Una vida confortable y tranquila en un lugar donde poder descansar los últimos años es una utopía en la mayoría de los geriátricos de Misiones: 29 de los 43 que existen en la actualidad no tienen la habilitación necesaria para la actividad y sólo 9 se encuentran habilitados para funcionar; dos de ellos están en proceso de habilitación y tres están cerrados. Estos números se desprenden del relevamiento realizado en este 2015 por la Dirección de Gerontología dependiente del Ministerio de Salud Pública y preocupan. Al no cumplir con los mínimos requisitos, la vida de los ancianos corre serio riesgo. “Lamentablemente, los responsables no cumplen con lo mínimo que deben cumplir. Entonces, puede ocurrir una catástrofe como derrumbamientos, incendios y quién va a ser responsable de esa situación”, se preguntó el titular de la dirección de gerontología, el doctor Leandro Mierez.La visita de la dirección a los hogares de ancianos se realiza de manera frecuente en el transcurso del año y la realidad con la que se encuentran es casi siempre la misma. “Al no estar habilitados, descubrimos a los viejos amontonados en una habitación, sólo por dar un ejemplo”, dijo Mierez. Sucede que en estos establecimiento geriátricos, en cada habitación debe existir una cama que tenga a su alrededor un número de metros destinados al desplazamiento de las sillas de ruedas y demás elementos necesarios para su cuidado. “Pero los encargados de los geriátricos no cumplen; entonces, de ahora en más, gente del Juzgado 3 sale con nosotros y realizan un acta especial, porque tratamos de que al viejo le den lo que le corresponde, porque ellos han sembrado”, consideró Mierez. En plan de mejorar la calidad de atención, la dirección de gerontología se encuentra realizando una serie de consultas con distintas estructuras jurídicas como organismos de derechos humanos, el Ministerio de Bienestar Social, Salud Pública, Defensoría del Pueblo, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (Atsa), “para determinar el tipo de sanciones. Porque si llega a ocurrir algo, quién va a ser el responsable”, dictaminó el doctor. Es más, ejemplificó con lo que sucede de manera frecuente en la ciudad de Buenos Aires, donde “cada tanto se lee que se quemó un geriátrico que no estaba habilitado. Esas son ‘cosas truchas’ de las que nadie se hace responsable una vez que suceden”, señaló.Responsabilidad de todosLo cierto es que estos geriátricos, pese a no contar con la habilitación correspondiente, siguen abiertos “por la simple razón de que no sabemos adónde van a ir los abuelos, muchas veces ni la familia se hace cargo”, declaró Mierez.El doctor consideró que dichas familias son también responsables de lo que suceda con ellos. Pasa que “los familiares de las personas internadas no cumplen con ir a visitarlos, ver qué necesitan, no exigen que se les brinde la atención necesaria. Yo soy de la teoría de que el viejo debe morir en su casa y en su cama, atendido y rodeado de su gente, pero hay circunstancias que desbordan a la familia, entonces tienen que ser internados, pero no tienen que desentenderse”, explicó.Aunque esta situación es una realidad, Mierez sostuvo que “en algunos geriátricos, los abuelos están bien, no tienen todo lo que necesitan, pero están bien. En otros, es triste verlos porque todo lo que se debe programar de atención y de apoyo, no se cumple”. Sucede, en la gran mayoría de los casos, que hay un plantel mínimo de personal que es obligación por ley y no lo tienen. Según la Ley XIX Nº 41 que regula todos los requisitos para conformar un establecimiento geriátrico, todos deben garantizar un equipo interdisciplinario que conste de un médico (quien tendrá a su cargo la dirección médica), un licenciado en trabajo social, un licenciado en terapia ocupacional o docente en tecnología, un nutricionista, un psicóloga y un kinesiólogo o fisioterapeuta, además de un enfermero (uno cada diez adultos mayores autoválidos u ocho semi dependientes o cinco dependientes), como un cuidador, auxiliar o asistente en gerontología (uno por cada cinco adultos mayores). Sin embargo, “suelen faltar psicólogos, profesores en tecnología o terapistas vocacionales. Además, el trabajador social figura pero no cumple con la función que tiene que cumplir”, cerró. Preocupa la gestión privadaLos geriátricos, como cualquier otra institución, pueden ser de administración pública o privada. Ambos deben pasar por el escrutinio de ley para saber si realmente cumplen con todos los requisitos necesarios para su habilitación. De todas maneras, privado no es sinónimo de mejor calidad. “Los geriátricos privados tampoco están en la situación que corresponde y el principal problema es que ellos cobran. Sucede también que cuando se internan, muchas veces los familiares le ceden el poder a los que administran, pero debería existir algún mecanismo para controlar adónde va a parar ese dinero. Porque con lo que se paga, tendrían que estar perfectamente bien”, aseguró Mierez. Según indicó el director de Gerontología, “lo ideal sería que cada municipio tenga un Consejo de Adultos Mayores, que dependiera directamente del intendente. Pero tenemos 75 municipios y apenas 10 lo tienen en este momento. Esto quiere decir que algo está fallando”. Si bien es cierto que en el país el trabajo con el adulto mayor es una asignatura pendiente, muchas veces la mala administración es la que determina la situación actual. “Si todos los fondos que se destinan en el país para atender a la franja de población de mayores de 60 años fueran administrados como corresponde y fueran al lugar que deben, tendríamos viejos cuidados a la altura de cualquier país de primer mundo”, finalizó.
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