El Movimiento Agrario de Misiones criticó duramente al exdiputado provincial de Cambiemos y actual coordinador del Ministerio del Interior en Misiones, Alfredo Schiavoni, por defender los despidos de trabajadores en Agricultura Familiar de la Nación.
Calificaron a Schiavoni como un analfabeto de la agricultura familiar, además de ser amigo personal del ministro Aranguren, el que armó la lista de los despedidos en la provincia de Misiones, y el menos votado en su propia localidad y dentro de su partido PRO.
Mediante un comunicado, el Movimiento Agrario cuestionó que la actitud del exdiputado no solamente daña a los trabajadores despedidos, sino que se está metiendo con una provincia que adopta como modelo de desarrollo productivo, económico, social y ambiental a la agricultura familiar en toda su diversidad, y el cual es considerado un sujeto prioritario de políticas y acciones que se ejecutan desde las diferentes áreas de gobierno.
Para los integrantes del MAM, Schiavoni desconoce las distintas leyes que existen en nuestra provincia como también la Ley de Reparación Histórica votada en el congreso de la Nación, porque sus parámetros de medición son los de la exportación (cobrado en dólares), la fumigación y envenenamiento de la población, el desierto de soja, y la exportación de la mejor carne a Europa.
Finalmente remarcaron que se deberían implementar programas similares a los utilizados en Francia donde se subsidia y paga a los agricultores familiares para que se queden en sus chacras.
Por su parte desde la Secretaría de Agricultura Familiar denunciaron el desmantelamiento de la única política pública específica para el sector de los pequeños productores campesinos e indígenas con más de 25 años de trayectoria.
Desde hace años venimos denunciando el vaciamiento de recursos para el sector y en 2016 sufrimos más de 160 despidos recordaron desde Agricultura Familiar.
Además añadieron que desde abril de este año no cesan de llegar telegramas de despidos masivos en todas las delegaciones provinciales, lo cual atenta en forma directa sobre el derecho de miles de agricultores familiares campesinos e indígenas a contar con un Estado presente y activo a favor de las economías regionales, la soberanía alimentaria y el arraigo de los pueblos.
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