El candidato a gobernador de Tucumán por Acuerdo para el Bicentenario (ApB), José Cano, retiró a sus fiscales del escrutinio definitivo de las elecciones provinciales, al tiempo que desde ese frente opositor se presentó una denuncia penal contra la Gendarmería Nacional, el Correo Argentino y la Junta Electoral Provincial (JEP).“Decidimos retirar nuestros apoderados (Alvaro Contreras y Daniel Ponce) porque la Junta Electoral Provincial no garantiza en absoluto la transparencia del sistema electoral, porque es parte de este sistema corrupto”, anunció Cano tras confirmarse que habían desaparecido las imágenes de las cámaras instaladas en el recinto donde se lleva a cabo el recuento de votos. Desde el gobierno nacional respondieron que la denuncia por la pérdida de los videos es “otro intento por deslegitimar” las elecciones en esa provincia que se llevaron a cabo el pasado 23 de agosto.El escándalo que rodea a las elecciones de Tucumán tuvo un nuevo capítulo cuando Cano anunció: “No vamos a seguir participando de un escrutinio definitivo en el que no se abren las urnas y se cometió un fraude electoral, fundamentalmente en las categorías de gobernador y vice”.Secundado por su compañero de fórmula, el peronista disidente Domingo Amaya, el diputado radical cargó contra el secretario de la Junta Electoral Darío Almaraz, a quien calificó de “chanta”, al tiempo que aseguró que “el responsable absoluto de todo lo ocurrido es la JEP y su titular, Antonio Gandur”.Incluso, Cano denunció que “el escrutinio definitivo está sometido a las decisiones de la Justicia, el proceso electoral está en manos del Poder Judicial”. En cuanto a la desaparición del video que supervisa el recinto del escrutinio, el candidato definió como “escandaloso” lo ocurrido, y protestó porque “se contrató a una empresa fantasma de Santiago del Estero, de un joven (Francisco Jiménez) que trabaja en la tesorería de la Casa de Gobierno, que no tiene antecedentes de haber prestado este servicio”.La decisión de la conducción del ApB de retirar a sus fiscales no alcanza a las decenas de acoples que la integran, que mantendrán sus fiscales para supervisar el escrutinio ante la posibilidad de alcanzar bancas en juego en la Legislatura y los concejos deliberantes.En ese contexto, el ex legislador radical de Tucumán Juan Roberto Robles presentó ante la Justicia Federal, en nombre del ApB, una denuncia penal contra las autoridades de la Gendarmería por ser los responsables de la custodia y del traslado de las urnas y el Correo, por haber tenido a cargo el escrutinio provisorio.En particular, el abogado cargó contra los funcionarios de la Junta Electoral Darío Almaraz y Alfredo Iramain, a quienes sindicó como partícipes de una organización “criminosa” destinada “a violentar la voluntad de los ciudadanos” en la comisión del fraude electoral, por lo que pidió la detención e incomunicación de ambos.La demanda también alcanzó a Francisco Jiménez, titular la empresa Info FOJ que proveyó el sistema de video que fue dañado. En su presentación, Robles los responsabilizó de los delitos de asociación ilícita, atentado al orden constitucional y a la vida democrática y de otros contra la administración y la fe pública, la violación de los deberes de funcionario público y el ataque a la Ley de Defensa de la Democracia, por el desarrollo de los comicios y del escrutinio en la provincia.Por su parte, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, respondió por el robo de las imágenes del escrutinio y advirtió que “querer asignarle valor a un video es otro intento por deslegitimar las elecciones; con eso no se sacan resultados, se sacan con las actas”.“No me ocupo de los videos, me ocupo de la elección, y la elección se hizo en perfectas condiciones, sin una denuncia de fraude”, evaluó el ministro. Fuente: Agencia de Noticias DyN
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