Sin mucho para hacer, personal de la Dirección de Gerontología dependiente del Ministerio de Salud Pública, tomó la denuncia telefónica y se acercó hasta los lugares que el denunciante había dicho: así fue como se encontraron con otras dos casas de retiro que se suman a la lista de aquellas que no cuentan con todo lo reglamentado por ley para funcionar en la actividad.PRIMERA EDICIÓN había hecho pública las escalofriantes estadísticas sobre la situación de las casas donde viven los abuelos misioneros: de los 43 geriátricos relevados en toda la provincia por la Dirección, sólo nueve están habilitados, tres están cerrados, dos se encuentran en proceso de habilitación y 29 no tienen la habilitación necesaria para estar abiertos, de ellos 26 ni siquiera presentaron la documentación requerida por ley. Sin embargo, como una broma cruel, no pueden ser clausurados porque “¿adónde los metemos a los viejos?”, reconoció Leandro Mierez, doctor y titular de la dirección. Además, ni Gerontología ni el Ministerio de Salud Pública tienen la potestad para clausurar estos lugares o denunciarlos por la situación en la que se encuentran, al contrario: deben cumplir sólo con, una vez reconocidos, entregarle una carpeta con todo lo que especifica la ley y los requisitos necesarios que deben presentar para alcanzar la habilitación para funcionar. Carpeta que, con los números a la vista, se archivan y olvidan.
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