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La Nación abandona a pacientes de Misiones y sus familiares

14 mayo, 2018

La Provincia de Misiones tuvo que salir a solventar la estadía de diez enfermos, con sus familias, en distintos alojamientos de Capital hasta que se cumplan los pagos atrasados de más de 7 millones de pesos. Pacientes de distintas provincias del país que reciben atención y tratamiento en hospitales de Buenos Aires quedaron al borde del desalojo por una deuda de 7 millones de pesos que arrastra Desarrollo Social de la Nación, desde septiembre de 2017, con los hoteles donde personas en esa situación reciben hospedaje.


En el caso de Misiones, la Provincia tuvo que salir a solucionar la situación de sus coterráneos y decidió solventar la estadía de diez enfermos, con sus familias, quienes fueron derivados a distintos alojamientos de la Capital Federal. Así será al menos hasta que el conflicto se solucione. Se trata de un esfuerzo importante, ya que se tuvo que disponer de recursos que no estaban en el presupuesto con tal de garantizar que los enfermos misioneros no corten sus tratamientos. 

Si bien la cesación de pagos que arrastra la Nación con los hospedajes data desde septiembre, el escándalo salió a la luz el viernes, cuando algunas familias decidieron hacer pública y contar la incertidumbre en que viven, ya que el Estado tampoco está depositando una ayuda de 800 pesos que se prevé en estos casos para afrontar gastos de movilidad y otros. 

Aunque los pacientes misioneros consiguieron el sostén para continuar en Capital Federal, otras familias (especialmente de Santiago del Estero, San Juan y Catamarca) están en una situación que para ellos es muy grave, ya que, aunque se indicó que el conflicto ya estaría en vías de solución, y sin que se concreten las amenazas de desalojo que tenían una orden para hoy, todavía no saben hasta cuándo podrán seguir siendo albergadas para a poder seguir acompañando el tratamiento de sus enfermos (Ver recuadro).

La denuncia

Desarrollo Social de la Nación dejó de pagar, desde septiembre de 2017, a los hoteles y alojamiento donde se quedan familiares y pacientes de todo el país que están cursando tratamiento en distintos hospitales.

Entre las que se encuentran en peor situación unas 60 familias del interior (Misiones, Santiago del Estero, Catamarca) que tienen chicos trasplantados, con cáncer o leucemia en el Hospital de Pediatría Garrahan. 
La situación saltó a la luz pública la semana pasada con la denuncia de las personas del interior del país que tienen familiares en distintos hoteles de la capital.
Desde la Nación indicaron que esta semana se estaría en vías de solución para evitar los desalojos . 
La respuesta oficial de Misiones, en tanto, fue la de solventar la estadía de diez pacientes con sus familias en distintos hoteles de Capital Federal hasta que la Nación salde la deuda y se solucione el conflicto de manera definitiva. 

“En el aire”
“Desde septiembre de 2017 no se pagan los alojamientos. Si hoy no lo hacen e incumplen con los acuerdos,  nos desalojan”, contó angustiada Natalia, una sanjuanina y mamá de Mateo (5 años), con hidrocefalia y tumor en el pulmón. 
La mujer explicó que su provincia no se hace cargo de su caso, por no disponer de fondos para ello, y denunció que si no se resuelve el conflicto, hoy se quedan “en el aire”, porque “nos aseguraron que hoy nos desalojan”. 
“También nos quitaron los 800 pesos que percibíamos por quincena en la tarjeta social y que usábamos para comprar yogures y la carne para cocinar diariamente. El año pasado, en diciembre, ya nos habían sacado el beneficio de la tarjeta, pero después de estar suspendida dos meses, nos volvieron a dar. Ahora nos dijeron que será cortada de forma definitiva”, lamentó. 
Un caso similar atraviesa la familia de Vicky, de 3 años. La niña ya había sido trasplantada y está esperando un retrasplante. Todos temen no poder seguir recibiendo atención.

 
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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