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Riesgo latente: los tareferos siguen siendo transportados en camiones

14 marzo, 2018

Los colectivos que el Gobierno vendió a las empresas yerbateras y a los cuadrilleros en 2013 cada vez circulan menos y no se reemplazaron. Apuntan que la responsabilidad es de los empresarios. Los gremios denuncian inacción y el ministerio de trabajo advierte que este problema es una constanteEn el 2013, después de un terrible accidente con víctimas fatales, la provincia compró colectivos usados, se los vendió a las empresas yerbateras y a los cuadrilleros para que transporten a los tareferos en condiciones dignas y así dejen de viajar en camiones, como animales, arriba de la ponchada de yerba mate. 


Parecía que esa vieja práctica de la época del mensú se iba a terminar para siempre. Pero no fue así, porque en la actualidad, cinco años después, la situación retrocedió y los tareferos otra vez están siendo trasladados como ganado, arriesgando sus vidas en cada jornada.

Al parecer, algunos colectivos se deterioraron o dejaron de usarse y poco a poco fueron desapareciendo de las rutas. Se ven cada vez con menor frecuencia. 

Antenor Álvez, del Sindicato de Tareferos de Jardín América (Sitaja); explicó que “estamos volviendo a la situación de antes, cuando los compañeros eran trasladados en camiones. Los colectivos cada vez hay menos. Yo me cansé de denunciar que acá venían los compañeros y me decían que los llevaban desde Jardín América hasta Andresito a trabajar y no los paraban en ningún control, quiere decir que no están controlando”, se quejó.

“Necesitamos que los tareferos vayan en colectivos o combis, porque hay lugares donde el colectivo no entra pero en camionetas con asientos y bien equipadas, a mi criterio, mejoraría la situación y evitaríamos el riesgo de accidente”, finalizó Antenor Álvez, del Sitaja.

Por su parte, Ana Cubilla, secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR) recordó que “el año pasado hubo dos accidentes en Misiones, no tuvimos que lamentar víctimas fatales pero ello muestra a las claras que el viejo sistema está funcionando de vuelta”.

La mujer consideró que “prácticamente estamos sin contralor”. Y denunció que “las empresas yerbateras son avisadas cuando van a ser controladas, por ejemplo: en Andresito está el Ministerio de Trabajo, AFIP y otros organismos, y las empresas le dieron la semana libre a los peones, nadie está trabajando, quiere decir que le avisaron”.

Cubilla recordó que “el año pasado en noviembre se abrió una mesa de diálogo con intendentes, diputados, productores y peones rurales para analizar el tema de los tareferos, no hubo ninguna solución y desde entonces no se reunió más”.

Por su parte, Andrés Zahrebelnyj, del área de Legales del INYM, indicó que “el transporte (de tareferos) es responsabilidad del empleador, el INYM no es el organismo encargado del control pero siempre está dispuesto a colaborar con el mejoramiento de las situaciones que tiendan a la seguridad del trabajador”.

Para el ministro del Agro, José Luis Garay “ha disminuido mucho el transporte de tareferos en camiones. Yo recorro las rutas y no veo hace tiempo ese tipo de imágenes”. 

Aunque también reconoció que “es verdad que los colectivos no aparecen tanto como al principio”.

Puntualmente, sobre Aristóbulo del Valle y Dos de Mayo, dijo que “conozco casos en los que el empleador le paga el pasaje o la nafta para que el tarefero vuelva en motito a su casa, pero son casos puntuales en los municipios donde más recorro”.

Igualmente, aclaró que “nosotros somos gobierno y no vamos a evadir las responsabilidades, si hay una denuncia o se constata una situación así, hay que actuar y evitar que se produzca un accidente, pero hace mucho tiempo no me he cruzado”.

Sin embargo, el ministro de Trabajo, Juan Carlos Agulla, reconoció que esta práctica es una constante en la actividad y para solucionarla se necesita la colaboración de muchos actores, empezando por las empresas, la Policía, los municipios, el INYM, los gremios y las asociaciones de productores y trabajadores. 

“El transporte de tareferos es constante preocupación nuestra. Cuando salimos de inspección en el sector de trabajadores de la yerba volvemos a poner énfasis en respetar la ley de salud y seguridad, especialmente en el transporte de trabajadores porque tenemos experiencias tristes”, explicó.

El ministro reconoció que “es un pedido constante” el control por el transporte de tareferos. Agulla agregó que “es un camino donde hay que insistir, recorrer, controlar y estar cerca porque sigue ocurriendo esto de trabajadores arriba del camión”.  Reconoció además, que “el control es deficiente teniendo en cuenta los miles de caminos que tiene la provincia, es imposible estar en todos lados”.

“Por eso nosotros cuando hacemos controles lo hacemos en lugares estratégicos, pero es constante la necesidad de colaboración recíproca entre todos los sectores para que esto no siga ocurriendo”, finalizó el ministro de Trabajo de la provincia, Juan Carlos Agulla. 
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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