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Vivir sin DNI: en Argentina hay unos 160 mil argentinos fuera de registro

22 marzo, 2018

Para revertir esta situación, el Gobierno nacional junto a IADEPP capacita a las personas que, por su trabajo, pueden ayudar a los no inscriptos.En Argentina, se estima que todavía hoy el 1% de la población no tiene documento. Es decir, alrededor de 160.000 personas son NN. 


Para tratar de modificar esta situación, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Gestión y Desarrollo Institucional, firmó un convenio con el Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas (IADEPP) para que este último ofrezca capacitaciones para acercar herramientas a las personas que por sus trabajos estén en contacto con estos casos para que faciliten la inscripción de los NN.

Esta capacitación intensiva de ocho horas tuvo lugar en Posadas el martes último y contó con la participación de referentes del hospital Materno Neonatal, hogares de niños, ONG, trabajadores municipales de Posadas, Garupá, Eldorado y de otras comunas, además de trabajadores del Registro Provincial de las Personas. 
    
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, el presidente de IADEPP, Jorge Álvarez, indicó que el único denominador común en todos los casos de NN “es la exclusión, mayoritariamente hablamos de mujeres que tienen que enfrentar una realidad de extrema vulnerabilidad, mujeres a cargo de sus hijos y que tienen que hacer la documentación porque esta tarea cae casi siempre sobre la mujer. A esto me refiero cuando digo que esta es una exclusión que tiene rostro: la mujer en la pobreza”.

Álvarez advirtió además que hubo y hay falencias por parte del Estado en no garantizar que los nacimientos estén todos inscriptos. 

Problema más urbano
La IADEPP desarrolló en 2012 junto al Observatorio de la Deuda Social un informe técnico sobre esta cuestión que arrojó que en ese momento había 168.000 niños en todo el país sin DNI y el 40% de estos chicos estaban en el Gran Buenos Aires. 

“Obviamente incide la densidad de población que es mayor en Buenos Aires que el resto del país, pero también muestra que en las grandes ciudades, donde hay mayor cantidad de nacimientos, también es mayor la incapacidad de controlar qué suceden con esos nacimientos. Las ciudades con mayor porcentaje de nacimientos y exclusión social tienen mayor cantidad de no inscriptos; a juzgar por la convocatoria que tuvo esta capacitación en Posadas, Misiones tiene muchos casos”, indicó Álvarez.

En este sentido, advirtió que es un problema más urbano que rural y esto se repite en todo el país. “Hay más no inscriptos en la periferia de la Matanza que en cualquier comunidad rural del país”, detalló.  

En cuanto a la cantidad de personas no inscriptas en Argentina, el presidente de IADEPP consideró que es levemente menor que en 2012 pero “seguimos pensando que estamos en el 1% de la población en esa situación y eso es mucho teniendo en cuenta las distintas edades”.   

“Necesitamos una Justicia comprometida”
Según el actual cuerpo normativo, en Argentina se puede inscribir en el ámbito administrativo un niño hasta los doce años, “una mamá o un papá requiere de dos testigos con quienes debe acudir al Registro de las Personas que le corresponde por el lugar de nacimiento e iniciar el trámite de DNI”. 

A partir de los doce años, el trámite se realiza por vía judicial, “es más engorroso y por eso se necesita que los operadores conozcan bien el proceso para poder llevarlo a cabo más rápido. El personal del Registro Civil actúa en ambas instancias, la administrativa y la judicial, y esto es muy importante porque hay que acercar a las personas que no tienen documento y que tienen una carga de angustia y ansiedad, cuesta digerir que es un proceso largo, que puede tardar más de un año, cuando todos quieren que salga rápido. Además, necesitamos una Justicia que esté comprometida y tenga sensibilidad”, señaló.   

Pese a la aplicación en los últimos años de más beneficios sociales para los ciudadanos con documentos (entre estos el cobro de la Asignación Universal por Hijo, escolaridad, becas, subsidios y pensiones) esto no impactó en una mayor demanda de inscripción de los NN. 

Al respecto, Álvarez señaló que “la exclusión como fenómeno de la pobreza estructural no cambió, los que estaban afuera siguen afuera y seguirán si no hacemos algo para incluirlos”.  

“Todavía tenemos recién nacidos no inscriptos”
“El propósito de esta capacitación es facilitar herramientas a los que pueden estar en contactos con cualquier tipo de casos de falta de documentación y registro de niñas, niños, adolescentes y adultos. El objetivo es restituir los derechos de las personas que lo tengan vulnerados por carecer de DNI”, indicaron Jorge Oscar Gabilondo y Laura Villani, de la Dirección Nacional de Gestión y Desarrollo Institucional.  

“En nuestro país quedan alrededor de 160.000 personas sin registrarse por diversas causas: problemas en nacimientos en lugares recónditos, problemas con la documentación de los padres, entre otras causas. Lo cierto es que aún tenemos recién nacidos no inscriptos en Argentina”, admitió Gabilondo. 

Recordó que a los chicos se los puede inscribir hasta los doce años sin intervención del Poder Judicial, a partir de esa edad ya implica un proceso judicial. La única excepción son los integrantes de las poblaciones indígenas pues las minorías aborígenes no tienen tope de edad. 

Aunque el plazo para inscribir a un recién nacido es de 40 días, el decreto 90/09 permite inscribir a un niño hasta los doce años por vía administrativa, “se realiza un trámite de inscripción administrativa que requiere de una intervención del ministerio público fiscal, dependiendo de la documentación que se tenga en cada caso; puede durar entre dos y tres meses”, detalló Gabilondo. 
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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