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Tarifas: Schiaretti da “libertad de acción” a sus diputados

7 mayo, 2018

El gobernador cordobés, Juan Schiaretti, dio libertad de acción a los diputados peronistas de su provincia en la sesión de este miércoles, luego de una fuerte polémica con el PRO local, según confirmó el legislador Juan Brügge.

“El gobernador entiende que nosotros estamos haciendo un camino que es correcto. Y todo lo que sea favorable para los argentinos, él lo va a apoyar”, señaló Brügge.

El legislador se pronunció de esa forma luego de que junto con los integrantes del bloque Córdoba Federal manifestaron su “más enérgico repudio” a una denuncia que realizaron intendentes de Cambiemos contra el gobierno provincial para exigir el reparto de fondos públicos y por eso le pidieron al gobernador Juan Schiaretti “libertad de acción” para votar el proyecto opositor que modera aumentos de tarifas.

Los intendentes de Córdoba, Ramón Mestre (UCR), y de Oliva, Oscar Tamis (PRO), presentaron una demanda contra el gobierno provincial por 405 millones de pesos de coparticipación que -a su entender- debieron ser distribuidos con los municipios en el primer trimestre de este año.

Mestre y Tamis argumentaron que “la Constitución provincial indica que el gobierno provincial debe coparticipar con municipios y comunas el 20% de todos los fondos federales”.

Y apuntaron contra el gobernador peronista Schiaretti, lo que motivó el enojo de diputados que responden al mandatario.

A través de un comunicado, los legisladores se mostraron molestos por lo que consideran un doble juego del Gobierno nacional: acusaron al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, de estar detrás de la posición de intendentes del PRO.

Por eso, le pidieron al gobernador Juan Schiaretti “libertad de acción” el miércoles próximo en la sesión en la que se debatirá el tema de las tarifas tarifas.

“Los diputados nacionales del bloque Córdoba Federal queremos manifestar nuestro más enérgico repudio al grave hecho institucional producido el día viernes último, donde el presidente del Foro de intendentes del PRO, Oscar Tamis avalado por el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, denuncio ante la Justicia de Córdoba la inconstitucionalidad del Consenso Fiscal celebrado por el presidente Mauricio Macri y los gobiernos provinciales”, señaló el comunicado. 

Los legisladores nacionales inidcaron: “Claramente, en dicha presentación, el presidente del Foro de Intendente del PRO dice que se deja planteada la inconstitucionalidad del mismo como también de toda legislación de el derivada ya que repugnan al dispositivo de la Constitución Nacional que garantiza la autonomía municipal “.

Para los legisladores, la intención del PRO pone en crisis la credibilidad del Consenso Fiscal.

“Esta actitud de desconocer lo que el presidente de la Nación Mauricio Macri firmó con los gobernadores, que fuera aprobado por el Congreso de la Nación y la Unicameral en Córdoba con el voto de los legisladores del Pro, no se puede interpretar de otra forma que no sea un cambio de reglas institucionales y políticas, poniendo en crisis la credibilidad del Consenso Fiscal, y obstaculizando el correcto desempeño del gobierno provincial”, advierten los diputados.

Advirtieron que “ante esta situación, los del bloque Córdoba Federal y el gobernador Schiaretti siempre han apostado a la gobernabilidad del país”.

“Actitud opuesta a la que hoy el Pro mantiene en nuestra provincia, inentendible, y mucho más aún si tenemos en cuenta el momento por el que pasa el Gobierno Nacional y en la delicada situación en la que se encuentra”, subrayaron.

Por otra parte, repudiaron la actitud de los funcionarios nacionales del Ministerio del Interior que, según señalaron “avalaron esta denuncia en Córdoba, cuando el 20 de abril último, su secretario de Relaciones con las Provincias, licenciado Paulino Caballero, se pronunció a favor de Córdoba, firmando el dictamen del Consejo Federal de Impuestos (CFI) en relación al tema de coparticipación que hoy judicializa”.

“Esa tremenda contradicción, lejos de dar certeza, lesiona la figura presidencial y genera incertidumbre en todos los temas inherentes al Consenso Fiscal, entre ellos, la disminución de la carga impositiva en las tarifas de energía, que Córdoba ya cumplió”, expresaron los diputados.

“Atendiendo la gravedad institucional ante la cual nos encontramos – la incertidumbre sobre la vigencia del Consenso Fiscal – al cambiar las reglas de juego con esta actitud inentendible del PRO en Córdoba, avalada por el Ministerio del Interior, es que nos obliga a los legisladores nacionales, atendiendo la responsabilidad que tenemos de velar por los fondos de nuestra provincia, que son de todos los cordobeses, de analizar esta nueva situación de cara a la sesión por las tarifas, del próximo miércoles, dado que este cambio sobre el Consenso Fiscal impacta de lleno sobre las mismas, porque tampoco tendría valor la baja de impuestos que la provincia ya ejecutó”, dijeron.

Y advirtieron: “Por lo que respetando la posición del gobernador hecha pública la semana pasada, hemos solicitado al Gobernador Juan Schiaretti, libertad de acción para la sesión prevista para el miércoles, a los efectos de actuar responsablemente frente a esta nueva realidad”.
Fuente: Agencia de Noticias NA
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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