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“El aborto existe, que siga siendo clandestino no es la solución”

11 abril, 2018

“Que se lo debata en el Congreso, tiene que ver con la conquista del movimiento de mujeres”, señaló Olga Aguirre, abogada, docente y militante del Partido Obrero.Finalmente se inició ayer el debate formal del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Con un bloque de 16 expositores favorables a la legalización por la mañana y otro número igual de opositores al derecho al aborto, por la tarde; los plenarios tuvieron lugar en el Anexo de la Cámara de Diputados nacional. 


Con la misma difusión dada para todas aquellas voces que están en contra de la legalización del aborto, PRIMERA EDICIÓN se entrevistó con Olga Aguirre, de profesión abogada, docente y militante del Partido Obrero con una posición a favor de la despenalización, ya que “el aborto existe y que siga siendo clandestino no es la solución”, puntualizó durante una larga charla. 

“Nosotros peleamos para que se dé respuesta a una realidad concreta: se habla de la existencia de 500 mil abortos clandestinos. Entonces la discusión aborto sí o no, es una falacia porque su existencia es una realidad objetiva en el mundo”, analizó.  

“Pensamos que los que están en contra del aborto legal, están a favor del aborto clandestino -y eso hay que decirlo con todas las letras- con todo lo que implica: el negociado de millones y millones, con que solo accedan algunas pocas que puedan pagar y las demás ponen en riesgo su vida”, interpretó Aguirre, para quien “hay una cuestión de equidad social en el medio. Están a favor de los abortos clandestinos y las graves secuelas que puede traer en algunos caso”. 

“El aborto es una situación extrema”
“Es una realidad objetiva y quienes peleamos por su legalización no es que estamos a favor del aborto que debería ser la última instancia. Estamos conscientes que es una instancia difícil para la mujer y que debería ser evitada. Por eso peleamos por educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y en última instancia aborto legal para no morir. Esa es la triple consigna que levantamos históricamente”, enfatizó.

Otros de los aportes de Aguirre, respecto de la polémica que desató el tema desde su habilitación para ser tratado en el Congreso fue: “La ley de interrupción voluntaria del embarazo no implica que vaya a ser obligatorio. Aquella persona que sigue considerando que su moral y espiritualidad le impiden pensar en aceptar tal posibilidad, que no lo haga. Pero así como nosotras no queremos imponer el aborto a nadie, tampoco queremos que se imponga la maternidad”.

Conquista de un derecho
Es la séptima vez que se presenta el proyecto, con algunas modificaciones con respecto a los anteriores, pero básicamente se pretende llegar al reconocimiento del aborto legal como un derecho. 

Eso quiere decir que no sólo tiene que dejar de estar penalizado si no que se tienen que contemplar las condiciones para su ejercicio, es decir, que se haga en forma gratuita en los hospitales y además que sea reconocido por las obras sociales y prepagas.

Consultada sobre el tema en la agenda de debate público, Aguirre opinó que “la posibilidad de que ahora se lo trate, con muchas chances que sea aprobado, tiene que ver con la conquista de movimiento de mujeres que en la Argentina ha sido vanguardia a partir de 2015 con el #NiUnaMenos, una convocatoria masiva de lucha en las calles”.

“Una de las violencias contra la mujer tiene que ver con la imposición de la maternidad, negarles educación sexual, anticonceptivos y finalmente obligar a parir a mujeres que no lo quieren hacer. Todas esas cuestiones de la violencia hizo que irrumpa y se tornen masivos estos reclamos. Entonces, lograr la interrupción legal del embarazo responde a la conquista de un derecho que puede ser ejercido por quien quiera hacerlo”.  

Indicó la militante que “la única garantía de la conquista de este derecho es en las calles. No se puede confiar en los partidos políticos que están en el Congreso porque hace más de tres décadas que les venimos reclamando y siempre privilegiaron sus lazos con el clero”.

Cuestión de salud pública
Para la activista Olga Aguirre el gran tema es la educación sexual y debe atravesar todo el debate.
“Nada puede reemplazar a la educación y si falta ese elemento, falta todo. La información sola no sirve, el método anticonceptivo sirve si  está  la educación sexual. (…) Es una cuestión de salud pública, así como lo son el aborto y la anticoncepción”, aseguró. 
Sin embargo, la ley que estableció la educación sexual se sancionó hace diez años pero no se la aplica.
“No hay material, no está en la currícula y es transversal y supuestamente se tiene que dar en todas las materias, pero no está contemplada, no hay capacitación y no hay contenidos delineados, entonces no se da en ninguna materia”, se lamentó la dirigente del PO. 

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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
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