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Funcionario de Aguirre a juicio oral por presunta “malversación y peculado”

25 marzo, 2018

Se trata de Armín Alderete, actual director de Servicios y Mantenimiento de la Municipalidad de la Capital del Trabajo. La acusación llegó cuando estaba al frente de Obras y Servicios Públicos.En noviembre de 2014, la comuna se vio sacudida nuevamente por una denuncia sobre el funcionamiento el área de Servicios Públicos. Esta vez no se trataba del faltante de combustibles o aceite hidráulico sino el uso de camiones con tierra pertenecientes a la Municipalidad local para trabajar en una obra privada. 


Al frente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del gobierno de Norberto Aguirre, se encontraba Armín Arnulfo Alderete, de quien dependía el movimiento de los vehículos como el destino de una veintena de cargas de tierra que, se estima, terminaron en el obrador de una vivienda particular.

Curiosamente, quien dirigía la mencionada construcción, era el concejal renovador y arquitecto de profesión, Rolando Merochenich, quien radicó una denuncia penal para que se determinen las responsabilidades de los funcionarios, los choferes y los receptores de la “ayuda” del municipio.

Ahora, la Justicia penal provincial en Eldorado, pidió que Alderete vaya a juicio oral por presunto “peculado por sustracción de caudales públicos, peculado de trabajo”; y por supuesta “malversación de caudales públicos”. Tras la notificación, fuentes judiciales confirmaron que la defensa de Alderete apeló la medida y ahora será la Cámara de Apelaciones la que defina cómo sigue el caso.

Sin dudas, una de las pocas (o tal vez la única) decisión judicial en casos de similares características, en la que se llega a la solicitud del juicio oral en Misiones por casos de presunta corrupción.

En esa misma ciudad, cabe recordar, están también en la mira judicial dos dirigentes cooperativos. Hace poco tiempo, antes de la feria de verano, el Juzgado Penal de Puerto Iguazú, a cargo de Martín Brites, indagó a Alberto Romero (titular de la Cooperativa Eléctrica de Eldorado) y Héctor “Paco” Zagert (comerciante y segundo de Romero en una gestión anterior) por la denuncia que presentó un exempleado de la cooperativa. 

Les rechazó incluso el pedido de nulidad del acta de allanamiento a la entidad. Se los investiga por presunta “coacción y administración fraudulenta” en una suma cercana a los cuatro millones de pesos contra el titular de la CEEL y el comerciante y exvicepresidente de la cooperativa eldoradense.

Dos renovadores

Rolando Merochenich es arquitecto de profesión. Ejerció durante algún tiempo el cargo de Secretario de Obras y Servicios Públicos hasta diciembre de 2013 cuando fue electo por el sublema de Norberto Aguirre como concejal.

Lo sucedió al frente de la Secretaría, Armín Alderete secundado por el arquitecto Guillermo González como director de Obras Públicas; y el ingeniero Víctor Benítez como director de Mantenimiento y Servicios Públicos.

Casi un año después, el movimiento de camiones en una obra civil (una vivienda de dos plantas que se muestra en la fotografía de la página 3) alertó a quien ejercía como director de la obra: el arquitecto Merochenich. Al enterarse que se trataba de vehículos municipales, el edil fue hasta la Seccional Primera de Eldorado y radicó la denuncia.

Entonces, el concejal renovador aseguró a PRIMERA EDICIÓN: “Lo que me llevó a hacer la denuncia, primero como funcionario y luego como vecino y profesional, es que en una obra que yo dirijo, se han descargado camiones de la Municipalidad, han ido a descargar tierra. Cuando tomé conocimiento de esta situación, decidí realizar la denuncia penal a la Municipalidad y luego ingresé oficialmente esta denuncia para que se tome conocimiento, se tomen los sumarios correspondientes y ver quiénes son los responsables”.

Precisamente de esos sumarios nunca se supo su dictamen. En 2014, el asesor legal de la Comuna, Carlos Kozik opinó: “Debemos determinar de qué tipo de delito se trata, quiénes intervinieron. No interesa si se trata de una o veinte cargas, sino la magnitud del hecho”. Algo falló por lo cual no aparecieron los responsables en la instrucción administrativa municipal de Eldorado.

En la resolución judicial que pide elevar la causa a juicio, se determinó el sobreseimiento de los choferes estatales.

Varios escándalos 

El caso de Armín Alderete toma trascendencia al llegar a juicio bajo el cargo de presunto “peculado por sustracción de caudales públicos, peculado de trabajo” (según lo dispuesto en los artículos 261 incisos primero y segundo) del Código Penal.  De Secretario pasó con el correr de los años como Director de Obras Públicas, al mando incluso de la flamante planta de asfaltado. Luego, en enero del año pasado más cerca en el tiempo, fue designado Director de Servicios y Mantenimiento en lo que fue presentado como “un recambio que oxigena” la gestión comunal.
Es evidente la cercanía con el intendente Aguirre ya que, ni las sospechas y denuncias, lo apartaron de la función política pública en el gabinete eldoradense.
Sin embargo, los escándalos sucedieron uno tras otro y no solo con Alderete como titular de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
Al menos dos veces le tocó a este funcionario ir al Concejo Deliberante a ser interpelado: primero por la sustracción de combustibles y luego por las cargas de tierra.
En 2016, siendo secretario Guillermo González, se inició la investigación por el programa Viviendas Progresivas (que había sido lanzado en 2008), en el cual 17 personas que debían tener sus casas terminadas seguían esperando que las mismas se concluyan. Las mayores críticas fueron hacia el entonces coordinador del Programa, Wilfrido Landaida.


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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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