Así lo afirmó el concejal Pablo Velazquez, quien impulsa un debate para lograr un marco normativo en Posadas que garantice reglas claras entre propietarios, inquilinos e intermediarios. 
En reuniones mantenidas con grupos de vecinos el concejal se comprometió a buscar una respuesta a una necesidad social tan importante como es el alquiler de un lugar para vivir. De las charlas surgen las anécdotas y enojos respecto a los excesos cometidos en el sector inmobiliario y/o particulares que alquilan, viendo que, en ambos casos exceden el marco legal respecto del cobro de honorarios y actualizaciones en las locaciones urbanas.
Mediante el proyecto pretende que se establezcan gastos administrativos compartidos, se determinen precios de referencia y que se democratice el acceso a la información para la confección de contratos de locación y también en cuanto a la publicidad pertinente por parte de los interesados en alquilar.
Se propone un régimen de regulación de honorarios y/o aranceles de los trabajos profesionales que realicen los corredores inmobiliarios, referentes a los arrendamientos urbanos y rurales.
Lo que establecerá dentro del ámbito de la ciudad, lo que realicen los corredores inmobiliarios, martilleros públicos y o comisionistas inmobiliarios por su intervención en arrendamientos y locaciones.
Como punto fundamental se establecerá un porcentaje que no podrá superar el 2% a cargo del propietario sobre el importe total del plazo del contrato. En caso de no existir contrato escrito, se tomará como base el importe de dos años de arrendamiento o locación. En alquileres por temporada el monto no podrá ser superior al 3% del monto del contrato, siempre a cargo del propietario.
Al mismo tiempo se faculta a los corredores inmobiliarios a solicitar informes a los organismos oficiales sobre las condiciones de dominio, gravámenes e inhibiciones, respecto de la operación encomendada y las partes intervinientes
En otro punto se autoriza al defensor del pueblo, como autoridad de aplicación, a ejercer el control del cumplimiento de las leyes locales que regulen aspectos vinculados a la materia locativa habitacional pudiendo, ante un incumplimiento, llevar el caso ante el Juzgado de Faltas de la ciudad que se encuentre de turno al objeto de dirimir la controversia.
El proyecto que presentamos promoverá el equilibrio de correlación de fuerzas entre propietarios e inquilinos, y así beneficiará a quienes destinan más del 50 por ciento de su salario en alquilar y pagar gastos administrativos y/o comisiones que superan lo estipulado, explicaba Velazquez.
Como fundamento del proyecto se menciona al acceso a la vivienda como un derecho humano y a la necesidad de proteger a quienes hoy se encuentran en una relación de debilidad, que son los inquilinos. No pasa por regular el mercado, sino por establecer gastos compartidos, democratizar la información sobre opciones al momento de alquilar y brindar herramientas para que quienes estén buscando un mejor lugar para vivir puedan ejercer y hacer valer sus derechos.
Además, se recuerda que existe una problemática habitacional en Posadas que, al igual que en el país, afecta a miles de personas que son inquilinas. Dejando de lado por el momento a quienes no se encuentran en condiciones de pagar alquileres. Es así que, vincular la problemática del hábitat a los alquileres es fundamental para pensar ciudades más justas, más inclusivas y sobre todo más planificadas, finalizó en su presentación
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