excluidos de la protesta”.En sintonía con la SRA, se expresó el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Alberto Frola y advirtió que buscarán “la nacionalización del conflicto”. “Esto nació como un conflicto impositivo en la provincia de Buenos Aires pero en realidad el campo tiene un montón de problemas que no se han solucionado”, señaló.Frola está seguro que como ocurrió con la 125, el sector conseguirá el acompañamiento nacional. “La situación empeoró muchísimo en los últimos meses”, indicó el productor y enumeró una serie de factores que están golpeando al sector: “La rentabilidad se ha licuado, hay muchas zonas que ya no pueden producir porque los costos le han subido en dólares y los fletes aumentaron enormemente”. Sobre la protesta, el presidente de CARBAP señaló en diálogo con Radio Mitre que el reclamo “tiene que ver con la falta de defensa de la producción y el no reclamo de la coparticipación de la provincia de Buenos Aires”, y volvió a reclamar a las autoridades “que se pongan al frente de los reclamos de los productores”.En tanto, desde el Frente Agropecuario Nacional (FAN), rechazaron el paro. En declaraciones a Radio Del Plata, Horacio Delguy, presidente de la entidad, afirmó que no adherirá a las medidas de fuerza convocadas por la Mesa de Enlace y criticó cómo está planteando la oposición al impuesto provincial.Para el referente, oponerse a las medidas del gobierno bonaerense, “no es realmente buscar la solución de fondo y representar los intereses de los medianos y pequeños productores”, los cuales “están pasando una situación nada fácil, no por la reforma tributaria sino por otros motivos”.Sin embargo, reconoció la necesidad de reformularlo y marchar hacia una reforma progresiva donde “paguen los que más tienen y los que más ganan”.“Nadie puede reclamar justicia cuando un jubilado que gana 1600 pesos está pagando para comer el 21% del IVA”, disparó Delguy. “Hay un error del sector agropecuario cuando reclama en forma corporativa sin ver el conjunto”, criticó el presidente del FAN. Acusaciones cruzadas por “sobornos”El kirchnerismo y la UCR salieron a rechazar ayer una versión sobre ofrecimientos de sobornos en la Legislatura bonaerense durante el tratamiento de la reforma, aunque la conducción del partido radical presentó una denuncia en la Justicia.Fue luego de que el matutino Clarín publicara una fotografía del celular de José Ottavis, vicepresidente de la Cámara, cuando -según la versión- chateaba durante la sesión de este jueves con sus compañeros de bancada Miguel Funes y Rocío Giaccone. De acuerdo al periódico, en ese intercambio de mensajes, Giaccone señaló: “150 mil x cabeza ofrecen a los diputados de la opo según palabras de Valeria Arata. Se está corriendo eso …”. Ottavis le habría respondido: “Bueno chicos. No contemos más cosas y cuidado…”.La diputada radical Arata, que responde al intendente de Junín, Mario Meoni, y se encuentra enfrentada con el alfonsinismo, aseguró que la versión “es absolutamente mentira” y remarcó: “En ningún momento nadie me ofreció dinero”. Además informó que “se presentó ante la Justicia Bonaerense” con la idea de “salvaguardar su buen nombre y honor”.Por su parte, Ottavis, referente de La Cámpora, también negó las acusaciones: “Es mi teléfono el de la foto. (…) Clarín pone una foto confusa, trucha, poco clara, y dice algo que no es real. La impunidad de este diario, de violar la intimidad de un trabajador, de una persona, asusta. Mienten porque lo de ayer es histórico”, sostuvo. De qué se trataLa Legislatura bonaerense aprobó el jueves por la noche la reforma fiscal impulsada por el gobernador Daniel Scioli, que busca aumentar la recaudación en 2.600 millones de pesos y le autoriza un endeudamiento adicional de 2.200 millones, lo que provocó que el campo llamara a un paro.De esos 2.600 millones de pesos, unos 1.000 millones irán al Tesoro nacional, lo cual explica que la Casa Rosada haya presionado por esa iniciativa, lo que llevó a Scioli a tener que firmar un decreto para destrabar el tratamiento en la Cámara baja, con el consecuente costo político para el gobernador.Dos horas después, el Senado comenzó la sesión con 42 de sus 46 integrantes y en un rápido tratamiento el oficialismo consiguió la mayoría especial de 29 legisladores que necesitaba la norma para ser sancionada.En Diputados, los bloques opositores del Frente Amplio Progresista (FAP) y el PRO Peronismo avalaron el endeudamiento que necesitaba de los dos tercios de los presentes, mientras que el bloque radical, con una ruptura; UDESO; la CC y el monobloque de Ricardo Lissalde rechazaron el articulado. Más temprano, el gobernador Scioli firmó el decreto sobre el revalúo de las tierras rurales de la provincia de Buenos Aires para “captar la real capacidad contributiva y consolidar la equidad del sistema tributario”, según lo argumentó al fijar los nuevos valores de la valuación fiscal de la zona rural.El decreto faculta a la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) a aplicar a los tributos pendientes, “la base imponible, las escalas y alícuotas fijadas por le
y”, y le permite “dictar las normas y procedimientos complementarios que resulten necesarios para la debida implementación” del revalúo fiscal.
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