El 2 de febrero de 2001, Daniel Sosa regresaba en auto a su casa de La Matanza luego de una jornada laboral, pero a pocas cuadras de llegar se cruzó con el policía bonaerense Aníbal Ramón Olivera, que intentó robarle el vehículo, sin uniforme pero con su arma reglamentaria. De 33 años, casado y padre de dos hijos, el trabajador intentó evitar el asalto, sin embargo como fatal respuesta recibió varios balazos y murió en el lugar. El efectivo intentó plantear como argumento defensivo que la secuencia delictiva había sido la inversa, pero las pruebas fueron irrefutables y el “polichorro” fue condenado a 18 años de prisión. El caso es, aún hoy, paradigmático de la impunidad y violencia ejercida por personal de las fuerzas policiales contra civiles. Pasados 14 años, un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) refleja que estos hechos se mantienen, ya que en 2015 se registran 80 civiles muertos, 10 por mes, a causa del abuso de poder policial en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, con el agravante de que 55 de esos homicidios fueron perpetrados por personal policial fuera de servicio. El trabajo estadístico, que incluye causas hasta el pasado 2 de septiembre, sostiene que “el uso sistemático de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad produce una importante cantidad de personas muertas y heridas”, y precisa que “al mismo tiempo, el uso de la fuerza letal por parte de policías que se encuentran fuera de servicio es un aspecto muy problemático de la violencia policial, tanto en la Policía Federal como en la de la Provincia de Buenos Aires y la Metropolitana”. Los datos del estudio son más que elocuentes: en la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, 80 civiles resultaron muertos como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad en lo que va de 2015. Entre ellos, 55 personas fueron muertas por policías que estaban fuera de servicio, el 68% del total.
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