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CONADUH atacó duramente el plan del Gobierno para Educación

23 mayo, 2018

Hoy se lleva a cabo la segunda jornada del paro de 48 horas de los docentes universitarios. El secretario adjunto de la Conadu Histórica, Antonio Roselló, habló con PRIMERA EDICIÓN y advirtió sobre el alcance e impacto del ajuste.

Además de la cuestión salarial (la ConaduH pide un 25% de aumento retroactivo a marzo frente al 15% ofrecido por el Gobierno nacional, que anunció esta semana el pago del 5% (a cuenta de futuros aumentos), el sindicato que nuclea a los docentes universitarios manifestó su preocupación por las políticas educativas del Gobierno macrista. 

“Pese a la escalada del dólar y lo que eso implicará en la inflación, no subimos el porcentaje del aumento salarial solicitado por una decisión consciente. Pero el 25% lo pedimos retroactivo a marzo y en un solo pago, con cláusula de indexación y no de revisión o gatillo porque en 2016 firmamos cláusula de revisión y jamás reunieron a la comisión, en 2017 nosotros no firmamos cláusula gatillo pero sí las otras organizaciones sindicales y algunos recién la están cobrando ahora. Como aplicaron sobre los montos que quisieron, significó un adicional de 2,27%. Lo que pedimos ahora es cláusula de indexación, es decir que los sueldos se ajusten periódicamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Reclamamos además un salario inicial de 17 mil pesos, monto con el que ya nos quedamos cortos porque era la línea de pobreza en marzo y ahora ya superó los 18 mil pesos”, detalló. 

“No tenemos un  régimen de privilegio”

Roselló cuestionó la intención del Gobierno de Macri de ajustar echando mano a los regímenes especiales laborales y jubilatorios, en los que están incluidos los docentes universitarios, cuerpos diplomáticos y el Poder Judicial. 

“Parece que el Gobierno olvida que los docentes aportamos el 2% más de nuestro sueldo durante 25 a 30 años (el docente puede jubilarse a los 60 o 65, según sea mujer u hombre, con posibilidad de extenderlo voluntariamente hasta los 70). Ese 2% es el que nos posibilita la movilidad del 82% respecto al trabajador activo”, indicó. 

Para el dirigente gremial, el ajuste sobre las jubilaciones comenzó con la reforma previsional que “otorga a los jubilados aumentos por debajo de la inflación” y advirtió que “ahora vienen por nuestro régimen jubilatorio que no es un régimen de privilegio, nos escandaliza que comparen a los docentes universitarios con los jueces federales que no pagan ganancias o con los diplomáticos que cobran hasta 400.000 pesos sin límite de jubilación. Esto es un ataque profundo a las condiciones del trabajador docente, sean universitarios o pre-universitarios, nacionales o provinciales, porque este régimen es para todas las cajas ya transferidas de la docencia. Esto comenzó en diciembre pasado y ya se aplica para los investigadores de dedicación exclusiva; y ahora vienen por el resto de la docencia”, remarcó.  

Reselló puso en jaque a la concepción de que los docentes trabajan menos horas que los otros trabajadores, “trabajamos hasta 50 horas mensuales, cuando la ley de contrato de trabajo establece 48 horas como máximo. Precisamente, queremos que se aumenten las dedicaciones exclusivas en las universidades para que éstas no sean `enseñaderos´; en cambio, que se haga extensión, investigación y creación de conocimiento, no sólo que se dicten cursos de postgrado a distancia pagos”. 

Contra el plan del Gobierno 

El secretario adjunto de la ConaduH criticó al sistema nacional de reconocimiento de trayectorias académicas, firmado por los rectores de las universidades nacionales, porque “iguala a las universidades públicas y privadas, pues cualquiera puede ir a una universidad `low cost´, estudiar a distancia una determinada cantidad de materias y después van a la Universidad Nacional de Córdoba o a la UBA y obtienen su título `premium´. Esto no es más que la aplicación de la Ley de Educación Superior, que ya tiene 21 años de vigencia, y de la acreditación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), el mismo organismo que impulsa una disminución de la duración y contenidos de los títulos de grado para pasarlos al master. Es lo mismo que se aplica en Europa donde, con cinco años (la duración de una licenciatura en Argentina) obtiene dos títulos: el de grado y un master… lo que nadie dice es que en Argentina los master o postgrados son pagos, incluso para los docentes universitarios que no tienen capacitación en servicio (en Europa, ambos son arancelados). Tampoco es casual que ahora el Ministerio de Educación diga que todos los docentes deberían ser doctores, porque ya no alcanzan nuestras maestrías y postgrados”. 

A su entender, estos cambios forman parte del plan del Gobierno para la educación y la universidad con un agregado clave: “el recorte de 3.000 millones al presupuesto educativo y la suspensión de las obras de infraestructura. Debido a que el 90% del presupuesto universitario va a sueldos, este achique en el presupuesto se notará en menos becas, menos comedor, menos bibliotecas, menos laboratorios porque sus insumos están dolarizados. A estos fondos el Gobierno llama gastos de funcionamiento, pero para nosotros son los fondos que se necesitan para que la universidad cumpla su función: retener a los estudiantes, realizar producción de conocimiento, hacer extensión e investigación. No alcanza con que pague a sus docentes”.

Para Roselló, “vienen por nuestras jubilaciones y salarios, este es el ajuste que impulsan las políticas banco mundialistas desde diciembre pasado, no es un tema que haya comenzado ahora con el pedido de crédito al FMI”, aseveró. 
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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