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Denuncian que la gente busca pagar menos luz con conexiones clandestinas

15 abril, 2018

Los aumentos que se produjeron en el servicio de luz generó que muchas personas paguen una tarifa de 3.000 pesos a electricistas para que realicen conexiones clandestinas, según denunciaron vecinos y diferentes asociaciones de consumidores.

En ese sentido, la gente busca pagar menos dinero en las boletas mensuales, e incluso se advirtió que hay equipos que sirven para “engancharse” en determinadas horas de la jornada, donde más se consume, informó hoy el diario Popular.

La contracara de la situación es que las compañías vienen realizando operativos para detectar irregularidades y luego presentan denuncias penales contra quienes permiten estas conexiones.

“Me vino una factura en marzo de 4.500 pesos. No la pude pagar y se venció. El jueves fui a la empresa con el dinero, que me había prestado una amiga, pero me dijeron que no podía cancelar la deuda, porque ya tenía la factura nueva de abril. Entonces, ahora tengo que pagar 8.500 pesos”, relató Silvia, una vecina de la localidad de La Tablada, en el partido de La Matanza.

La mujer agregó: “Hay un electricista que está enganchando en todo mi barrio. Cobra 3.000 pesos. No es lo que quiero, porque siempre pagué, pero no te dejan otra”.

Desde que se implementó el nuevo cuadro tarifario, en las últimas semanas, en el Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, creció la oferta de conexiones clandestinas a bajo costo.

Pedro Busetti, presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), remarcó que “esta situación con las conexiones clandestinas de luz son una derivación directa del drama que padecen miles de hogares en Argentina con las tarifas altísimas”.

Sin embargo, Busetti consideró que “se debe buscar una vía alternativa, recurrir a la justicia mediante amparos individuales, porque entrar en la ilegalidad de una conexión trucha le puede generar un perjuicio grande al consumidor, porque es muy probable que lo denuncien penalmente, pero también lo obliguen a pagar multas fuertísimas”.

“La angustia, el dolor y la impotencia que generan en los hogares con esta política energética es infinita. Pero desde DEUCO no recomendamos este mecanismo de ilegalidad. Las empresas hacen supervisiones con técnicos y personal de fuerzas de seguridad. Una vez que detectan la conexión ilegal, proceden a desconectar al usuario y queda en una situación complicada”, observó Busetti.

Las empresas de energía sostienen que se vienen realizando operativos parar retirar las conexiones clandestinas, que también incluyen medidores adulterados, y en cada caso, se labran actas de fraude correspondientes.

“Lo que se debe hacer, sin duda, es realizar presentaciones ante la Justicia de manera individual”, recomendó.

“Cualquier familia de sectores de ingresos bajos y medios puede justificar sin problema que una parte importante termina en el pago de las facturas exorbitantes”, precisó.

Asimismo, recomendó a los usuarios que más sienten los efectos del fuerte aumento de la tarifa por el servicio eléctrico “no recurrir” a las conexiones clandestinas porque implica “una acción peligrosa”.

El titular de DEUCO indicó que de ser descubiertas, “las empresas dejan sin luz a los hogares y luego hacen la denuncia penal” y a eso hay que adosarle el pago de “fuertes multas”.
Fuente: Agencia de Noticias NA
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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