La iniciativa busca que el Gobierno suspenda los aumentos en las tarifas de los servicios públicos de electricidad, gas por redes y agua corriente para usuarios residenciales, pymes y cooperativas de trabajo. 
En el caso de las pymes y a las cooperativas de trabajo, el beneficio se aplicará “siempre y cuando no despidan ni suspendan trabajadores y trabajadoras, sin justa causa, hasta el 31 de diciembre del 2019, sin importar su modalidad contractual”.
“Esta protección tarifaria caducará de forma automática en caso de que incumplan esta cláusula”, indicó el texto del proyecto de la ex presidenta.
Por otra parte, la iniciativa crea en el ámbito del Congreso de la Nación el “Comité Nacional de Emergencia Tarifaria” con la finalidad de supervisar, controlar e implementar la ley: estará compuesto por dos representantes de los usuarios y consumidores; dos representantes de los trabajadores; tres representantes de las empresas prestatarias; cuatro senadores; cuatro diputados, y tres representantes del Poder Ejecutivo.
El proyecto promueve que el comité tenga a su cargo la revisión tarifaria integral de las actas acuerdo de renegociación de todos los contratos llevados a cabo con las empresas prestatarias de los servicios públicos, desde el 1 de enero del año 2017 hasta la culminación de la emergencia pública en materia tarifaria.
La revisión, de acuerdo a la iniciativa, será vinculante y tendrá por objeto adecuar los cuadros tarifarios vigentes hacia una tarifa “justa y razonable”.
“Además de estas medidas urgentes para cuidar el bolsillo de los argentinos y argentinas ante el brutal ajuste de tarifas, realizamos una propuesta para resolver el problema de fondo mediante una Revisión Tarifaria Integral. El Comité buscará adecuar los cuadros tarifarios vigentes con el objetivo de alcanzar tarifas justas y razonables y reparar el descontrol que armó el Gobierno”, explicó la ex presidenta a través de redes sociales.
Fuente: Noticias Argentinas
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