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Montiel sostuvo que el IPS cumplió todos los reclamos de los policías retirados

23 septiembre, 2015

La presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS), Sandra Montiel, asistió este martes a la comisión de Presupuesto de la Legislatura provincial y en ese marco fue consultada por los diputados de la oposición acerca de la situación de los policías retirados que se encuentran acampando frente a las oficinas del organismo.“En el 2014 fue la última vez que ellos solicitaron una audiencia con las autoridades del directorio del IPS, se les concedió y en la reunión ellos plantearon sus reclamos, que también fueron los pedidos de la Mesa de Diálogo Policial, en ese momento eran: el pago de los tres decretos de movilidad y el último acta acuerdo. Nosotros cumplimos con todos los pedidos y le agregamos el item de ‘responsabilidad funcional’”, explicó la funcionaria.Agregó: “Quiero aclarar que no solicitaron ningún pedido de audiencia en este tiempo y que lo que ellos están reclamando es cobrar lo mismo que un policía activo”.La respuesta de la funcionaria llegó por un planteo de los diputados Germán Bordón y Darío Pietrowski, quienes preguntaron si se analizaba desde el organismo dar alguna solución al reclamo. Bordón incluso planteó que hay “jubilados de primera y jubilados de segunda” porque hay retirados con la misma antigüedad y rango que cobran sueldos diferentes.Montiel respondió que la situación de haberes diferentes “se debe a cuestiones particulares de cada caso, como rango, categorías, año en que se jubilaron, estudios secundarios o universitarios con título que cada uno pueda tener, y también con normativas y decretos que los alcanzan por el momento y el régimen en que se jubilaron”.El director por la Rama Activa del IPS, Hugo Irala, que acompañó a Montiel, agregó que para el futuro el sistema irá “corrigiendo” la situación porque los últimos ingresos salariales otorgados son remunerativos por lo tanto, los próximos jubilados no tendrán ingresos no remunerativos. Agregó una frase que causó polémica: “Fueron víctimas del sistema por el momento y el régimen en que se jubilaron”.Ante esta frase, el diputado opositor Claudio Wipplinger (Trabajo y Progreso) rechazó la apreciación y señaló que la provincia tiene los fondos necesarios para solucionar la situación, por lo tanto decir que “son víctimas” y no hacer nada es por falta de decisión política.El presupuestoLa comisión de Presupuesto escuchó a la presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS), Sandra Montiel, quien expuso las proyecciones para el próximo año.Montiel señaló que se está “solicitando un total de 3.468 millones de pesos, lo que significa un incremento del 31,2 % en relación al año anterior; esto tiene que ver con el principal sector que ocupa las erogaciones, que es el sector de jubilaciones”.“El concepto es replicar fundamentalmente los gastos que tenemos en obra social y en jubilaciones, porque esto no varía, mantiene siempre una frecuencia similar, y va a haber una incorporación vinculada con el tema de obras, pero básicamente, el monto más importante tiene que ver con las jubilaciones”, agregó.La presidenta del IPS explicó que el objetivo es “continuar con los nuevos servicios que tiene el Instituto, la apertura de la farmacia, los laboratorios, el servicio del consultorio móvil y los nuevos programas que se fueron incorporando”.“Se buscará incorporar algún nuevo servicio, ampliar la cobertura y continuar con las obras que se están realizando, algunas de las cuales no se van a poder culminar en el año en curso, como es el caso de la obra ubicada entre las calles Córdoba y Jujuy, de la que se construirá dos pisos solamente y, lo demás se va a estar realizando el próximo año”, concluyó. Por último Montiel habló de los lineamientos generales que tuvo su gestión en estos años y que fueron: el fin de la emergencia previsional, el incremento de 850% en los haberes jubilatorios entre 2008 y 2015 y la ventana y la moratoria jubilatoria que reconoce a las sumas no remunerativas para contemplar el haber jubilatorio.Sostuvo que muchos activos están aprovechando la posibilidad porque le permite jubilarse con el 75 % del sueldo de bolsillo, incluyendo los porcentajes no remunerativos que perciben.“Los recursos están, falta decisión política”El diputado opositor Claudio Wipplinger (Trabajo y Progreso) salió al cruce del director de la Rama Pasiva del IPS, Hugo Irala, por decir que los retirados “fueron víctimas del sistema” en el momento en que se jubilaron y por eso cobran menos que otros retirados con igual rango.“Yo creo que no se puede decir que fueron víctimas y no hacer nada para solucionar la situación de esta gente que está hace muchas semanas acampando en la calle. Los recursos están, falta decisión política”, sostuvo el candidato a intendente.Recordó que el año pasado el Gobierno admitió tener 1.500 millones de pesos en plazo fijo en el Banco, “Closs tiene superpoderes que le permiten modificar el presupuesto y usar ese dinero para solucionar la situación de los policías retirados destinando el presupuesto, no se puede decir que son víctimas y dejar todo así”, se indignó Wipplinger.Además cuestionó que “el gobernador va a desviar 13 millones de pesos para un club de golf mientras Posadas tiene más de 80 villas miseria”.Wipplinger fue interrumpido por el presidente de la comisión Marcelo Rodríguez, quien dio por terminada la reunión y por la diputada clossista Noelia Leyría.“Lo que pasa es que a ustedes no les gusta que le recuerden los desvíos de fondos del gobernador Closs, la gente vive en villas miseria, los retirados acampan hace meses en la calle y este gobernador está quemando la plata”, enfatizó el diputado opositor y candidato a intendente.

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🩺Daniel Morel llegó a pesar casi 200 kilos y decidió cambiar su vida. Con acompañamiento médico, nutricional y psicológico en el Hospital Madariaga de Posadas, inició un proceso integral para enfrentar la obesidad y mejorar su salud.🏋️‍♂️“El primer paso es una decisión personal. Cuando esta enfermedad avanza, hay que recurrir a los profesionales”, aseguró. Reconoció que entrar a un gimnasio no fue fácil, pero remarcó que el cambio se sostiene con hábitos claros: “Hay que enfocarse, comer bien, descansar bien y entrenar mejor”.
Hace siete años entrena musculación, se capacitó como instructor y hoy tiene su propio gimnasio en Posadas, donde busca acompañar a otras personas que atraviesan situaciones similares. “La obesidad es una enfermedad silenciosa, no una cuestión estética”, advirtió. ⚠️🏃‍♂️Tras bajar casi 100 kilos y someterse a una cirugía de manga gástrica, Morel mantiene controlada la hipertensión con alimentación y actividad física. Su mensaje es claro: “Esto no es un deporte, es un estilo de vida”.
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#Salud #Obesidad #Historias #EstiloDeVida #Entrenamiento #Posadas
Silvia Zdanovicz fundó junto a su familia, Güira Oga “Mates Artesanales y Casa de Pájaros”, un emprendimiento basado en el reciclaje, lo artesanal y la representación del paisaje misionero con la hoja de la yerba mate como sello distintivo. La idea nació de una búsqueda interior, atravesada por una dolorosa enfermedad y hoy se consolida en los circuitos turísticos y ferias provinciales.
En 2025 aumentaron las atenciones a pacientes con obra social tras perder coberturas, caída de convenios o costos elevados. El nosocomio posadeño concentra casos complejos regionales, sostiene nacimientos y suma presión por cierres de terapias en clínicas.
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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