Luego de tres horas de debate, se aprobaron los proyectos vinculados al “desarrollo de infraestructura”, al “desarrollo productivo” y el de “simplificación de la administración pública nacional”.
En la primera sesión ordinaria del año, el oficialismo logró este jueves de madrugada darle media sanción a las tres iniciativas que reproducen el contenido del decreto ómnibus firmado por el presidente Mauricio Macri en enero pasado y que establecen una serie de reformas de “simplificación y desburocratización” del Estado.
Fue luego de una sesión “extralarge” que se extendió más de la cuenta por la sobreabundancia de cuestiones de privilegio, homenajes y mociones que tuvo lugar previamente al abordaje del temario acordado en plan de labor.
Con la media sanción de los tres proyectos en el bolsillo, se votó luego de manera favorable el dictamen de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que declaró la invalidez del “mega DNU”, que seguía vigente pese a las críticas opositoras.
Recién pasada la 1.30, y cuando la sesión ya contabilizaba trece horas de debate, se logró aprobar el primero de los proyectos vinculado al desarrollo de infraestructura, con 141 votos a favor y 86 en contra.
En tanto, la iniciativa relacionada al “desarrollo productivo” cosechó 140 votos a favor, 69 en contra y 18 abstenciones, mientras que el de “simplificación de la administración pública nacional” registró 138 votos afirmativos, 63 negativos y 25 abstenciones: en estos dos proyectos las abstenciones correspondieron al Frente Renovador.
Para lograr su cometido, Cambiemos se valió del respaldo del interbloque Argentina Federal, que a cambio le arrancó al oficialismo una serie de modificaciones como la supresión del artículo que hubiera permitido el embargo de depósitos de cuentas sueldo superiores a tres salarios mínimos.
También se dio marcha atrás con el punto pretendía excluir a los contratos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeSdel régimen de contrataciones del Estado, lo que hubiera permitido que dicho organismo creara fideicomisos a su criterio.
El Frente para la Victoria-PJ, el Movimiento Evita y el Frente de Izquierda, en cambio, votaron en contra de los tres proyectos.
Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa que establece criterios de “desburocratización” de la administración pública nacional es la ampliación de uso del documento electrónico y la firma digital en la totalidad de los actos administrativos y jurídicos.
“Es importante mejorar el valor de la firma digital y para eso se incorpora en el proyecto la presunción de veracidad de la firma del titular del certificado de aplicación. Además iguala el valor probatorio de los documentos oficiales electrónicos respecto de los que tienen soporte en papel”, explicó el presidente de la comisión de Legislación General y miembro informante del oficialismo, Daniel Lipovetsky.
Por otro lado, el proyecto plantea una ampliación de los mecanismos de subasta electrónica, y una agilización de los procedimientos que realiza la Unidad de Información Financiera (UIF) en las investigaciones sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
En cuanto al proyecto de “desburocratización” vinculado al “desarrollo productivo”, el oficialismo acordó con el peronismo nucleado en Argentina Federal retirar el artículo sobre la embargabilidad de las cuentas sueldo.
“Este tema que originalmente estaba previsto en el proyecto fue muy debatido. Si bien finalmente la propuesta fue eliminada, nos debemos un debate sobre este tema. Era más sana nuestra propuesta. Yo creo que había una mejora pero en el marco del consenso fue eliminado”, destacó Lipovetsky.
Uno de los aportes centrales de esta iniciativa es la ampliación del Fondo Fiduciario de Capital Emprendedor para que más MiPyMEs, “que son las que generan el 70 por ciento del empleo en el país”, tengan acceso a esa fuente de financiación.
A su vez, dicho proyecto baja las multas y los tiempos de permanencia en un registro de infractores que se creó en 2014 a modo de un “veraz laboral”.
“Hace 25 años que la Argentina uno de cada tres trabajadores esta en negro. La legislación actual que sanciona a los empleadores con trabajadores en negro ha fracasado”, justificó el diputado macrista.
El tercer proyecto de “modernización” del Estado se refiere al “desarrollo de la infraestrutura”, el cual fue defendido en su carácter de miembro informante del oficialismo por el diputado radical Héctor Olivares.
“El objetivo es colocar en primer plano las necesidades del ciudadano, otorgar transparencia y celeridad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos en lo vinculado a la infraestructura”, aseguró.
Al tomar la palabra en representación del Frente para la Victoria, el diputado Axel Kicillof fue demoledor en sus críticas al señalar que el Gobierno intentó “pasar de contrabando” el “megadecreto” pero que al no poder hacerlo generó “tres engendros”, en referencia al paquete de tres proyectos de ley.
“Esto no es algo que haya escrito el Poder Ejecutivo. Estos puntos los redactó el sector privado y se lo impuso al Ejecutivo”, disparó.
“Desburocratización no es. Esto lo que hace es poner menos regulaciones. Eso no es sacar burocracia. No es menos papeleo, es más facultades discrecionales al Ejecutivo”, denunció.
En esta línea, consideró que “el Estado tiene que regular, excepto que tengan la concepción liberal -que efectivamente tienen- de que el Estado siempre molesta a los privados”.
Por su parte, Marco Lavagna (Federal Unidos por una Nueva Argentina) cuestionó la “celeridad” del debate y advirtió que no avanza en “cuestiones de fondo”.
“En algunos temas los proyectos son un avance, en otros no hay grandes cambios. Estamos poniendo parches y no avanzando en cuestiones de fondo”, sostuvo el diputado massista.
A su turno, Diego Bossio (Justicialista-Argentina Federal) destacó que para su bancada era “un límite” el embargo de cuentas sueldo y también que “se use los dineros de ANSeS como si fuera la mesa de dineros de un banco”.
Al fundamentar el voto negativo de su bancada, Leonardo Grosso (Peronismo para la Victoria) sostuvo que “Macri quiere burocratizar el Estado a medida de las empresas”.
Romina del Plá (Partido Obrero-FIT) consideró que el paquete de proyectos es “un ataque en regla al pueblo trabajador porque no podemos encontrar ni una medida que beneficie a la población laboriosa del país”.
“Habilitan a las empresas a seguir con el fraude laboral. Les dicen: ‘Tomá en negro porque lo máximo que te puede pasar es 30 días en el registro de infractores. Nada más. Es una señal muy profunda sobre la orientación general del Gobierno”, alertó.
Mirta Tundis (Frente Renovador) sostuvo que “lamentablemente en estos decretos no existe la desburocratización, sino que están haciendo un negocio para los empresarios”, aunque rescató que el oficialismo haya “recapacitado” al eliminar lo previsto en el decreto sobre el FGS.
Fuente: Agencia de Noticias NA
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