Solicitaron un incremento cercano al 25% para que compense la inflación del año pasado. De confirmarse esa propuesta la bajada de bandera pasaría a costar 25 pesos y la ficha cada cien metros $2,50. 
Ya ingresó al análisis de los ediles posadeños un pedido de los propietarios de taxis para que se otorgue un incremento a la tarifa que sea equivalente al crecimiento inflacionario del año pasado. El tema está en consideración de la Comisión de Transporte y Tránsito del Concejo Deliberante que antes de aventurar esa posibilidad prefiere reunirse con los distintos sectores que desarrollan esa actividad en la ciudad. Para ello han previsto una primera reunión para el lunes 26 de este mes, a las 10.
Todavía es prematuro hablar de incrementos. Hay pedidos, sí, reconoció a PRIMERA EDICIÓN el concejal Miguel Ángel Acuña (TyP), titular del grupo de trabajo deliberativo encargada de analizar y dictaminar sobre el pedido de los taxistas. Estamos esperando la visita de todos para poder avanzar, añadió. Los vamos a recibir el 26 en la comisión para poder escucharlos y así después poder darles una respuesta, de cuánto o si le damos o no se lo damos.
Tras esa reunión y en consonancia con lo establecido en la Carta Orgánica Municipal (COM) deberá convocarse a una audiencia pública donde expongan sus puntos de vista todas las partes involucradas. Dicho procedimiento vino realizándose exitosamente en los últimos años previos a la sanción de la ordenanza que otorga la suba requerida, aunque sin mucha participación de exponentes y público.
Propuesta y audiencia pública
El pedido inicial esta vez rondaría el 25%, similar al índice inflacionario del 24,8% del año pasado, pero sin previsión alguna respecto a los incrementos en combustibles y otros insumos que vienen sucediéndose este año. Con ese aumento la actual tarifa de $20 la bajada de bandera y $2 la ficha caída cada cien metros pasaría a costar $25 para la primera y $2,50 para la segunda, aunque estos valores aún están lejos de ser los que serán confirmados.
El año pasado para otorgar ese incremento sancionado el 3 de agosto, hubo que confrontar posiciones encontradas entre quienes son propietarios de vehículos, aquellos que los alquilan y el gremio de los peones. Estas diferencias quedaron expuestas en la audiencia pública que se había realizado casi un mes antes, el 7 de julio previo al receso administrativo invernal– y a la que lamentablemente solo concurrió una veintena de personas.
Una vez escuchadas las partes, la Comisión de Transporte y Tránsito deberá convocar a la audiencia pública, cuya organización estará a cargo de la Comisión de Legislación General, Régimen del Empleado Municipal y Enjuiciamiento, que preside el concejal Martín Arjol (Cambiemos). Ésta además será la responsable de elaborar el informe y las conclusiones sobre ese encuentro abierto a todos.
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