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En Irigoyen denuncian discriminación de los aduaneros de Dionisio Cerqueira

22 marzo, 2018

Transportistas, exportadores y despachantes de Aduana de Argentina se unieron por este problema y elaboraron una nota solicitando a la Nación, la Provincia y el Municipio que intervengan. Los operadores de comercio exterior y transporte internacional de la Aduana de Bernardo de Irigoyen están que trinan y no se descarta que realicen una manifestación en los próximos días como consecuencia de sentirse “discriminados” por aduaneros brasileños de Dionisio Cerqueira. En caso de avanzar la idea de la manifestación, una fecha tentativa que analizan es el 2 de abril. 


En las últimas horas, integrantes del Centro de Despachantes de Aduana y Operadores de Comercio Exterior firmaron un documento denunciando esta “discriminación hacia exportaciones argentinas” y solicitando ayuda a las autoridades nacionales, provinciales y municipales para que intervengan y solucionen este problema. 

En el documento manifiestan su “profunda preocupación por la demora excesiva en la liberación de la Aduana brasilera en toda la operatoria pero en especial de las exportaciones argentinas, lo que está provocando cuantiosas pérdidas económicas y una gran cantidad de pérdidas de fuentes de trabajo”.

El problema, al parecer, se originó hace seis meses cuando los funcionarios de la Aduana brasilera implementaron como forma de protesta por mejoras salariales una huelga que consiste en la imposición de horarios especiales para ciertos trámites y disminución drástica del ritmo de trabajo, lo cual demora los controles, el papeleo y el cruce en forma exagerada. 

“Sin dejar de comprender el derecho que tienen los fiscales de la Aduana brasilera a reclamar, consideramos que lo están haciendo con total falta de criterio y sin que nadie puede regular estas acciones, demorando los plazos en el análisis y liberación de cargas especialmente de exportaciones argentinas”, se quejan los exportadores y transportistas de todo el país que operan en la zona de Irigoyen.

Otro de los problemas es que “muchas cargas en forma unilateral fueron pasadas del canal verde a canal rojo, llegando algunos camiones a  estar parados más de 35 días”. A causa de esto, lentamente, muchos transportistas y operadores están tomando la decisión de desviar el cruce hacia las aduanas de Puerto Iguazú, San Javier y Santo Tomé provocando la pérdida de una gran cantidad de fuentes de trabajo.

Preocupa además la cantidad de empleos y trabajos indirectos que genera el negocio en torno a la frontera ya que se están viendo afectados otros rubros como: depósitos, gomerías, talleres mecánicos, servicios de trasbordo, restaurantes y comercios en general. “Sabemos que en nuestra región es muy importante esta actividad ya que no contamos con industrias”, advierten.

Lo llamativo es que la medida de fuerza de los aduaneros brasileños es nacional pero el único lugar donde decidieron demorar los trámites es Dionisio Cerqueira “siendo en otros puertos la demora de un canal rojo de un máximo de 2 a 3 días, que si bien es mucho tiempo, comparando con los 30 días que se demoran en Cerqueira, realmente no es nada”.

Otro agravante que denuncian despachantes y transportistas es la discrecionalidad de la medida de fuerza, ya que “para las exportaciones brasileras el paro no se siente”.

“Si a la medida de fuerza mencionada anteriormente le sumamos las demoras y rechazos del Ministerio de Agricultura tenemos como resultado que habrá una disminución muy importante en la cantidad de operaciones y la pérdida de fuente de trabajo”, advirtieron.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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