Si cada presentación del proyecto de ley de Presupuesto da lugar a más de un comentario acerca de lo irreal de sus proyecciones, qué cabe esperar en esta oportunidad, signada por un cambio de Gobierno que implicará, inevitablemente, que aquellos que lo elaboraron no tengan relación con los que lo terminen ejecutando.En cualquier democracia llega el momento de un cambio en el signo político de la administración y los recién llegados deben hacerse cargo del presupuesto aprobado durante la gestión de sus adversarios políticos. No debería ser algo traumático, a no ser que los que se van dejen las cuentas en un desorden absoluto y al momento de presentarse el proyecto no sólo se ignore quiénes los van a suceder, sino que entre las opciones existentes nadie de una pista de cuáles serán los ejes de su política económica.Es el caso de la Argentina, que no necesitó en los últimos años de ningún cambio de gobierno para que sus leyes de Presupuesto no tengan nada que ver con su ejecución. Sin entrar en la comparación entre lo proyectado y lo real en tantas variables en juego, conviene repasar la magnitud de los errores de cálculo sólo en lo que respecta al déficit financiero. La ley de Presupuesto de 2012 preveía un superávit de 1.446,2 millones de pesos. En realidad, hubo un déficit de 55.563,4 millones, es decir un error de cálculo de 57.009,6 millones, que sin contar la asistencia del Banco Central y el sistema previsional al Tesoro habría ascendido a 85.766,8 millones de pesos.La “ley de leyes” de 2013 establecía un saldo favorable de 587,5 millones, pero en los hechos el “DNU de los DNU” cerró con un rojo de 64.477,4 millones, una pifia de 65.064,9 millones, o bien de 124.324,1 millones sin las rentas de la propiedad.Para el presupuesto de 2014, Hernán Lorenzino dejó una ley con un superávit financiero de 868,9 millones de pesos, que su reemplazante Axel Kicillof transformó en un déficit de 109.719,9 millones. Una diferencia de 110.588,8 millones, que podrían ser 231.337,8 millones sin las ayudas mencionadas.En apenas tres años, los sucesivos errores en las proyecciones fueron de nada menos que 232.663,3 millones (441.428,7 sin BCRA ni Anses), a valores corrientes. Un pésimo precedente para lo que será el cierre de 2015, único año con una Ley de Presupuesto que desde el inicio anticipaba un déficit financiero. Pero ni siquiera ese parcial sinceramiento fue suficiente: la Ley estableció un saldo negativo de 49.623,8 millones de pesos, al que ya se había llegado antes de que terminara marzo. Probablemente, 2015 finalice con un déficit que por lo menos cuadruplicará al de la ley. El descalabro de este año será casi similar al de los tres anteriores sumados. No hace falta imaginar el destino de los autores de cálculos tan errados en cualquier empresa.La preocupación por la falta de correspondencia entre las leyes de Presupuesto y su ejecución no tendría que quedar circunscripta a un conjunto de economistas, consultores y periodistas. El presupuesto, en definitiva, es la expresión en números de la política de un gobierno. “En el presupuesto se define qué va a hacer el Estado con la plata que le damos”, explica el presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, Rafael Flores.Una ciudadanía medianamente interesada debería velar por su cumplimiento. “Cuando el Estado gasta mal, lo pagamos todos los ciudadanos. A través de la discusión del presupuesto podemos conocer en detalle qué es lo que se está haciendo, para qué y con qué recursos”, añade.Pero en materia presupuestaria, entre el deber ser y el ser hay una distancia enorme. Mucho más desde que en 2006 se modificó la ley de Administración Financiera, que le dio al Poder Ejecutivo más facultades de las que ya tenía para meter mano en el Presupuesto a través de decretos de necesidad y urgencia y decisiones administrativas.
Discussion about this post