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Parques eólicos: investigan si Macri benefició a familiares

1 marzo, 2018

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi realizó un operativo en el Ministerio de Energía y Minería para hacerse de documentación que le permita investigar si empresas vinculadas al grupo Macri se beneficiaron con información privilegiada en la venta de seis parques eólicos.El operativo se realizó este martes y estuvo a cargo del área de Delitos Federales de la policía, según publicó el diario La Nación.

   
El magistrado dispuso que los agentes se presentaran en Enarsa, en la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y en seis empresas.
   
En todos los casos, el objetivo de los operativos era cumplir con las “órdenes de presentación” de documentación.
   
El juez buscó hacerse de resoluciones, licitaciones y contratos vinculados con las operaciones denunciadas.
   
Según había publicado el diario Perfil, el grupo Macri compró sin licitación seis parques eólicos que después revendió y con ese negocio ganó al menos 48 millones de dólares.
   
La denuncia que dio origen a esta causa la presentaron los diputados del Frente para la Victoria, Rodolfo Tailhade y Martín Doñate.
   
Los legisladores pidieron que se investigaran los posibles delitos de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
   
A su vez, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) inició una “investigación preliminar” que forma parte del expediente de Martínez de Giorgi.
   
El fiscal del caso, Eduardo Taiano, presentó su requerimiento de instrucción y aunque no identificó imputados, impulsó la causa y pidió un primer paquete de medidas de prueba.
   
El lunes pasado, el juez firmó la resolución donde dispuso las órdenes de presentación de documentación dirigida a los organismos públicos.
   
En el mismo documento, Martínez de Giorgi ordenó que se les requiriera a Nación Fideicomisos y a la Comisión Nacional de Valores que en el plazo de 72 horas remitiera al juzgado “todos los expedientes y la documentación” que tuviera sobre las sucesivas sesiones de acciones o ventas de las empresas destinadas a la explotación eólica cuyos movimientos forman parte de la investigación.
   
También pidió informes sobre las sociedades a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.
   
Según trascendió, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, sin haber sido citado, hizo una presentación en la causa.
   
El organismo con competencia en el área es la Subsecretaría de Energías Renovables, que depende de su ministerio

Dos empresas del Grupo Macri y sus socios en el negocio de la energía eólica ganaron al menos 48 millones de dólares en la venta de seis parques eólicos, según un nuevo documento obtenido por Perfil. 

Este medio reveló el domingo que la compañía Sideco Americana -empresa insignia del holding de los Macri- creó junto con un grupo de socios cuatro empresas a nombre de un contador; así, adquirieron seis parques eólicos en la provincia de Chubut y Miramar, provincia de Buenos Aires, que meses más tarde, revendieron, con una ganancia de al menos US$ 15 millones en menos de un año. 

De acuerdo al reporte anual de la compañía asiática Goldwind, a esa ganancia deben sumarse otros US$ 33 millones, dando un total de US$ 48 millones de diferencia entre lo que pagaron a Isolux y lo que revendieron meses después.

Las inversiones en energías renovables fueron desde el comienzo una de las apuestas fuertes del gobierno de Mauicio Macri. También de su familia, que intentó ingresar al negocio. 

Los contratos para construir y explotar parques eólicos se ganan a través de licitaciones públicas. El sistema habilita a las ganadoras a vender luego los contratos a otros privados. La española Isolux ganó cuatro durante el kirchnerismo y otros dos durante el gobierno de Cambiemos, luego de haber comenzado la venta de activos al holding de los Macri.

Isolux anunció hace más de un año la venta de los primeros cuatro parques, Loma Blanca I, II, III y IV (Chubut), a dos compañías creadas para la transacción: Sideli SA y Sidsel SA, ambas empresas presididas por Mariano Payaslian, contador de confianza del holding de la familia presidencial. 

La venta fue anunciada el 19 de octubre de 2016, de acuerdo al comunicado de Isolux, y requería la aprobación del Banco Nación y de la empresa estatal Enarsa, que depende del ministerio de Energía y Minería.

Para fines de enero de 2017, la transacción estaba lista: Sidsel SA se quedó con los parques Loma Blanca I, II y III, en los que la española nunca había realizado inversiones, mientras que Loma Blanca IV pasó a manos de Sideli SA. Todo por US$ 25 millones.

Loma Blanca IV, el único parque que Isolux dejó en funcionamiento -produce energía desde 2013-, fue revendido en mayo de 2017 a Genneia (de Argentum Investment, el banquero Jorge Brito y su hijo Pablo) por unos US$ 40 millones, como reveló Perfil en febrero. Loma Blanca I, II y III fueron vendidos a la china Goldwind, también en mayo de 2017, por otros US$ 33 millones.

