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Funcionario de Aguirre a juicio oral por presunta “malversación y peculado”

25 marzo, 2018

Se trata de Armín Alderete, actual director de Servicios y Mantenimiento de la Municipalidad de la Capital del Trabajo. La acusación llegó cuando estaba al frente de Obras y Servicios Públicos.En noviembre de 2014, la comuna se vio sacudida nuevamente por una denuncia sobre el funcionamiento el área de Servicios Públicos. Esta vez no se trataba del faltante de combustibles o aceite hidráulico sino el uso de camiones con tierra pertenecientes a la Municipalidad local para trabajar en una obra privada. 


Al frente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del gobierno de Norberto Aguirre, se encontraba Armín Arnulfo Alderete, de quien dependía el movimiento de los vehículos como el destino de una veintena de cargas de tierra que, se estima, terminaron en el obrador de una vivienda particular.

Curiosamente, quien dirigía la mencionada construcción, era el concejal renovador y arquitecto de profesión, Rolando Merochenich, quien radicó una denuncia penal para que se determinen las responsabilidades de los funcionarios, los choferes y los receptores de la “ayuda” del municipio.

Ahora, la Justicia penal provincial en Eldorado, pidió que Alderete vaya a juicio oral por presunto “peculado por sustracción de caudales públicos, peculado de trabajo”; y por supuesta “malversación de caudales públicos”. Tras la notificación, fuentes judiciales confirmaron que la defensa de Alderete apeló la medida y ahora será la Cámara de Apelaciones la que defina cómo sigue el caso.

Sin dudas, una de las pocas (o tal vez la única) decisión judicial en casos de similares características, en la que se llega a la solicitud del juicio oral en Misiones por casos de presunta corrupción.

En esa misma ciudad, cabe recordar, están también en la mira judicial dos dirigentes cooperativos. Hace poco tiempo, antes de la feria de verano, el Juzgado Penal de Puerto Iguazú, a cargo de Martín Brites, indagó a Alberto Romero (titular de la Cooperativa Eléctrica de Eldorado) y Héctor “Paco” Zagert (comerciante y segundo de Romero en una gestión anterior) por la denuncia que presentó un exempleado de la cooperativa. 

Les rechazó incluso el pedido de nulidad del acta de allanamiento a la entidad. Se los investiga por presunta “coacción y administración fraudulenta” en una suma cercana a los cuatro millones de pesos contra el titular de la CEEL y el comerciante y exvicepresidente de la cooperativa eldoradense.

Dos renovadores

Rolando Merochenich es arquitecto de profesión. Ejerció durante algún tiempo el cargo de Secretario de Obras y Servicios Públicos hasta diciembre de 2013 cuando fue electo por el sublema de Norberto Aguirre como concejal.

Lo sucedió al frente de la Secretaría, Armín Alderete secundado por el arquitecto Guillermo González como director de Obras Públicas; y el ingeniero Víctor Benítez como director de Mantenimiento y Servicios Públicos.

Casi un año después, el movimiento de camiones en una obra civil (una vivienda de dos plantas que se muestra en la fotografía de la página 3) alertó a quien ejercía como director de la obra: el arquitecto Merochenich. Al enterarse que se trataba de vehículos municipales, el edil fue hasta la Seccional Primera de Eldorado y radicó la denuncia.

Entonces, el concejal renovador aseguró a PRIMERA EDICIÓN: “Lo que me llevó a hacer la denuncia, primero como funcionario y luego como vecino y profesional, es que en una obra que yo dirijo, se han descargado camiones de la Municipalidad, han ido a descargar tierra. Cuando tomé conocimiento de esta situación, decidí realizar la denuncia penal a la Municipalidad y luego ingresé oficialmente esta denuncia para que se tome conocimiento, se tomen los sumarios correspondientes y ver quiénes son los responsables”.

Precisamente de esos sumarios nunca se supo su dictamen. En 2014, el asesor legal de la Comuna, Carlos Kozik opinó: “Debemos determinar de qué tipo de delito se trata, quiénes intervinieron. No interesa si se trata de una o veinte cargas, sino la magnitud del hecho”. Algo falló por lo cual no aparecieron los responsables en la instrucción administrativa municipal de Eldorado.

En la resolución judicial que pide elevar la causa a juicio, se determinó el sobreseimiento de los choferes estatales.

Varios escándalos 

El caso de Armín Alderete toma trascendencia al llegar a juicio bajo el cargo de presunto “peculado por sustracción de caudales públicos, peculado de trabajo” (según lo dispuesto en los artículos 261 incisos primero y segundo) del Código Penal.  De Secretario pasó con el correr de los años como Director de Obras Públicas, al mando incluso de la flamante planta de asfaltado. Luego, en enero del año pasado más cerca en el tiempo, fue designado Director de Servicios y Mantenimiento en lo que fue presentado como “un recambio que oxigena” la gestión comunal.
Es evidente la cercanía con el intendente Aguirre ya que, ni las sospechas y denuncias, lo apartaron de la función política pública en el gabinete eldoradense.
Sin embargo, los escándalos sucedieron uno tras otro y no solo con Alderete como titular de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
Al menos dos veces le tocó a este funcionario ir al Concejo Deliberante a ser interpelado: primero por la sustracción de combustibles y luego por las cargas de tierra.
En 2016, siendo secretario Guillermo González, se inició la investigación por el programa Viviendas Progresivas (que había sido lanzado en 2008), en el cual 17 personas que debían tener sus casas terminadas seguían esperando que las mismas se concluyan. Las mayores críticas fueron hacia el entonces coordinador del Programa, Wilfrido Landaida.


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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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