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Trabajo en negro: la Justicia falló a favor de una extrabajadora del ITEC

1 abril, 2018

Se desempeñó doce años como personal de maestranza y solo cobraba plan Jefes de Hogar y Trabajar. Para la Justicia hubo “fraude a la ley” por parte del Instituto Tecnológico de Alem.La extrabajadora de maestranza del Instituto Tecnológico de Leandro N. Alem demostró ante la Justicia (en primera y segunda instancia) que se desempeñó en esa institución educativa de gestión privada durante doce años -de 2002 a 2014- como trabajadora en negro. 


No obstante a ello,  Nidia Ester Cugut sigue sin poder cobrar los menos de 500.000 pesos estipulados por la Cámara de Apelaciones como monto indemnizatorio porque, una vez más, el Instituto Tecnológico de Leandro N. Alem apeló el fallo y pidió la intervención del Superior Tribunal de Justicia (STJ). 

En sus primeros años, la fundación que conduce el ITEC Alem estuvo presidida por el exministro de Educación, Luis Jacobo; en la actualidad está al frente la ministra Ivonne Aquino y su rectora es la esposa del defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Miguel Molina; Amanda Gómez. La abogada defensora de la trabajadora es Roxana Rivas. 

El caso 
Nidia Ester Cugut trabajó para el Instituto como maestranza desde abril de 2002 a mayo de 2014. Por sus tareas solo se le abonaba lo correspondiente al Plan Jefe de Hogar y, caído este, al Plan Trabajar.

El ITEC reconoció que la mujer realizaba tareas de limpieza en esa institución “en virtud de la aplicación del Programa Nacional denominado Plan Jefes y Jefas de Hogar y Plan trabajar, la actora realizaba tareas de limpieza para el ITEC, pero como se dijo bajo la modalidad del mencionado Plan Nacional, lo cual excluye de plano la aplicación de la ley de contrato de trabajo, por ser totalmente improcedente para el caso de autos, de modo tal que la actora carece de legitimación para demandar al ITEC por no ser dependiente del mismo”.

Sin embargo, los fallos de primera y segunda instancia concluyeron que el ITEC debe hacer frente como empleador y que la relación con Nidia Cugut era de trabajo negro y precarizado.  

La demanda se ganó en primera instancia en todas sus partes, por sentencia del 22 de junio de 2017 dictada por la jueza Pamela Barrios Caram, quien en sus fundamentos refirió: “En este sentido es dable aclarar que bajo las normas que regulan el mencionado programa -Jefes de Hogar y Trabajar- tanto del decreto de su creación y según surge del anexo al mismo que en parte pertinente se transcribe a continuación, los beneficiarios recibirán del programa, una ayuda no remunerativa y el empleador deberá abonarle con carácter salarial el suplemento en dinero necesario para alcanzar el salario establecido para la categoría que se trata”. 

De esta manera, la Justicia dejó en claro lo ilegal de la práctica del ITEC, esto es hacer trabajar a una persona con recursos públicos, sin inscribirse la institución en el Registro de Empleadores (RENAE) y sin pagar el suplemento de dinero necesario para alcanzar el salario establecido para la categoría que se trate, según dispuso en Decreto 565/02. La Justicia (de primera y segunda instancia) definió la conducta de la demandada como de “fraude a la ley”.  

Ambas instancias concluyeron que se consideraba acreditada la relación laboral de Cugut e hicieron lugar a la demanda. Primero, el ITEC apeló el fallo de primera instancia ante la Cámara que, en febrero último, confirmó este fallo con fundamentos similares. 

Según indicó la abogada Rivas, actualmente y a pesar de que el monto de la sentencia no llega a 500.000 pesos, el ITEC volvió a apelar con un recurso extraordinario ante el STJ, lo que significará para la trabajadora una espera promedio de cinco años. 

La mujer vive con una pensión por discapacidad. Es inminente la notificación a la demandada de una denuncia por evasión fiscal como así las denuncias penales correspondientes. 
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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