Las ganancias para las empresas de la familia presidencial y sus socios alcanzan entonces los US$ 48 millones. Claro, que, de haberse quedado con el negocio, hubieran ganado mucho más. En Sideco Americana no lo ocultan.

El programa Renovar busca fomentar la generación de energía eléctrica a través de parques eólicos y energía solar, entre otras fuentes ecológicas. 

Un noble objetivo, con una oportunidad sin igual para los bien entendidos: es básicamente un negocio financiero, que otorga una rentabilidad del 10% anual en dólares, en promedio, durante 20 años. 

La inversión se recupera rápido, y el resto es ganancia. Un solo parque como Loma Blanca IV, por ejemplo, factura alrededor de US$ 20 millones anuales, menos gastos y pago de las deudas, según altas fuentes del mercado.

El plan de Sideco Americana y sus socios era comprar, invertir y revender años más tarde, confiaron fuentes de la compañía. “No fue una compra-venta oportunista”, aseguraron.

Sin embargo, esos planes se vieron frustrados, cuentan en Sideco Americana. En febrero de 2017, el caso Correo Argentino instaló los conflictos de intereses entre las empresas de la familia del presidente Macri y sus negocios con el Estado. 

En mayo, tres meses más tarde, Sideco Americana y Socma se desprendieron de los parques eólicos. Los dictámenes de la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, le costaron a la familia del Presidente mucho más que la negociación de la deuda millonaria de Correo con el Estado.

Con la llegada de Macri a la Presidencia, Sideco Americana estaba lista para volver a captar negocios millonarios vinculados al Estado. Dichas transacciones, aseguran en la compañía, les venían siendo vedadas durante la administración kirchnerista. La estructura societaria para la compra de los contratos de Isolux con el Estado comenzó a formarse, precisamente, en diciembre de 2015.

Dos semanas después de la asunción de Macri, el contador Mariano Payaslian fundó Usir Argentina SA, el holding de Sideli y Sidsel y sus socios. Fue el 29 de diciembre de 2015 y la sociedad se constituyó para negocios financieros, con domicilio en su estudio contable, Gizzi & Payaslian, y con el propio Payaslian como socio y presidente.

Tres meses después, el contador fundó Parques Eólicos Miramar SA. Seis meses más tarde, el 5 de septiembre de 2016, creó otras dos empresas: Sideli SA y Sidsel SA. 
En las cuatro sociedades (Usir Argentina, Parques Eólico Miramar SA, Sideli y Sidsel), Payaslian figura como socio y presidente.

Los otros socios de Sideli, Sidsel, Usir y Parques Eólicos Miramar son “un fondo de inversión europeo ligado a la energía solar”, cuyo nombre no se informó, y las compañías financieras Helios Partners Sa y Selena Partners SA, controladas por viejos aliados de Mauricio Macri: los ejecutivos Pablo Emilio Basualdo, Mariano Alberto Bernardo Arrigo y Juan Edgardo Srodek. 

Los tres son miembros de KBR Group, una financiera que operó para Macri en la emisión de deuda de la Ciudad de Buenos Aires. Srodek, además, fue jefe de la campaña bonaerense del PRO en 2005.

No hay ningún nombre de las empresas de los Macri o de sus socios en los documentos de Usir, Sideli, Sidsel o Parques Eólicos Miramar SA publicados en el Boletín Oficial. Sin embargo, ante la consulta de PERFIL, el contador Payaslian, presidente y socio de las empresas, informó que un 10% o 12% de este conglomerado es de Sideco Americana. 

Las sociedades también están integrada por Socma -Sociedades Macri-, otra empresa del holding, en un porcentaje más pequeño. En el grupo también aseguraron que si bien los accionistas no figuran en las publicaciones del Boletín Oficial, sus nombres fueron informados por las compañías a la Comisión de Defensa de la Competencia y que ese organismos aprobó todas sus transacciones. 

En la comisión dijeron a Perfil que la identidad de los accionistas de Sideli y Sidsel es información confidencial.

“El contador realizó el trámite administrativo de constituir Sideli y Sidsel. Luego transfirió la totalidad de las acciones de esas empresas a los accionistas finales. Cuando dichas empresas compraron los parques eólicos el contador ya no era accionista”, aclararon miembros de las compañías Sideli y Sidsel, ante la consulta de porqué las empresas estaban a nombre de un contador y no de los accionistas de Sideco Americana y sus socios.

Payaslian es un hombre cercano a las empresas de la familia Macri. A lo largo de los últimos años, figuró como síndico de Sideco Americana y de la constructora Iecsa (entonces de Angelo Calcaterra, primo de Macri). Su estudio Gizzi & Payaslian prestó servicios a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre Isolux y Iecsa.

Fuente: Agencia de Noticias NA y Perfil
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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